Tensión en la coalición. El ala socialista y la parte morada se enfrentan tanto dentro del Gobierno como en las Cortes Generales durante estas horas por dos de las normas más simbólicas con un marcado carácter social del ministerio de Igualdad y Justicia: el anteproyecto de ley integral contra la trata y la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como la ley trans.
Dos normas y dos escenarios diferentes, pero que cristalizan las desavenencias en materia de igualdad durante este tiempo. Antrarreloj. El Consejo de Ministros tiene previsto dar este martes el visto bueno al anteproyecto de ley de trata, que se seguía negociando entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad al final de este lunes.
Esta norma está impulsada por el Ministerio de Justicia que pilota Pilar Llop, pero también ha participado Igualdad. También existen discrepancias sobre esta futura ley. Fuentes de Igualdad estiman que esta propuesta es insuficiente y no responde a lo demandado por los organismos internacionales o el convenio de Varsovia. Aseguran que tampoco por lo planteado en numerosas ocasiones por las entidades expertas en atención a víctimas de trata y explotación sexual.
Para Igualdad es imprescindible que el texto incluya la posibilidad de que la víctimas de trata que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular puedan acceder a un permiso de residencia y laboral, así como a atención social integral sin necesidad de colaboración policial o denuncia, tal y como sucede con el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.
Igualdad estima también que es necesario que el proceso de acreditación a víctimas incluya a las organizaciones que están a pie de calle y con las víctimas como parte del proceso de acreditación y totalmente validadas para ello. Finalmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, a su juicio, debe formar parte de las competencias de esta Ley como organismo competente en la lucha contra todas las formas de trata.
Desde Justicia, segun fuentes consultadas, se destaca el importante esfuerzo de coordinación realizado ellos, en un texto que, bajo el liderazgo de Llop, ha sido copropuesto junto a Igualdad, Interior e Inclusión, y ha recibido aportaciones y observaciones de otros nueve ministerios (Economía, Hacienda, Agricultura, Política Territorial, Universidades, Educación, Sanidad, Derechos Sociales y Trabajo). "Todo ello en un tiempo récord", argumentan.
Además, a última hora del lunes, fuentes del ministerio de Derechos Sociales, capitaneado por Ione Belarra, añadían un nuevo choque por la Ley de Familias. Estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara la norma este martes, pero finalmente no ha sido así. En Derechos Sociales aseguran que este retraso les preocupa: "Es una ley muy urgente para las familias españolas".
Sin acuerdo en la ley trans
Y a la vez la tensión se desarrolla en el Congreso, donde el PSOE y Unidas Podemos siguen enrocados en sus posiciones respecto a la ley trans. Todo ello a poco de que se celebre la ponencia sobre la misma el próximo miércoles. Los primeros reclaman que se introduzca una enmienda al texto para que los menores de entre 12 y 16 años tengan aval judicial para cambiar de sexo en el registro, mientras que los morados abogan por que la norma se quede conforme está para que no se produzca “un recorte de derechos” para los menores. Ninguno se mueve de sus torres.
La ponencia se celebrará el miércoles, según fuentes parlamentarias, y la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, aseguró que su grupo mantendrá la enmienda para reforzar “la seguridad jurídica” del texto. Los socialistas no quieren que vuelva a pasar como la ley del ‘sí es sí’, que tantos quebraderos está dando al Ejecutivo, a la espera de la doctrina del Tribunal Supremo.
La dirección del grupo parlamentario socialista trabaja estas horas con la idea de que haya un acuerdo in extremis con Unidas Podemos sobre las enmiendas antes de llegar a un choque con la ponencia, a pesar de que Irene Montero dijera que Ferraz no quiere negociar. Y, además, fuentes socialistas subrayan que tienen en mente acordar el texto con sus socios y no con el Partido Popular, como están asegurando los morados. Pero hay un convencimiento total de que hay que blindar más el proceso sobre los menores porque es un tema muy “sensible”. Y también tienen la vista puesta en futuros recursos contra la ley por parte de las derechas en el Tribunal Constitucional. Hilar hasta el mínimo detalle en el articulado, sostienen en la familia socialista.
Podemos se apoya en el TC y en las asociaciones para defender la ley trans
La norma blinda de facto la autodeterminación de género y es uno de los proyectos bandera del Ministerio de Igualdad. Pero desde que se inició el proceso ha provocado diferentes choques entre los socios y dentro del propio PSOE. La entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, sostuvo un enfrentamiento con la titular de Igualdad, Irene Montero. En el departamento que dirige la número dos de Podemos siempre se ha sostenido que la realidad social y el tiempo les darán la razón sobre su planteamiento de la norma, además de tener a su lado a los colectivos.
Desde Podemos defienden la idoneidad del texto actual, que establece varios tramos de edad para encauzar la autodeterminación de los menores. La coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, señaló este lunes que el Tribunal Constitucional falló en una sentencia que “sería inconstitucional” no permitir el derecho de autodeterminación de género a los menores. Asimismo, fuentes del partido aseguran que este paso iría en el sentido opuesto al que reclaman las organizaciones, quienes llevan meses pidiendo mayor flexibilidad en los procesos de libre determinación para la infancia.
Es más, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans*, y Fundación Triángulo han anunciado este mismo lunes que impulsarán movilizaciones unitarias y conjuntas del colectivo LGTBI+ “contra los recortes en derechos que pretende imponer el PSOE”. “El partido socialista está poniendo en peligro una ley que lo único que pretende es garantizar la dignidad de una de las minorías más vulnerables de nuestro país”, ha asegurado Uge Sangil, la presidenta de FELGTBI+.
Lo cierto es que el encaje de los menores fue objeto de un arduo debate y de ello dan cuenta las alteraciones que se fueron introduciendo en el texto a medida que avanzaba la negociación entre los socios de Gobierno. El proyecto que está ahora en manos de los grupos parlamentarios establece varios tramos de edad para determinar los derechos de los menores.
Un primer grupo, los de menos de doce años, tendrá la posibilidad de acceder únicamente a un cambio de nombre. Los menores de entre doce y catorce podrán cambiar su sexo registral, siempre asistidos por sus representantes legales, mediante autorización judicial y a través de pruebas acreditativas. Aquellos que tengan entre catorce y dieciséis, por su parte, tendrán acceso a los derechos que consagra la ley, pero siempre a través de sus representantes legales. Y a partir de los dieciséis años, la ley permite hacerlo en igualdad de condiciones que el resto de personas adultas.
Acelerar leyes clave antes de los comicios de mayo
Las dos posturas están encima de la mesa en estos momentos y los dos grupos miden sus fuerzas durante estas horas en el Congreso. La ponencia, a puerta cerrada, será el primer paso en la Cámara Baja. Si no llegan a un acuerdo, el choque está servido este mismo miércoles. Luego el dictamen que salga tendrá que pasar por la Comisión de Igualdad. Pero la Cámara Baja ha aprobado además que haya una tercera votación en el propio Pleno, paso previo al Senado. Esto hace que los tiempos se vayan agotando frente a la idea inicial de que tuviera luz verde antes de que acabe este año.
Fuentes del área socialista aseguran a infoLibre que Igualdad ha aceptado retrasar la aprobación definitiva de la ley a febrero de 2023 para “revisarlo todo bien” y evitar los “errores” de la ley del sí es sí, pero los morados siguen manteniendo públicamente que el texto debe estar listo ya en diciembre y que la ley es “impecable”.
El PSOE replica a Irene Montero: mantiene sus enmiendas a la ley trans por “seguridad jurídica”
Y es que una de las premisas que tiene la coalición, bajo la hoja de ruta diseñada por Presidencia, es que las leyes atascadas y que puedan generar más polémicas se despejen antes de que acabe este año. ¿Por? El 2023 se perfila como uno de los años electorales más hipervitaminados de la historia electoral de España, por lo que no se quieren polémicas precisamente como esta.
Este debate de la ley trans se produce, además, en mitad de una situación política tensionada por leyes promovidas por Igualdad. La aplicación de la ley del sólo es sí ha provocado momentos duros al Gobierno en las últimas semanas. La figura de Irene Montero se colocó en primera fila, aunque la ministra se ha visto ahora respaldada tras los insultos machistas proferidos por Vox en el Congreso. Esto provocó que toda la parte socialista cerraran filas con ella.
Tensión en la coalición. El ala socialista y la parte morada se enfrentan tanto dentro del Gobierno como en las Cortes Generales durante estas horas por dos de las normas más simbólicas con un marcado carácter social del ministerio de Igualdad y Justicia: el anteproyecto de ley integral contra la trata y la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI, más conocida como la ley trans.