No hay planes para abrir un diálogo interno en el PSOE con el que hacer pedagogía en torno a la promesa de nueva fiscalidad hecha a Cataluña. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de Ferraz, a pesar de las voces internas que se han pronunciado en las últimas semanas sobre el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra para que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos de la comunidad. Muchas, abiertamente críticas contra un modelo que consideran lesivo para los intereses de sus territorios. Algunas, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, radicalmente disidentes y explícitamente desafiantes con una reforma que exige el visto bueno del Congreso, en el que se sientan diputados de su federación.
En los últimos días, se ha especulado con la posibilidad de que los socialistas, que apenas han dado explicaciones sobre el acuerdo, dedicasen el comienzo del curso a instruir a sus cuadros sobre las bondades de un pacto que no sólo promete “singularidad” a Cataluña sino también “solidaridad” al resto de las comunidades autónomas. Algún medio ha llegado a mencionar la posibilidad de que el nuevo president de la Generalitat, Salvador Illa, cuya autoridad moral dentro del partido sigue siendo muy elevada, se implicase personalmente para desgranar ante a los barones más preocupados las supuestas virtudes del nuevo modelo, pero las fuentes consultadas por infoLibre aseguran que tal plan no existe.
El presidente Pedro Sánchez cerró el curso político negando las discrepancias internas, situando las críticas de García-Page en el marco de la disconformidad habitual del barón más díscolo con sus políticas y subrayando que la ejecutiva del partido dio su apoyo por unanimidad —hubo una sola abstención— cuando tuvo que pronunciarse sobre el contenido del pacto con Esquerra.
Normalidad
En el PSOE no quieren que nadie enturbie la normalidad en la que, aseguran, ha entrado Cataluña con la investidura de Illa, y pretenden situar la reforma de la gestión de la fiscalidad en esa comunidad en el marco de lo ordinario. Frente a quienes vuelven a hablar de “la ruptura de España” o de un “concierto catalán” contrario a la Constitución, los socialistas recuerdan que se trata del desarrollo de un precepto estatutario validado en su día por el Tribunal Constitucional.
En cualquier caso, “todo lo que se haga será con absoluta transparencia, porque no puede ser de otro modo”, señalan las fuentes citadas. Se trata de una reforma que, para hacerse realidad, “tiene que ir al Congreso de los Diputados” y obtener el respaldo de la mayoría para poder entrar en vigor. Sin olvidar que se trata de “un compromiso” derivado del Estatut de Cataluña. Así que subdesarrollo no puede hacerse sino con “total transparencia”. Para alcanzar el objetivo, el Congreso debe llevar a cabo la modificación de tres leyes y no tiene garantizada la mayoría (algunos socios ya se han mostrado en contra).
En el argumentario socialista destaca la idea de que la singularidad no es una demanda exclusiva de Cataluña. También ha sido invocada por otras comunidades exhibiendo particularidades que van desde la insularidad a la despoblación, pasando por el índice en envejecimiento demográfico e incluso la falta de agua, un “hecho diferencial” que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), ha reivindicado en más de una oportunidad.
Solidaridad
Porque el acuerdo con Esquerra, recuerdan, garantiza la solidaridad interterritorial. Lo que significa que las transferencias de unos territorios deben respetar la ordinalidad. ¿Y qué es eso? Que, al final, de lo que se trata es de achicar la distancia entre los territorios más ricos y los pobres, pero sin hacer que, en términos de recursos disponibles, quien más aporta acabe viéndose superado por quien más recibe.
En esa línea, la de hacer pedagogía en torno al acuerdo PSC-ERC, Octavio Granado, el que fuera secretario federal de Economía del PSOE en 2009, cuando se aprobó el último sistema de financiación autonómica, defendió esta semana en un artículo en El País el acuerdo con Cataluña siempre y cuando sea extensible a otras comunidades. “Una mayor responsabilidad y la puesta en marcha de instituciones que hagan posible la lealtad fiscal podrían basarse en reformas de la financiación como la que se ha propuesto desde Cataluña”, argumenta.
Lo cierto, sin embargo, es que a día de hoy se conoce muy poco sobre cómo piensan el PSOE y Esquerra escribir la letra pequeña de la reforma en la gestión de la fiscalidad catalana. Y esa incertidumbre es la que alimenta la desconfianza de una parte del partido y, sobre todo, da alas al extremismo de las derechas.
Movilizaciones
Agotada la capacidad de movilización por la amnistía, Alberto Núñez Feijóo, al que el acuerdo pilló en fuera de fuego por culpa de un percance de salud, planea utilizar el pacto catalán como combustible para incendiar las calles en los próximos meses. En el PP son muy conscientes de que todo lo que tiene que ver con Cataluña, en particular acusar al Gobierno de conceder privilegios a los independentistas o a la comunidad en su conjunto, resulta muy eficaz para agitar a los ciudadanos, en particular en los territorios que —con razón o sin ella— se consideran tradicionalmente agraviados por los catalanes.
La receta económica de Illa: estabilidad política y más financiación
Pero Feijóo sabe que, en materia de financiación, los intereses de unos territorios, como la Comunitat Valenciana o Andalucía, no son los mismos que los de otros, como Galicia o Castilla y León. Y teme que el Gobierno sea capaz de dividir a sus barones haciéndoles ofertas de “singularidad” adaptadas a sus necesidades. Por eso ya les ha convocado a una reunión en Madrid el próximo 6 de septiembre con el único objetivo de asegurarse un cierre de filas. Y que nadie se desmarque de una oposición frontal y sin matices al modelo que el PSOE ha prometido impulsar en Cataluña.
Génova cree que se juega mucho en este asunto. No sólo porque cree que va a perjudicar mucho más a Sánchez que la amnistía, sino porque sabe que en este terreno compite con Vox. La ultraderecha nació y se consolidó en gran parte gracias al alboroto y la exaltación patriótica que siguió al procés, y Feijóo quiere que el PP achique el espacio a Abascal ondeando, como el que más, la bandera del agravio territorial.
En el PSOE, sin embargo, no dan importancia a la movilización que la derecha quiere poner en marcha. Al fin y al cabo, esa ha sido la estrategia del PP y de Vox en lo que va de legislatura. En vez de hablar del acuerdo catalán, Ferraz prefiere alimentar las dudas sobre la limpieza de algunos contratos de los que se benefició una empresa en la que trabajaba la hermana de Feijóo cuando este presidía la Xunta de Galicia, en algunos de los cuales intervino una prima suya. El objetivo es neutralizar el asedio al que la derecha política, judicial y mediática están sometiendo a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno.
No hay planes para abrir un diálogo interno en el PSOE con el que hacer pedagogía en torno a la promesa de nueva fiscalidad hecha a Cataluña. Así lo han confirmado a infoLibre fuentes de Ferraz, a pesar de las voces internas que se han pronunciado en las últimas semanas sobre el acuerdo suscrito entre el PSC y Esquerra para que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos de la comunidad. Muchas, abiertamente críticas contra un modelo que consideran lesivo para los intereses de sus territorios. Algunas, como la del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, radicalmente disidentes y explícitamente desafiantes con una reforma que exige el visto bueno del Congreso, en el que se sientan diputados de su federación.