El acuerdo Gobierno-PP para cubrir las cuatro plazas pendientes de renovación en el Tribunal Constitucional (TC) ha pasado este martes el primer corte en el Congreso de los Diputados, una vez que los candidatos, a propuesta de una y otra parte, han contado a la Comisión de Nombramientos por qué creen que son idóneos para el puesto. Aunque su primera intervención ha estado centrada en relatar su currículum, después han tenido que responder a preguntas u observaciones de los diputados y ahí es donde ha sobresalido sobre todo el nombre de Enrique Arnaldo, uno de los aspirantes planteados por el PP, que ha tenido que responder a numerosas preguntas tanto por sus vínculos con el partido conservador, su aparición en sumarios de casos de corrupción o las posibles incompatibilidades de su plaza de letrado de las Cortes con sus negocios privados.
Esta mochila que arrastra Arnaldo ha provocado una situación inédita en la Comisión de Nombramientos, y es que el candidato ha dedicado buena parte de su segunda intervención a defender su "presunción de inocencia cuando el diputado socialista Odón Elorza ha hecho una dura intervención recordar al candidato su imputación en el caso Palma Arena, su aparición en el sumario del caso Lezo y las sospechas por sus vínculos con el PP por los contratos que suscribió su empresa Estudios Jurídicos y Procesales SL con administraciones públicas controladas por el partido conservador, así como por su participación en decenas de cursos organizados por Faes. Elorza también ha sido muy incisivo en sus preguntas a Arnaldo sobre la posible incompatibilidad al ser letrado del Congreso y, por tanto, funcionario.
Las críticas del diputado no han tenido luego su reflejo en la votación para avalar la candidatura de Arnaldo y el de los otros tres aspirantes al Constitucional: el acuerdo Gobierno-PP ha sido avalado por 242 votos a favor –incluidos los del PSOE, Unidas Podemos y PP–, ninguno en contra y 12 abstenciones. Vox y Ciudadanos no han querido participar en la votación al considerar estas comparecencias un paripé y denunciar que al haber un acuerdo previo entre los dos partidos mayoritarios, ya estaba “todo el pescado vendido”.
Posible incompatibilidad, Faes, CGPJ...
El candidato al TC a propuesta del PP no ha contestado una por una a la casi veintena de preguntas que le ha dirigido el diputado del PSOE, si bien ha pronunciado una larga intervención para defenderse. Sobre el último punto, Arnaldo lo ha despachado afirmando que no se dan los supuestos que establecen la Ley de Incompatibilidades y el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que prohíben a todo funcionario desempeñar "cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros".
Arnaldo no ha explicado por qué, como ha publicado infoLibre, entregó al Congreso un currículum que presenta una discrepancia de calado con la realidad en uno de los aspectos más controvertidos de su trayectoria profesional, al comunicar que su relación como socio de Estudios Jurídicos y Procesales SL acabó en mayo de 2017 y que desde esa fecha "ejerce la abogacía autónomamente", a pesar de que los datos mercantiles oficiales y las cuentas de la sociedad de 2019 demuestran que hace un año aún era su administrador solidario.
Más prolijo ha sido con respecto a sus antiguas conexiones con casos de corrupción. Ha reconocido, efectivamente, que estuvo imputado en el caso Palma Arena, pero ha querido dejar claro que fue exonerado hace ya una década, por lo que ha admitido estar sorprendido de que se lo recuerden. "Nunca imaginé que iba a tener que defender la presunción de inocencia en la sede del Congreso", ha manifestado.
Arnaldo ha resaltado que la presunción de inocencia es "un derecho constitucional, una regla de tratamiento, no sólo jurídico, sino también social". Y, dicho esto, se ha referido a su caso concreto: "Fui exonerado y me gustaría que se me tratara como tal. No fui considerado responsable, no fui acusado ni tratado como tal ni por la Fiscalía ni por las acusaciones populares". En su opinión, "no se puede" considerar a nadie como un "eterno sospechoso", pues es algo que "pertenece a otras épocas pasadas felizmente superadas", por lo que ha reivindicado su "derecho a ser tratado como persona que ha sido exonerada de toda responsabilidad".
Sobre las acusaciones de sus presuntas vinculaciones políticas con el PP, Arnaldo ha reconocido que sí ha participado en debates y foros de Faes, pero también en otros de distinto signo y siempre sobre “asuntos técnico-jurídicos”. Así, no ha parado de asegurar que nunca ha estado en política, que no ha militado en ningún partido y que afrontará “honestamente esta responsabilidad” como magistrado del tribunal de garantías y se ha calificado como persona “templada” y un jurista “profesional” que “sabe escuchar”.
Esa vinculación con el PP que se le atribuye no es sólo por los cursos de Faes. Fue además vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta también del partido conservador. Pero se ha apresurado a garantizar que “nunca” ha recibido “instrucción alguna de ningún partido” y que tampoco “la aceptaría” ni la aceptará. No obstante, sí ha admitido que en su labor como letrado de las Cortes Generales conoce a “casi toda la clase política”, pero ha matizado que no tiene amigos en política, salvo alguna excepción.
En su opinión, la independencia la entiende "como falta de dependencia", añadiendo que él no tiene “peajes”. Y así, considera que una vez que acceda al Tribunal Constitucional, lo relevante es garantizar que el desempeño se maneje con independencia de criterio y plena libertad, independientemente de la sensibilidad de cada magistrado, "porque el pluralismo enriquece la deliberación". Para Arnaldo, la imparcialidad no se pierde por pronunciar conferencias en una fundación, ni se erosiona por publicar en foros o revistas.
Espejel niega ser amiga de Cospedal
La otra candidata al TC por el PP, Concepción Espejel, tampoco se ha librado de alguna crítica y cuestionamiento de su imparcialidad, pero esta vez no ha llegado desde el PSOE, sino desde Junts, principalmente por el voto particular en el que defendía condenar por sedición al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y su recusación para juzgar todas las piezas del caso Gürtel por vínculos con el partido conservador. Mientras que Unidas Podemos ni siquiera ha intervenido para hacer preguntas u observaciones a la magistrada, los socialistas han querido otorgarle la "presunción de imparcialidad".
Documentos oficiales desmienten a Enrique Arnaldo en la defensa de su currículum ante el Congreso
La actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha defendido recordando que su recusación se debió a que, como Arnaldo, fue vocal del CGPJ a propuesta del PP, pero no por las "alegaciones" de las acusaciones populares de Adade e IU sobre una posible proximidad a esta formación política. Además, ha afirmado que no tiene ninguna íntima amistad con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, un vínculo que se le atribuyó para, a su juicio, montar una "campaña de desprestigio" en su contra.
Igual que el que va a ser su compañero en el Constitucional, Espejel se ha reafirmado en que "jamás" ha recibido "ningún tipo de indicación" por parte de ningún sector político. "Ni cuando estaba en el Consejo General del Poder Judicial, donde se me criticó por el sentido de la votación que no se ajustaba a los clichés que eran esperables", ha añadido, para después defender su labor puramente técnica en los órganos judiciales en los que ha ejercido, momento en el que se ha felicitado porque, según ha dicho, la mayoría de sus sentencias han sido después confirmadas por el Tribunal Supremo.
Después de los candidatos del PP, ha llegado el turno de los del Gobierno, Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel, que sólo han recibido elogios de PSOE, PP y Unidas Podemos por su aptitud técnica y su currículum. En sus intervenciones, en las que ninguno ha tenido que hacer frente a ninguna crítica ni defenderse de acusaciones de posible parcialidad, ambos se han comprometido a cumplir con su labor con arreglo al espíritu de la Constitución y con pleno sometimiento a ella y a sus mandatos.
El acuerdo Gobierno-PP para cubrir las cuatro plazas pendientes de renovación en el Tribunal Constitucional (TC) ha pasado este martes el primer corte en el Congreso de los Diputados, una vez que los candidatos, a propuesta de una y otra parte, han contado a la Comisión de Nombramientos por qué creen que son idóneos para el puesto. Aunque su primera intervención ha estado centrada en relatar su currículum, después han tenido que responder a preguntas u observaciones de los diputados y ahí es donde ha sobresalido sobre todo el nombre de Enrique Arnaldo, uno de los aspirantes planteados por el PP, que ha tenido que responder a numerosas preguntas tanto por sus vínculos con el partido conservador, su aparición en sumarios de casos de corrupción o las posibles incompatibilidades de su plaza de letrado de las Cortes con sus negocios privados.