Los fondos europeos de reconstrucción, que el Consejo Europeo aprobó el pasado otoño para ayudar a rehacer las economías del continente más dañadas por las consecuencias económicas del covid-19 y que según el Gobierno deben servir para transformar el tejido productivo en nombre de la digitalización y la transición ecológica, deben dedicarse al cemento, al ladrillo, a compensar bajadas de impuestos y poner en marcha la llamada mochila austríaca. Esas son, al menos, las prioridades a las que debería dedicarse el dinero, según el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Fue hace unos días en una conferencia pronunciada en el Cercle d’Economia de Barcelona, delante de empresarios catalanes de primer nivel y en el marco de la precampaña electoral catalana. Allí el líder de la oposición concretó por primera vez el enunciado de lo que, en opinión del Partido Popular, deberían ser los principales objetivos de los 140.000 millones de euros que la UE ha puesto a disposición de España y de los cuales 72.700 millones son ayudas directas.
“Hemos puesto letra a la música de los fondos europeos”, explicó, y al hacerlo “hemos declinado en grandes líneas los seis ejes que Europa ha propuesto a los Estados miembros para ajustarse a la concesión de estas ayudas”. Un dinero que —Casado no se cansa nunca de repetirlo— “el PP no sólo apoya sino que nuestras compañeras [Christine] Lagarde, [Angela] Merkel y [Ursula] von der Leyen han impulsado”. Como si su aprobación no hubiese sido el resultado de una de las cumbres más largas de la Unión tras un difícil y trabajado acuerdo suscrito por los líderes de los 27 países miembros.
En primer lugar, Casado propone, en nombre de “la competitividad”, que una parte del dinero que Europa pone a disposición de España no tenga otro destino que compensar una bajada de impuestos —no concretó si a las empresas o a los ciudadanos—, algo que según él ya se propone hacer Francia. Reducir impuestos está en el frontispicio del programa económico de la derecha y su líder repite siempre que tiene ocasión el mantra neoliberal de que, aplicando esa política, se acaba recaudando más dinero.
En segundo lugar, la propuesta del PP es utilizar los fondos para poner en marcha la llamada mochila austríaca, un modelo laboral ideado para cumplir tres objetivos: reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reforzar el sistema de pensiones.
En nombre de “la cohesión territorial” y de la “garantía juvenil”, Pablo Casado defendió utilizar el dinero para construir grandes infraestructuras y movilizar, de nuevo, el sector de la construcción. Hay que emplear los fondos, defendió, en terminar “los grandes corredores ferroviarios europeos”, entre ellos el corredor mediterráneo, e impulsar de paso “los corredores de mercancías”. Y hay que implementar, explicó, “una propuesta que la banca española lleva planteando mucho tiempo, que es un plan de vivienda joven” que movilice el sector de la construcción.
Donde el Gobierno quiere impulsar la transición ecológica de la economía —el líder del PP volvió a ridiculizar este objetivo afirmando que en realidad es un Plan E incapaz de crear empleo sostenible— Casado plantea la financiación de lo que el PP denomina un plan para el agua “que acabe” con el problema de los trasvases entre “cuencas cedentes y receptoras”. Un plan que, subrayó, “necesita de ayudas internacionales para hacer grandes acometidas”, lo que sugiere su objetivo de impulsar la realización de grandes obras hidráulicas.
Por último, explicó a los empresarios catalanes, pretende que el dinero de Bruselas, en nombre de la “digitalización”, se utilice para “racionalizar el gasto público” de lo que llamó “estructura burocrática”, algo que en la jerga conservadora suele apuntar a un “adelgazamiento” de la administración. De hecho, Casado se refirió a la función pública no “sanitaria, educativa ni de los cuerpos de seguridad del Estado”. Que es “excelente”, matizó, pero que según él “requiere de nuevos incentivos y de nueva movilidad profesional”.
Las diferencias con el Gobierno
Las prioridades del PP para los fondos europeos distan mucho de las del Gobierno de coalición, que dan prioridad a la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura, la conservación y restauración de ecosistemas y la transición energética, así como a la digitalización de la administración —con especial protagonismo de la justicia— y del tejido productivo. Sin olvidar la modernización y refuerzo de la investigación científica y del sistema sanitario, así como el impulso de la educación a todos los niveles.
En esta ocasión Casado no hizo referencia a la utilización de los fondos europeos para pagar ayudas a los afectados por la tormenta de nieve, como defendió hace una semana y le afeó todo el arco parlamentario. Es necesario “pedir ‘fondos Filomena'”, defendió entonces, “fondos para paliar los estragos de la tormenta perfecta”, algo que según él se puede hacer “en el Parlamento Europeo y también en los fondos de reconstrucción que estén viniendo”.
En el mismo foro, el Cercle d’Economia, el líder conservador aprovechó su exposición para volver a cuestionar las "verdaderas intenciones" de Sánchez con el dinero de Europa. Es “un proyecto ambicioso, generoso y necesario, pero de cómo lo gestionemos dependerán muchas cosas para España”. Y “creo humildemente”, dijo, “que el Gobierno lo está haciendo tarde y muy mejorablemente”.
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Casado volvió a quejarse de que Sánchez no aceptase su propuesta de crear una agencia independiente para gestionar los fondos y prefiriese hacerlo directamente desde el Gobierno. Eso, insistió una vez más, abre la puerta a “clientelizar, o peronizar las ayudas”,“clientelizarperonizar en vez de gestionarlas “con rigor, rendición de cuentas y trasparencia”.
Lo que se necesita, añadió, “es un proyecto de país”, un “gran plan nacional del que hoy no hay rastro porque el Gobierno se ha limitado a ser un buzón de recepción de iniciativas para después repartir arbitrariamente los fondos”, acusó.
Una vez más, Casado defendió lo que denomina “un gran plan de choque económico para España”, que incluye bajadas y supresiones de impuestos, 50.000 millones de euros de ayuda directa a empresas, sobre todo del sector turístico, y un impulso a la flexibilidad laboral —manteniendo la reforma de Mariano Rajoy que el Gobierno de coalición ha prometido modificar—. Y repitió los principios que le mueven. En primer lugar, “la defensa de la libertad individual frente a los colectivismos y los proyectos identitarios”, así como “la defensa de la propiedad privada” y el “libre mercado”, además de la defensa del “Estado de derecho”.
Los fondos europeos de reconstrucción, que el Consejo Europeo aprobó el pasado otoño para ayudar a rehacer las economías del continente más dañadas por las consecuencias económicas del covid-19 y que según el Gobierno deben servir para transformar el tejido productivo en nombre de la digitalización y la transición ecológica, deben dedicarse al cemento, al ladrillo, a compensar bajadas de impuestos y poner en marcha la llamada mochila austríaca. Esas son, al menos, las prioridades a las que debería dedicarse el dinero, según el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.