El PSOE ha presentado este domingo dos escritos, un día antes del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), para intentar frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes con el que pretende que las Cortes no voten las enmiendas que buscan la tramitación de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar la renovación atrasada del tribunal de garantías, cambios normativos que el jueves recibieron luz verde en el Congreso y que el próximo martes comenzarán su tramitación en el Senado. Según ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar infoLibre, los socialistas alegan que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos y "perturbaría" el funcionamiento de las Cortes Generales.
"La admisión de una medida cautelar que eventualmente produzca la suspensión del procedimiento parlamentario impide que el conjunto de los diputados y senadores ejerzan legítimamente sus funciones parlamentarias, como representantes de los ciudadanos, en los que reside la soberanía popular", explica el PSOE que apunta que "indirectamente se vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes".
"Mientras que las Cortes Generales han mantenido la normalidad reglamentaria en la tramitación legislativa objeto de recurso y han respetado los derechos de todas las formaciones políticas y los principios de contradicción, debate y transparencia, se busca que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento ignorando estos pilares básicos del Estado democrático y de Derecho", aseguran los socialistas. Asimismo, destacan que suspender un procedimiento legislativo en curso "atenta contra el principio de proporcionalidad y supondría un precedente extremadamente grave".
"No existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo"
En los escritos, el PSOE también detalla que la paralización que pretende el PP tendría "una incidencia directa en el derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución, de todos los diputados y senadores de las Cortes Generales, de imposible reparación" que "se vería violentado en el caso de no proseguir el procedimiento legislativo". "Afectaría a uno de los fundamentos de nuestra democracia", detalla en el documento.
"No existen precedentes en las Cortes Generales de la suspensión del procedimiento legislativo por la queja o recurso de una parte minoritaria de Diputados o de grupos parlamentarios respeto al procedimiento desarrollado", argumentan los socialistas. En cambio, detallan, sí existiría una vulneración del "derecho de participación política de los senadores".
El PSOE también denuncia que con la paralización que solicita el PP también se vulneraría la autonomía de las Cortes Generales y "conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno" del Congreso y la mayoría de los diputados que votaron el pasado jueves el procedimiento legislativo. "Y en el mismo sentido estaría prejuzgando en el mismo sentido las decisiones que vayan a adoptar los senadores, cercenando ex ante la capacidad de iniciativa legislativa de la Cámara Alta", apuntan.
"La admisión de medidas cautelares como la suspensión de una tramitación legislativa por parte del Tribunal Constitucional, le llevaría a crear, vía interpretativa, un nuevo mecanismo de control de constitucionalidad del procedimiento legislativo previo, que ni la Constitución ni el legislador democrático han previsto", defienden los socialistas.
Aunque el PSOE insiste que aún desconocen el fondo de la demanda de amparo presentada, ni la ampliación de la misma, "por aún no habérsenos dado traslado de la misma", recuerda al TC que el PP "no ha agotado la vía parlamentaria previa, para interponer el presente recurso de amparo".
Recusación de González Trevijano y Narváez
Asimismo, los socialistas, como hizo Unidas Podemos, también solicita la recusación del presidente del TC, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por verse "afectados en su imparcialidad". En los escritos, se alega que ambos fueron nombrados por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, a propuesta de su Ejecutivo, por lo que, podrían tener "interés directo o indirecto en el pleito o causa".
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Está previsto que este lunes el Pleno extraordinario del TC aborde la petición del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal, justo un día antes de que dicha reforma -y las demás enmiendas incluidas en la proposición de ley para eliminar la sedición, junto a la propuesta en sí misma- afronten su primer examen en el Senado, en la Comisión de Justicia. En el orden del día oficial del próximo Pleno, el único punto que figura es el que tiene que ver con la admisión a trámite del recurso de amparo conservador y la petición de cautelarísimas que lleva asociado. Pero no hay nada que tenga que ver con apartar a los magistrados señalados del caso en cuestión.
La decisión que tomó González-Trevijano de suspender el Pleno extraordinario iniciado el jueves para continuarlo este lunes, permitió que la proposición de ley y el conjunto de enmiendas que lleva se pudieran votar en el Congreso, siendo aprobada la reforma aunque sin la participación de PP ni Ciudadanos.
Según los plazos que maneja la Cámara Alta, el martes 20 de diciembre se celebraría a primera hora la Comisión de Justicia que tendría que aprobar de manera exprés el dictamen de la reforma del Código Penal para que vaya al Pleno del jueves 22 de diciembre.
El PSOE ha presentado este domingo dos escritos, un día antes del Pleno del Tribunal Constitucional (TC), para intentar frenar que este órgano admita el recurso de amparo que el Partido Popular registró el pasado viernes con el que pretende que las Cortes no voten las enmiendas que buscan la tramitación de la reforma impulsada desde el Gobierno para propiciar la renovación atrasada del tribunal de garantías, cambios normativos que el jueves recibieron luz verde en el Congreso y que el próximo martes comenzarán su tramitación en el Senado. Según ha adelantado elDiario.es y ha podido confirmar infoLibre, los socialistas alegan que parar la reforma vulnera derechos de los ciudadanos y "perturbaría" el funcionamiento de las Cortes Generales.