El PSOE quiere una Ley Trans con testigos y plazos, Igualdad se aferra al género sentido y los colectivos pasan a la ofensiva

El Gobierno mantiene en su seno desde hace meses su particular contienda por legislar en torno al área de igualdad, con la Ley Trans como epicentro. La batalla, sin embargo, ya no se libra entre los dos socios de coalición: varios colectivos LGTBI del país, tercer pilar de la negociación, fijaron este martes negro sobre blanco su posición. "Queremos convencer en positivo a los sectores del PSOE que siguen teniendo dudas sobre la importancia de nuestros derechos", señaló la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) en la presentación de una campaña para desatascar la tramitación de la ley.

El PSOE lleva meses reuniéndose con los colectivos, con un único parón la semana de las elecciones catalanas. El Ministerio de Igualdad también ha venido citándose con las organizaciones para definir los pasos a seguir. Asimismo, los dos socios de coalición han continuado viéndose para tratar de llegar a algún acuerdo, por el momento sin resultado. Ahora, las partes se preparan para una reunión a tres que habrá de producirse tarde o temprano. ¿Cuál es la posición de la que parten? ¿Qué posibilidades de encontrar puntos de encuentro existen?

PSOE: plazos y testimonios de vida

El ala socialista del Gobierno fijó desde un primer momento su posición: la ley que salga adelante debe tener como base un texto sólido, trabajado y con seguridad jurídica. A principios del pasado mes de febrero, Moncloa insistía en que el borrador filtrado a los medios de comunicación no era un texto del Gobierno, sino del Ministerio de Igualdad, y que por tanto requería de una revisión exhaustiva. A partir de entonces, los socialistas se han volcado esencialmente en dos cuestiones: encontrar mecanismos que aporten garantías jurídicas a la autodeterminación de género y revisar el acceso de los menores al cambio registral.

Sobre la mesa emergieron inicialmente varias fórmulas: desde informes psicológicos, hasta testimonios de vida, pasando por el establecimiento de un tiempo de reflexión. Los socialistas parecen haber renunciado al requisito de dictámenes médicos, según fuentes cercanas a la negociación. Sin embargo, el PSOE –esencialmente Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Justicia– sí mantiene su apuesta por opciones como el establecimiento de plazos y testimonios de vida, tal y como han confirmado a infoLibre fuentes inmersas en la negociación. La primera alternativa pasaría por una suerte de tiempo de reflexión de seis meses para completar el procedimiento de rectificación registral, mientras que los testimonios de vida buscarían apoyar el trámite administrativo con la testificación de personas próximas al demandante, algo similar a los testigos en un matrimonio. Finalmente, los socialistas batallan por otro aspecto: fusionar la Ley Trans y de Igualdad LGTBI en un mismo texto.

Fuentes de Moncloa insisten en que por el momento "se está trabajando discretamente" para que el texto encuentre su versión definitiva "lo antes posible". A pesar de las acusaciones del Ministerio de Igualdad contra el PSOE por lastrar la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros, los socialistas creen que los ritmos son los normales y que el trabajo es lo suficientemente laborioso como para precisar una revisión pausada. No hay ninguna anomalía en los ritmos, sostienen. Voces del partido sitúan a finales de abril o principios de mayo un posible acuerdo en torno a la ley.

Ministerio de Igualdad: libre determinación como línea roja

El Ministerio de Igualdad, pilotado por Irene Montero, ha tratado de mantener la negociación siguiendo los trámites previsto en una ley, pero en los últimos dos meses ha reprochado a su socio un "bloqueo" sostenido al proyecto. Igualdad ha mantenido reuniones frecuentes con los colectivos y con sus compañeros de Gobierno para tratar de acercar posturas, con una idea: que los socialistas muevan ficha. Escuchar sus propuestas, estudiarlas y a partir de ahí tratar de alcanzar acuerdos.

Sin embargo, todos los intentos parecen estar cayendo en saco roto. Igualdad está dispuesta a asumir concesiones, pero hay para ellos una línea roja: la libre determinación de género. La cartera rechaza el argumento de la seguridad jurídica, al considerar que la Ley del Registro Civil ya prevé la actuación ante sospecha de fraude. Una de las opciones que plantea el departamento consiste precisamente en incluir dentro de la Ley Trans de manera explícita las garantías que ya contempla el Registro Civil. Concretamente el artículo 30.3, según el cual si el encargado de la oficina tuviera "fundadas dudas" sobre la legalidad de los documentos presentados, la veracidad de los hechos o la exactitud de las declaraciones, "realizará antes de extender la inscripción, y en el plazo de diez días, las comprobaciones oportunas".

¿En qué podrían estar dispuestos a ceder los morados? Siguiendo el mandato de los colectivos, la fusión de las dos leyes en una sola –siempre que sea una ley trans integral– y el establecimiento de un periodo de reflexión son, a día de hoy, los puntos que menos reticencias despiertan.

Diferentes voces entre los colectivos

Tres importantes organizaciones, FELGTB, Fundación Triángulo y Chrysallis, han decidido plantarse e iniciar a partir de este martes una campaña para tratar de dar un impulso a la norma. Desde febrero, las organizaciones han mantenido encuentros con las partes implicadas, pero consideran que dos meses después la negociación está paralizada. Encallada, pero no rota, matizan fuentes de las organizaciones. Confían en que salga adelante para el mes de mayo y tratan ahora de convencer a los sectores que dentro de las filas socialistas se resisten a reconocer la autodeterminación de género.

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¿Cuál es la posición de los colectivos? Según explican fuentes de la negociación, si hubiera que ceder en algo, sería en el plazo de reflexión, una propuesta que no consideran descabellada y que incluso podría beneficiar a las personas trans, quienes asumen habitualmente un proceso excesivamente burocratizado que puede tardar hasta un año en dar resultado, explican las mismas voces. Conglomerar en un solo texto las dos normas es otra de las propuestas que pasa el filtro de las organizaciones, aunque la decisión corresponde en última instancia al Ministerio de Igualdad.

La línea roja está, una vez más, en la autodeterminación de género. No puede haber terceros, indican las mismas voces en referencia a la intervención de testigos, en la acreditación del cambio registral. Ahí está el principal problema. Los colectivos creen que los socialistas deben ceder en algo y estiman que es en la libre determinación de género, sin condiciones, eje central de la futura norma. Sin ello, la ley pierde su sentido. Las organizaciones indican que en paralelo a la campaña, la negociación se mantendrá con todas las partes y confían en que salga adelante.

Entre los colectivos se encuentra también la Federación de Plataformas Trans. La organización, presidida por Mar Cambrollé, se reunió a finales de enero con el Partido Socialista, a quien acusó de querer desvirtuar la norma mediante su fusión con la Ley de Igualdad LGTBI. Maniobra que la Plataforma Trans no ve con buenos ojos. Desde entonces, la organización no ha vuelto a reunirse con los socialistas y se ha mostrado mucho más tajantes que los anteriores colectivos. Ni plazos, ni informes, ni testigos: ningún condicionante a la libre determinación de género es siquiera objeto de debate. La Plataforma Trans, junto a Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries España, ha decidido como respuesta apostar por la vía parlamentaria. A principios de marzo, sus activistas iniciaron una huelga de hambre hasta conseguir el 17 de marzo el registro del texto en el Congreso de los Diputados. Una estrategia que no comparte ninguna de las partes implicadas en la negociación, quienes cuestionan su efectividad real.