La Junta Electoral Central (JEC), en aplicación de la Ley Electoral y de una instrucción aprobada en 2011 en relación con la proporcionalidad a la que están obligadas las televisiones privadas, frenó en seco este martes el debate a cinco —PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox— que el grupo de comunicación Atresmedia —Antena 3 y La Sexta— había programado para el próximo martes.
El acuerdo de la JEC frustra la estrategia del equipo de Pedro Sánchez de hacer que su candidato tuviese enfrente a los candidatos de las tres derechas —Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal— de manera que se visualizase la alianza a la que, según todos los sondeos, están obligadas para impedir un Gobierno socialista. Y pone en bandeja a Vox la oportunidad de aparecer como “víctima” de una “persecución” que “ha pasado de las calles a las instituciones” con el argumento de que en 2015 la Junta Electoral autorizó la participación de Ciudadanos y Podemos en debates electorales cuando no tenían representación en el Congreso.
Lo cierto es que la formación ultra no dice la verdad. La JEC ha utilizado ahora el mismo criterio que en 2015. La diferencia es que, entonces, Podemos y Ciudadanos acababan de presentarse a las elecciones europeas y municipales y habían superado, respectivamente, el listón del 5% de los votos fijados la Junta Electoral para considerar que eran representativas del conjunto de España. Vox, en cambio, nunca superó el 0,1% de los votos válidos en unas elecciones de ámbito estatal y en estos momentos sólo tiene representación en una comunidad autónoma (Andalucía).
Atresmedia confirmó que excluiría a la formación ultra del debate y limitaría la participación en el programa a Sánchez, Casado, Iglesias y Rivera, en los mismos términos que había ofrecido RTVE y que el presidente del Gobierno rechazó con el argumento de que debían participar los candidatos de las cinco formaciones de ámbito estatal que, según todas las encuestas, dominarán el Congreso la próxima legislatura. Pero RTVE confirmó a última hora del martes que mantenía su propuesta para organizar un debate a cuatro y ofreció la señal de forma gratuita a todos los medios que deseen emitirla. El PSOE ha acabado por aceptar el debate en los medios públicos y por descartar el de Atresmedia.
El comité electoral del PSOE descartó desde el principio un debate a dos con Pablo Casado para privar al líder del PP de la oportunidad de mostrarse ante los teleespectadores como el líder de la derecha y la alternativa a Sánchez. En busca del escenario más propicio a sus intereses, los estrategas socialistas eligieron la propuesta del debate a cinco de Atresmedia en vez de debate a cuatro de RTVE —la televisión pública era consciente de que la JEC no le permitiría incluir a Vox— porque de ese modo esperaban que la audiencia visibilizase la comunión de intereses de las tres derechas así como su pugna por el mismo espacio político.
Un contraste que los socialistas confiaban en rentabilizar exhibiendo el perfil moderado de Pedro Sánchez y que ahora se verá mermado por la ausencia de Abascal. El ruido que el PSOE esperaba de las tres derechas será más limitado y la imagen de una derecha rota se mostrará de manera mucho menos nítida ante los electores.
El victimismo de Vox
Vox, por su parte, perderá la oportunidad de aparecer en el debate en igualdad de condiciones que las cuatro fuerzas que dominan la política española desde 2015. Pero a cambio ya ha empezado a explotar en redes sociales su supuesta condición de víctima. La decisión de la Junta Electoral permite además a Santiago Abascal, un dirigente político que evita las entrevistas en medios que no le son propicios para no cometer errores ni someterse a preguntas incómodas, no tener que afrontar un escenario que no domina.
La decisión de la Junta Electoral se apoya en el artículo 66.2 de la Ley Electoral, que obliga a las televisiones privadas a “respetar los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones que, a tal efecto, elabore la Junta Electoral competente”. Una de ellas, aprobada en marzo de 2011, estableció que las televisiones privadas que quieran emitir entrevistas y debates electorales “deberán tener particularmente en cuenta los resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones equivalentes”.
La JEC fundamenta la exclusión de Vox del debate en que la formación ultra no tiene representación parlamentaria y sólo obtuvo un 0,1% de los votos en las elecciones generales de 2016, las últimas celebradas en toda España. A diferencia de lo que ocurría con Podemos y Ciudadanos en 2015, Vox tampoco tiene la condición de “grupo político significativo” porque no alcanza el 5% de los votos en ninguna elección nacional celebrada hasta la fecha.
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La prohibición del debate a cinco mereció inmediatamente el rechazo de la Red de Colegios Profesionales de Periodistas de España, según la cual “el interés periodístico prevalece en la organización de un debate”. Los representantes de los periodistas colegiados proponen “revisar la ley electoral” y respaldan “la queja de los consejos de informativos de RTVE por el rechazo [de Pedro Sánchez] a debatir en la televisión pública”.
La regulación de los debates en la ley Electoral es tan singular que sólo afecta a los medios públicos y a las televisiones privadas. Sobre el papel, la Junta Electoral no podría impedir el debate a cinco que ha prohibido a Atresmedia si lo organizase, por ejemplo, un diario digital y lo emitiese en directo por Internet.
La Junta Electoral Central (JEC), en aplicación de la Ley Electoral y de una instrucción aprobada en 2011 en relación con la proporcionalidad a la que están obligadas las televisiones privadas, frenó en seco este martes el debate a cinco —PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox— que el grupo de comunicación Atresmedia —Antena 3 y La Sexta— había programado para el próximo martes.