Vivienda, educación, sanidad o dependencia están siendo los grandes olvidados del discurso político de cara a las elecciones catalanas que tendrán lugar el próximo 27 de septiembre. El debate sobre la independencia está acaparando la mayor parte de las declaraciones, los argumentos y las puestas en escena, y las medidas sociales no están teniendo prácticamente hueco en la precampaña y la campaña. Pero, no obstante, todas las opciones dedican –en mayor o menor medida– una parte de sus programas a estas iniciativas.
Mejorar la renta mínima, defender el derecho a la vivienda, garantizar la sanidad universal o potenciar los servicios sociales son algunas de las propuestas que pueden encontrarse en los documentos programáticos de los principales partidos, si bien el bloque independentista –formado por Junts pel Sí y las CUP– plantea la necesidad de conseguir un Estado propio para aplicarlas desde unas estructuras soberanas. No obstante, estas medidas no están teniendo una gran presencia mediática pese al empeño por cambiar el foco del discurso que están poniendo formaciones como Catalunya Sí que es Pot, que busca consolidarse como una tercera vía entre el bloque independentista –formado por Junts pel Sí y las CUP– y el unionista –en el que el partido ubica a Ciudadanos, PSC y PP–.
Vivienda y desahucios
Cataluña es la comunidad autónoma más afectada por el drama de los desahucios: uno de cada cuatro desalojos de familias se producen allí, una situación de emergencia que llevó a que el pasado mes de julio el Parlamento aprobase una iniciativa legislativa popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para proteger a las familias en riesgo de ser expulsadas de sus casas, que también contiene medidas contra otros problemas como la pobreza energética.
Los programas electorales de las principales fuerzas políticas han recogido este guante y contienen medidas para paliar esta situación. El PSC y Catalunya Sí que es Pot comparten buena parte de las recetas para ello: entre sus propuestas, ambas fuerzas plantean ampliar el parque público de viviendas –al igual que el PP, que de forma inconcreta propone "más pisos de protección pública"–, así como paralizar los desahucios de familias en dificultades económicas, una medida que también comparte el programa de las CUP. Junts pel Sí es mucho más inconcreto al prometer la "lucha integral contra la pérdida de la vivienda" y la "profundización en el derecho a una vivienda digna".
Los socialistas, igualmente, proponen recuperar "la posibilidad de expropiar el usufructo temporal de viviendas para su uso como vivienda social", una prerrogativa que, según recuerdan, se encontraba recogida "en la Ley de Vivienda que el Gobierno de CiU derogó". "Exigiremos que las entidades rescatadas con dinero público y la Sareb destinen una parte importante de los pisos que tienen en propiedad a alquiler asequible", asegura el PSC, que también apoya la dación en pago. Estas medidas también las contiene el programa de Catalunya Sí que es Pot, que va un paso más allá y plantea que la posibilidad de entregar el piso para saldar la deuda sea "retroactiva".
Ciudadanos, por su parte, no hace mención a una paralización de los desahucios, si bien palntea que deba asegurarse "una alternativa habitacional antes de proceder al desalojo" y se muestra de acuerdo en firmar un "convenio de colaboración" con la Sareb para que sus pisos vacíos entren en el parque de alquiler social. La candidatura liderada por Inés Arrimadas también promueve la "reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias", en especial las "numerosas, monoparentales y discapacitados", una iniciativa que también está en el programa del PSC. El PP, por su parte, sólo propone "deducciones ampliadas por alquiler", así como ampliar el Fondo Social de Vivienda.
Las listas encabezadas por Miquel Iceta y Lluís Rabell también contemplan medidas contra la pobreza energética: ambas proponen que "no se produzca ningún corte de suministros básicos por falta de renta", según reza el programa del PSC, mientras que Catalunya Sí que es Pot concreta que "se garantizará el acceso al agua, el gas y la luz, y se hará especial énfasis en la prohibición del corte de estos suministros siempre que suponga un peligro para la salud o la vida de cualquier persona, especialmente en unidades de convivencia con niños o personas con discapacidad, o personas mayores".
Junts pel Sí, por su parte, asegura querer recuperar el decreto contra la pobreza energética que se aprobó en 2013 y fue recurrido por el Gobierno central, que permitía a las familias con muy bajos ingresos dejar de pagar las facturas de la energía durante el invierno. Las CUP, de manera muy ambigüa, proponen combatir la pobreza energética y apoyar "el desarrollo de energías".
Sanidad
Que el derecho a la Sanidad vuelva a ser universal es uno de los grandes puntos de consenso para los partidos que se presentan a las elecciones catalanas: enunciado de una u otra forma, PSC, Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot y las CUP incluyen en sus programas la necesidad de "garantizar de forma efectiva que cada ciudadano, con independencia de su situación legal y administrativa, no se quede sin asistencia sanitaria y farmacéutica por motivos económicos", en palabras de la lista liderada por Raül Romeva.
La reducción de las listas de espera es otro de los asuntos en los que hay mayor acuerdo, ya que Catalunya Sí que es Pot y el PSC proponen un "plan de choque" que establezca tiempos máximos de espera para los servicios sanitarios, mientras que Ciudadanos también plantea abrir los quirófanos por las tardes para aligerar los plazos e incluso el PP se compromete a atender "en un plazo razonable" a los pacientes, aunque eso sí, "prioritariamente reforzando los medios disponibles" en la sanidad pública y no mediante la inversión. Los conservadores, eso sí, prometen aprobar "una partida extraordinaria" para la "descongestión" de las urgencias.
La única que ofrece cifras concretas sobre sus propuestas sanitarias es Catalunya Sí que es Pot, que exige deshacer los "recortes" y "recuperar en las partidas presupuestarias destinadas a la salud, en un máximo de tres años, los 1.400 millones de euros recortados" entre 2010 y 2015. La lista de Rabell también plantea una nueva ley que "defina la cartera de servicios del sistema público" y revierta el "proceso de mercantilización" al que, a su juicio, está sometido.
Las CUP, por su parte, son tajantes al exigir "la gestión pública de toda la Sanidad", un concepto radicalmente diferente al del PP, que plantea que los ciudadanos puedan desgravarse el 20% del coste de sus mutuas médicas privadas en el tramo autonómico del IRPF. El PSC, por su parte, se sitúa en el término medio, ya que quiere garantizar que en los centros públicos las actividades sanitarias incluidas en la cartera que ofrece la Generalitat "sólo se puedan ofrecer por la vía de la cobertura pública".
Educación
En Educación, los principales partidos de Cataluña muestran bastantes más divergencias en las medidas que consideran prioritarias, ya que mientras algunos como el PP plantean reforzar la figura del profesor como "autoridad pública" y exigen acabar con el "adoctrinamiento" que, a su juicio, se produce en las aulas, otros como Catalunya Sí que es Pot establecen como iniciativa urgente la "eliminación de los conciertos a las escuelas que segreguen por sexo [algo que también pide el PSC], motivos económicos o por cualquier otra razón discriminatoria".
Ciudadanos, por su parte, propone que la educación pública camine hacia el trilingüismo en catalán, castellano e inglés –una medida que también defiende el PP–, y que los libros de texto sean gratuitos, una medida que no incluye ninguno de los otros programas. La única mención de las CUP a la educación en su programa es la que plantea "impulsar una Iniciativa Legislativa Popular para establecer un sistema único de educación pública, desde la cuna hasta la universidad", mientras que Junts pel Sí es mucho más concreto: pretende promover "un pacto nacional" para elaborar la nueva ley de Educación del Estado propio que garantice "una inversión mínima del 6% del PIB" en esta partida –España dedicó un 4,43% en 2014–.
En cuanto a las becas, los conceptos y propuestas también muestran bastantes diferencias entre unos partidos y otros. El PP propone implantar el "cheque escolar", mientras Catalunya Sí que es Pot promete "el incremento de las becas [incluidas las de comedor, que el PP también quiere subir un 50%, y guardería] con la correspondiente revisión de la equidad de los procedimientos de asignación" y el PSC plantea cubrir "el 100%" del coste del servicio de comedor de los estudiantes , así como mejorar el sistema de ayudas para la FP. Esta última propuesta la comparte con Ciudadanos.
El de Junts pel Sí es el programa más inconcreto en este sentido, ya que sólo señala la necesidad de "apoyar a los centros, al alumnado y a las familias que más lo necesiten para asegurar la igualdad de oporunidades, la equidad y la inclusión" y afirma vagamente que pondrá en marcha una dotación "suficiente y estable" para "los recursos que se ha demostrado que son efectivos para hacer más inclusivo el sistema". No obstante, los independentistas también señalan que se incrementará la dotación de las becas "para situarla a un nivel destacado en la lista de países de la OCDE en relación con su PIB".
En lo que sí están de acuerdo todos los programas –a excepción del de las CUP, que no dice nada al respecto– es en la necesidad de reducir las tasas universitarias. El PP habla de bajarlas "un 30% en primera convocatoria", mientras que el PSC es menos concreto al señalar que revisará "la política de precios y tasas" unviersitaria. Catalunya Sí que es Pot plantea volver a la situación anterior a 2011 en cuanto a los precios de la educación superior, mientras que Ciudadanos plantea legislar que "cualquier incremento de tasas" vaya acompañado por un incremento de becas "que garantice la igualdad de oportunidades a quienes se lo merezcan y las aprovechen".
Ayudas sociales y dependencia
La mejora de los servicios sociales está incluida, de una u otra forma, en todos los programas electorales, pero ni todos la abordan con la misma profusión de ideas ni tampoco las propuestas coinciden. La CUP se centran en los más desfavorecidos y plantean "garantizar el derecho a la alimentación de todas las familias", así como el transporte público gratuito "para los parados de larga duración y las personas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional", y de igual forma hacen referencia a la necesidad de mantener "las pensiones y las prestaciones económicas a las personas con dependencia", aunque no concretan cómo.
El resto de formaciones se extiende más en sus iniciativas. Junts pel Sí propone varias medidas destinadas a las familias con niños, que según su programa deberían ser beneficiarias de una reducción en el IVA que grava los productos básicos infantiles, así como de una "reforma de las ayudas" para "aumentar la cobertura de los niños y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad", aunque de nuevo las propuestas de la lista independentista sólo enuncian su objetivo y no lo concretan.
El programa de Ciudadanos es bastante más específico en este sentido, ya que la lista liderada por Inés Arrimadas plantea ampliar "la desgravación fiscal de 1.200 euros" a "todas las madres, con independencia de que trabajen o no", y también propone ampliar "de 291 a 1.000 euros anuales" la prestación por hijo a cargo menor de 18 años, así como aumentar de los 11.547 euros actuales a 15.000 euros la renta máxima de las familias que se pueden beneficiar de esta ayuda. En cuanto a la dependencia, el partido afirma que dotará a esta partida de la dotación "necesaria", aunque no concreta más, y sostiene que primará "los servicios sobre las ayudas económicas para impulsar el empleo".
El PP, por su parte, garantiza en su programa "el reconocimiento, valoración y concesión de la ayuda" para dependencia en un plazo de "tres meses" –el mismo plazo que da Catalunya Sí que es Pot–. "Te reduciremos las esperas interminables", asegura la candidatura liderada por Xavier García Albiol, aunque no concreta cómo. Sí es más específico su programa al proponer la introducción del "cheque de prestaciones para la dependencia y la discapacidad". El objetivo, asegura el texto, es que se pueda "escoger entre un amplio abanico de servicios y centros de atención".
La inconcreción también es la característica fundamental de las propuestas del PSC sobre la mejora de los servicios sociales, aunque en dependencia los de Miquel Iceta son más específicos. Su propuesta pasa por implantar un "plan especial" para agilizar los trámites de los solicitantes que se encuentran en lista de espera, "priorizando de manera inmediata a los grandes dependientes", y también proponen reestablecer "las prestaciones económicas" vinculadas a este derecho –no especifican cuáles– "para garantizar el acceso a las personas que necesitan una residencia".
Catalunya Sí que es Pot propone "impulsar una ley de dependencia catalana" al margen de la estatal, que no obstante pretenden utilizar para, al igual que Ciudadanos, promover la prestación de servicios en lugar de pagos periódicos a las familias para que los cuidadores familiares "puedan incorporarse a la economía ordinaria". Los de Lluís Rabell también quieren implantar un "plan de choque" para reducir las listas de espera en los servicios relacionados con la dependencia, y especialmente "suprimir la nueva orden de copago de la Ley de Dependencia, que contabiliza el patrimonio para el acceso al servicio". "Queremos que sea un sistema universal, como la Sanidad y la Educación", sostiene el partido.
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Renta mínima
Una de las medidas más polémicas de los últimos tiempos en el debate político se encuentra también presente en algunos de los programas electorales, aunque de manera descafeinada. La renta básica que propuso Podemos en su programa electoral para las europeas –para todos los ciudadanos por el mero hecho de serlo– no aparece en ninguna de las propuestas, aunque formaciones como Catalunya Sí que es Pot, el PSC, Junts pel Sí o las CUP sí que exponen la necesidad de implantar una renta mínima para determinados sectores de la población.
"Aprobaremos una ley que garantice la Renta Garantizada de Ciudadanía, las prestaciones económicas y los itinerarios de inclusión sociolaborales para las personas que no disponen de medios de subsistencia propios", sostienen los socialistas en su programa, una medida muy similar a la que plantean Junts pel Sí y las CUP. Catalunya Sí que es Pot, por su parte, también propone una ayuda para las familias más vulnerables, pero que sirva como base para alcanzar una renta básica para todos los ciudadanos en el largo plazo. Ninguna de las tres fuerzas ofrece cifras económicas para sustentar su propuesta.
Vivienda, educación, sanidad o dependencia están siendo los grandes olvidados del discurso político de cara a las elecciones catalanas que tendrán lugar el próximo 27 de septiembre. El debate sobre la independencia está acaparando la mayor parte de las declaraciones, los argumentos y las puestas en escena, y las medidas sociales no están teniendo prácticamente hueco en la precampaña y la campaña. Pero, no obstante, todas las opciones dedican –en mayor o menor medida– una parte de sus programas a estas iniciativas.