El PP tiene decidido "ir hasta el final" para evitar que la Comisión de Investigación sobre su presunta financiación ilegal se convierta en "una causa general" contra ellos. Aunque esto signifique llevar el caso a los tribunales. Y la oposición no parece dispuesta a dar un paso atrás. Así se puso de manifiesto esta tarde en la Cámara baja.
Este martes, la Mesa de la citada comisión se reunió en el Congreso de los Diputados. A la cita, que arrancó a las 17.00 horas, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos llegaron con un preacuerdo: no ceder ante las "amenazas del PP" y que no sea Mariano Rajoy el primero en comparecer, como al principio pretendía el principal partido de la oposición.
Los planes serían, pues, que "en un periodo de 15 o 20 días" arranquen las comparecencias. Y que sea el extesorero del PP Luis Bárcenas el que las inaugure. Así, Rajoy acudiría después de pasar por la Audiencia Nacional, donde declarará como testigo en el caso Gürtel el 26 de julio. Tras Bárcenas, pasarían por el Congreso los otros tesoreros del partido, incluyendo a Carmen Navarro, la actual responsable de las cuentas de Génova. Será el caso de Ángel Sanchís, Cristóbal Páez y Rosendo Naseiro.
Salvo cambios de última hora, este preacuerdo entre los principales partidos de la oposición será ratificado este miércoles en la reunión de la Comisión sobre la presunta financiación ilegal del partido de Gobierno. Y es que, las tres fuerzas políticas suman mayoría. Se trata, pues, de la primera gran alianza de los partidos de la oposición contra los intentos del PP de obstaculizar estos trabajos.
El PNV, que prestó al PP su apoyo para los Presupuestos Generales del Estado, no ha anunciado todavía cuál será el sentido de su voto. No obstante, su portavoz, Aitor Esteban, considera que no debe reducirse la investigación a 2015, como quiere el PP, y "únicamente a temas que conciernen al conjunto a la estructura general para todo el Estado del PP". Esta posición del PP, a su juicio, sería "llevar la comisión a nada".
A finales de la semana pasada, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados registró un escrito para que los letrados de la Cámara resuelvan una serie de cuestiones sobre esta comisión. Es el caso de la delimitación del ámbito temporal de la investigación, el ámbito institucional y el ámbito material. El acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Cs pasa también por dar carpetazo a esta petición.
Martínez-Maillo: "Se quiere estar por encima de la ley"
A la salida de la reunión de la Mesa de la Comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, el portavoz de los conservadores en este órgano, Fernando Martínez-Maillo, se quejó que de que quiera estar "por encima de la ley".
El coordinador general del Partido Popular denunció, además, que "PSOE, Podemos y Ciudadanos tienen ya redactadas las conclusiones de la Comisión de Investigación de las cuentas del PP porque no quieren saber la verdad". A su juicio, su único objetivo "es dañar por todos los medios al Partido Popular para sacar provecho político”.
"La buena intención del PP se ha visto superada por un obstáculo insalvable, que es el acuerdo cerrado al que habían llegado PSOE, Podemos y Ciudadanos, cuya única intención es hacer una causa general contra el PP por motivos electorales", añadió. Todo, sostuvo, aunque sea por obtener un solo voto más.
El dirigente conservador recordó que el Grupo Parlamentario Popular votó a favor de la creación de esta comisión, tras un acuerdo con Ciudadanos, porque no tienen "nada que ocultar y las cuentas del PP son públicas y conocidas".
Como había venido haciendo en las últimas horas, Martínez-Maillo insistió en que "la Comisión debe fijar su ámbito temporal, geográfico y material de la investigación". "Como los grupos de la oposición no se ponen de acuerdo sobre ello, el PP ha pedido un informe jurídico a la Cámara, a lo que el PSOE, Podemos y Ciudadanos se han negado".
En un último intento, a pocas horas de que se reúna la comisión, reclamó a los grupos que reflexionen. De lo contrario, el Grupo Popular "recurrirá a todas las vías parlamentarias y judiciales" para resolver este conflicto.
Dos vías: parlamentaria y judicial
La vía parlamentaria consiste en presentar un recurso ante la Mesa del Congreso de los Diputados. Se trata, a priori, de algo que tiene una salida compleja para los conservadores. Su aliado natural en el órgano de Gobierno de la Cámara baja, Ciudadanos, no está por la labor de ir de la mano de los conservadores en este asunto, tal y como quedó demostrado este martes.
La segunda vía es la judicial. Los conservadores hablan de conflicto de "compatibilidades" al chocar el Ejecutivo con el Judicial. Señalan que el tribunal competente sería el Constitucional (TC). En este caso, al no ser un recurso del Gobierno, como ha ocurrido en los recursos contra decisiones de la Generalitat de Cataluña, la admisión a trámite no paraliza la Comisión.
Otras fuentes parlamentarias consideran que el único recurso que el PP puede plantear ante el TC es un recurso de "amparo". Y que tiene difícil prosperar. ¿Por qué? "Porque el propio PP dio luz verde en el Pleno del Congreso a la creación de esta comisión sin poner ninguna pega".
PSOE: "El PP se ha quedado solo"
Según Soraya Rodríguez (PSOE), el objetivo del PP era "dilatar la puesta en marcha" de la comisión con una "actitud obstruccionista de mala fe", con lo que su escrito fue rechazado por los demás grupos. "Se han quedado solos", sostuvo.
Desde Ciudadanos, Toni Cantó acusó al PP de "intentar embarrar el campo de juego".
En el PP, que viven una relación con muchos altibajos con la formación naranja, creen que lo que ha ocurrido este martes "es muy mala señal".
Una "conjura" contra el PP
Poco antes de esta convocatoria, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Rafael Hernando, se quejaba de que "por primera vez en democracia" se está produciendo "una conjura de varios partidos" en la comisión de investigación sobre las cuentas del PP para "linchar" a su formación y "taparse entre ellos" sus "vergüenzas".
"Aquí lo que se busca es linchar al Partido Popular como sea", dijo en rueda de prensa en la Cámara baja, tras la reunión de la Junta de Portavoces. A su entender, si esos partidos de la oposición "de verdad estuvieran comprometidos con la regeneración y la transparencia" no se opondrían a que también se les investigara. Esto es lo que el PP pretende que se haga en el Senado, donde sí tienen mayoría absoluta. Senado
Antecedentes
El PP no ha ocultado en las últimas horas su preocupación por lo que ocurra en esta comisión. Un día antes, el lunes, la dirección nacional del PP insistía en que no va a consentir que los partidos de la oposición conviertan en una "causa general" la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. En esto insistiónen rueda de prensa Fernando Martínez-Maillo. Los argumentos empleados fueron muy similares a los que usaría el martes.
"¿Es legal todo esto?", se preguntó. "¿Es legal que se pueda hacer una causa general contra el PP? ¿Es legal algo que no se delimite el ámbito temático? ¿Es legal que no se delimite el ámbito territorial?", añadió.
Para hacer frente a este episodio, la dirección nacional del PP está estudiando casos similares en comunidades autónomas y ayuntamientos a fin de armarse de jurisprudencia para derivar el caso a los tribunales.
En este sentido, recordaron que ya se declaró "nula" una comisión similar en el Ayuntamiento de Madrid, ahora en manos de Manuela Carmena. La iniciativa pretendía abordar toda la etapa del PP en el consistorio.
"Creemos que será la primera vez que puede haber una comisión de investigación contra un partido. Eso no es procedente. La inquisición hace mucho tiempo que desapareció en España y afortunadamente ya no existe", sostuvo Maillo.
A diferencia de los partidos de la oposición, en el PP pretenden que la comisión aborde los hechos ocurridos a partir de 2015. El caso Gürtel estalló en febrero de 2009 y la Púnica a finales de 2014. Además, insisten en que lo que ocurra en el Congreso no debe afectar a las investigaciones judiciales.
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Martínez-Maillo confió en que el resto de formaciones políticas tengan la misma disponibilidad que el PP en la comisión abierta en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. "Supongo que no tendrán ningún inconveniente en ver la conexiones de Podemos con el régimen venezolano y con el iraní; y estoy convencido de que PSOE no tendrá inconveniente en hablar con esa persona que ha sido detenida en Burkina Fasso, por ejemplo, y ver qué sucede con los ERE", dijo.
Asimismo, el coordinador general de los conservadores instó a los otros grupos políticos a alcanzar un pacto contra la corrupción, recogido en el acuerdo entre el PP y Ciudadanos. A su juicio, lo realmente importante es luchar contra esta. "Ver en qué hemos fallado cada uno los partidos y poner remedio", dijo.
Además, recordó que en la Unión Europea y en los países que la conforman no hay comisiones de investigación cuando ya hay procedimientos judiciales abiertos.
El PP tiene decidido "ir hasta el final" para evitar que la Comisión de Investigación sobre su presunta financiación ilegal se convierta en "una causa general" contra ellos. Aunque esto signifique llevar el caso a los tribunales. Y la oposición no parece dispuesta a dar un paso atrás. Así se puso de manifiesto esta tarde en la Cámara baja.