La receta económica de Illa: estabilidad política y más financiación

Cataluña ha sido tradicionalmente uno de los principales motores económicos de España. Con una población de 7,7 millones de habitantes, la mayor después de la de Andalucía, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la comunidad que más produce y su Producto Interior Bruto (PIB) superó los 255 millones de euros en 2022; como sobrepasa en casi 5.000 euros anuales la media estatal su PIB por habitante. Pero en los últimos años la economía catalana ha ido perdiendo fuelle a favor de la de Madrid, región que ahora ocupa la primera posición del ranking. Su aporte al PIB nacional no llega ya al 20%, que sí alcanzó en años anteriores.

La tendencia continuada a ejercer de cabeza tractora del conjunto de la economía española se ha ido quebrando con el tiempo debido a múltiples factores como el retroceso de la industria y la innovación, para dejar más peso a otros sectores como el turismo donde han surgido problemas de masificación; y durante la pandemia Cataluña sufrió más que otros territorios del Estado. En el análisis no se puede obviar que en 2012 arrancó lo que, a juicio de fuentes del ámbito económico, ha “repercutido sin duda” en la economía de ese territorio: el procés independentista, durante el que “más de 7.000 empresas se dieron a la fuga”, recuerdan, y que aún no se ha desactivado del todo.

De hecho, PwC recabó la visión de presidentes, consejeros delegados y otros altos directivos de las grandes empresas catalanas para su informe Temas candentes de la economía catalana y detectó que había “un sustrato común" de asuntos de debate que permitían identificar “los principales problemas” económicos. “La incertidumbre generada por el conflicto político con el Gobierno central” asomó entre los que más preocupaban dentro del fluir de opiniones. “Los directivos consultados creen que en el momento más caliente del enfrentamiento, en el último trimestre de 2017, se resintieron algunos indicadores, como la demanda de turismo o de bienes de consumo”. Y aunque pensaban que los efectos negativos podrían ser “transitorios”, sí existía la idea generalizada de que "se han perdido oportunidades de inversión difícilmente recuperables”, lo que los representantes del empresariado sumaron a “la falta de iniciativa legislativa de la Generalitat”, de acuerdo a lo recogido en el mencionado documento. 

En ese sentido, fuentes socialistas defienden que durante “la más de una década donde la prioridad ha sido la independencia, no lo han sido las infraestructuras, la planificación económica estratégica...”. “Se ha vivido con la inercia de atrás”, dicen, para dejar resbalar que “ahora hay una oportunidad, en el contexto del reparto de fondos europeos, de que la expansión económica de Cataluña vuelva a coger ritmo e impulso -sólo el Ministerio de Industria y Turismo ha concedido 742 millones de la UE a proyectos de inversión en aquella comunidad-, lo que redundaría en toda España, de la misma manera que, cuando la economía alemana va bien, le va mejor a Europa”, ejemplifican.

Dejados los muros fronterizos a un lado, las fuentes sondeadas consideran que el que Salvador Illa, a quien definen como “moderado” y “socialdemócrata”, sea el presidente de la Generalitat “contribuirá a la estabilidad política y ésta, a su vez, a la económica”, aseveran. “En Cataluña ha habido históricamente mucha innovación y desarrollo, con lo que tiene las condiciones naturales para que vuelva a haberlo. Sólo necesita estabilidad política, porque lo demás, inversores que volverán a estar interesados, maquinaria, background… ya cuentan con ello”, inciden quienes auguran un nuevo proceso “de reimpulso a la industria, la tecnología, la automoción o las energías limpias, donde se han quedado muy atrás”. De hecho, según fuentes del sector, “a este paso, la energía eólica terrestre no llegaría ni a la mitad de los objetivos de lo planificado para el año 2030 en la Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 (Proencat). Y en el resto habría que avanzar igualmente mucho más rápido”, advierten. 

Para el ex rector de la UNED Juan Gimeno, la estabilidad política “es condición más necesaria que suficiente” de cara a que pueda producirse un nuevo resurgir económico catalán. Lo que sí tiene claro es que “el horizonte es más prometedor para Cataluña y para España en su conjunto”, en lugar de delineados por separado ambos territorios. Gimeno confía en que “Junts se desinfle” y en que “el ruido por los temas catalanes vaya disminuyendo”, lo que supondrá “más oportunidad para las políticas de interés ciudadano en Cataluña y en España”. “Pero no sé si es sólo optimismo por mi parte”, confiesa.

Trasvase de ingresos entre la comunidad y el Estado

Los futuribles bríos económicos y el que la comunidad “pudiera ser un mayor actor en el mercado interno español para el resto de regiones” podrían ayudar, además, “a compensar el que Cataluña pueda contribuir menos al sistema de financiación”, en el caso de salir adelante el llamado concierto catalán o “financiación singular”, anotan las fuentes políticas consultadas, que, en cualquier caso, descartan que "se vaya a saltar la solidaridad territorial".

Desde la esfera económica recuerdan que el traspaso de ingresos desde el Estado a Cataluña, “la parte compartida de impuestos, el 50% de IRPF, el 50% IVA y el 48% de los impuestos especiales, supone unos 30.000 millones”. A ello habría que agregarse el trasvase anual de la caja común estatal de entre 6.600 a 13.200 millones que, según un primer cálculo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), podría conllevar el modelo de financiación singular pactado entre PSC y ERC para desbloquear la investidura de Illa. Lo que no podría utilizarse para llegar ahí es el argumento de que Cataluña está infrafinanciada, según esa entidad.

En el informe La liquidación de 2022 del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, publicado año a año por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, se refleja que no es así, ya que Cataluña se ha situado siempre más o menos en la media en cuanto a recursos efectivos por habitante y, en concreto en 2022, se colocó ligeramente por encima con 3.396 euros por persona, frente a los 3.365 del promedio del país. En su caso, tras registrar unos ingresos iniciales de 28.000 millones, se quedó con una financiación efectiva de 25.912, lo que dio lugar a un saldo neto negativo de 2.088 millones, lejos de los 7.395 que aportó al sistema Madrid, comunidad que tras lograr unos ingresos tributarios homogéneos de 29.393 millones, tuvo una financiación efectiva de 21.998, tras aplicarse los ajustes del sistema.