El PSOE ha presentado una proposición no de ley con la que pretende que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a publicar las declaraciones de bienes de todos los altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura que todavía no ha hecho públicos. Según los cálculos de los socialistas, el Ejecutivo mantiene ocultas las declaraciones de patrimonio de casi 200 personas que ostentan cargos por debajo de los secretarios de Estado.
En su iniciativa, recogida por Europa Press, el primer partido de la oposición sostiene que, al no sacar a la luz la relación de los bienes de estos altos cargos, el Gobierno incumple la Ley de Transparencia y Buen Gobierno aprobada en diciembre de 2013.
Desde 2006, la Ley que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno obliga a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los ministros y secretarios de Estado, pero la Ley de Transparencia amplió esa obligación a cargos inferiores y acabó afectando a casi todos los nombramientos que realiza el Consejo de Ministros.
Cúpulas de los organismos reguladores
Así, desde entonces han publicarse las declaraciones de bienes de subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno, embajadores y directores de gabinete de los miembros del Gobierno. También se incluyó en ese paquete las del presidente de RTVE, y la de los miembros de las cúpulas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y, en general de las entidades de derecho público del sector público estatal, de la empresas con mayoría de participación estatal y de las fundaciones públicas estatales.
Sin embargo, el PSOE denuncia que once meses después de entrar en vigor esa parte de la Ley de Transparencia todavía no se han publicado todas esas declaraciones, lo que impide que se pueda comprobar si alguno de estos altos cargos ha registrado algún "incremento patrimonial injustificado".
El Gobierno sí publicó el pasado mes de septiembre las declaraciones de los altos cargos que tomaron posesión o fueron cesados entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, pero no ha sacado a luz las de los que fueron nombrados antes de julio de 2013.
No vale con el Real Decreto
El Consejo Fiscal cuestiona el proyecto de Montoro de publicitar condenas de defraudadores
Según el PSOE, para limitar la publicación a los nombrados en el citado periodo, el Ejecutivo esgrime un reglamento aprobado mediante Real Decreto en 2009 –que obliga a difundir las declaraciones de los nombrados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del año en curso–, pero esa interpretación es incorrecta porque "no puede ampararse en las previsiones de un reglamento para justificar el incumpliento de una ley". Además, el PSOE sostiene que si aquel real decreto ha quedado desfasado con la nueva ley, el reglamento deberá ser modificado por otro real decreto.
Por todo ello, los socialistas quieren que el Pleno del Congreso de los Diputados inste al Gobierno a cumplir de forma inmediata la Ley de Transparencia publicando todas las declaraciones patrimoniales de las personas nombradas en desde la llegada de Rajoy ha La Moncloa y hasta el 1 de julio de 2013 que aún no se conocen.
El 19 de noviembre, en la sesión de control al Gobierno, el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ya demandó la publicación de esos datos a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien negó que el Ejecutivo esté incumpliendo la ley y garantizó que todas esas declaraciones se darían a conocer cuando entre en vigor toda la Ley de Transparencia y la nueva regulación sobre los altos cargos que este jueves arrancó su tramitación en el Congreso.
El PSOE ha presentado una proposición no de ley con la que pretende que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a publicar las declaraciones de bienes de todos los altos cargos que fueron nombrados en el primer año y medio de la legislatura que todavía no ha hecho públicos. Según los cálculos de los socialistas, el Ejecutivo mantiene ocultas las declaraciones de patrimonio de casi 200 personas que ostentan cargos por debajo de los secretarios de Estado.