Del 'Qatargate' al 'Huaweigate': la Eurocámara, incapaz de blindarse ante los tentáculos de la corrupción

Dos años y medio después, el Parlamento Europeo está de nuevo en el centro de la polémica por la presunta corrupción de varios de sus miembros y asistentes y por el pago de sobornos dentro de la institución. Los precintos de la Policía belga vuelven a sellar varios despachos en la sede de Bruselas. Entonces fueron varios países extranjeros, Qatar, Marruecos y Mauritania, los que habrían entregado hasta 1,5 millones des euros a la entonces vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, a varios eurodiputados y asistentes para favorecer sus intereses en los debates parlamentarios. El conocido como Qatargate, cuya investigación sigue en marcha.

Ahora, Huawei sería el agente corruptor de casi una veintena de personas, entre los que habría quince eurodiputados actuales o pasados, dos asistentes y varios lobbistas de la empresa como brazos ejecutores en Bruselas. La gran tecnológica china les ofrecería sobornos en forma de viajes, regalos de gran valor como móviles o entradas en palcos VIP de fútbol y también pagos en metálico para supuestamente influir a su favor en las regulaciones sobre 5G y redes de telecomunicación, Inteligencia Artificial o supervisión de redes sociales en las que trabaja la Eurocámara.

Un centenar de agentes de las brigadas anticorrupción de la policía belga se desplegaron esta semana por la capital comunitaria para registrar despachos en el Parlamento Europeo y domicilios particulares, mientras en otras ciudades europeas había operaciones similares, igual que a finales de 2022 cuando el Qatargate. “Una operación en marcha sobre cargos preliminares de corrupción activa, falsificación de documentos y blanqueo de dinero en el Parlamento Europeo”, según la fiscalía belga.

Como en 2022, vuelven a surgir las preguntas sobre la falta de control económico y financiero a los eurodiputados y sus asistentes, sobre los vacíos legales que permitirían los sobornos y las facilidades que tendrían entidades no europeas, sean países o grandes empresas, para moverse ilegalmente por una de las tres grandes instituciones de la UE. 

Manon Aubry, la co-presidenta del grupo de la Izquierda en el Parlamento, lo denuncia claramente. “Necesitamos saber urgentemente cómo es de profundo este escándalo e imponer unas reglas de transparencia y éticas más duras o los lobbies seguirán derramando dinero en los bolsillos de una institución cada vez más corrupta”.

La Eurocámara está en el ojo del huracán de la corrupción porque, además, existe un vínculo interno entre ambos escándalos: el asistente parlamentario Adam Mouchtar y su relación con la socialista griega Eva Kaili, uno de los epicentros del Qatargate. Ella era uno de los catorce vicepresidentes del Parlamento, una estrella en ascenso que destacaba por su físico, precisamente en una institución como la Eurocámara donde, hay que decirlo, el sexismo está muy presente en los equipos de trabajo de los legisladores masculinos; que negociaba de tú a tú con Margaritis Schinas, director de comunicación y portavoz del antiguo presidente de la Comisión Jean Claude Juncker, peso pesado de los conservadores griegos y finalmente vicepresidente de la primera Comisión Von der Leyen; y que llevaba como legisladora importantes dossieres sobre nuevas tecnologías e Inteligencia Artificial. 

Kaili cayó en desgracia cuando el nueve de diciembre de 2022 la policía belga entró en su apartamento de Bruselas, con orden judicial para saltarse su inmunidad parlamentaria. Allí encontraron miles de euros en efectivo y cientos de miles guardados por su padre en la habitación de un hotel en pleno barrio europeo, preparados para llevárselos a Grecia.

Negocios entre empresas y eurodiputados

Eva Kaili había fundado un grupo informal de jóvenes eurodiputados y eurodiputadas llamado EU40. Adam Mouchtar fue otro de los cofundadores. La policía belga acaba de registrar su despacho en la Eurocámara y lo dejó precintado en relación con la investigación del Huaweigate. Los tentáculos de la corrupción saben a quién acercarse en la actividad parlamentaria de la UE.

El EU40 tiene hasta su propia página web donde se declararan oficialmente como “la plataforma de jóvenes legisladores del Parlamento Europeo y de los otros 27 Parlamentos nacionales en la UE. Nuestra misión es servir a los jóvenes diputados con menos de 40 años y fortalecer su rol dentro del Parlamento Europeo”. Eva Kaili fue destituida como presidenta después del Qatargate. Entre los socios empresariales de la plataforma están Microsoft, Google, Johnson&Johnson, el gigante farmacéutico AstraZeneca y Huawei. Desde hace más de un año su web no presenta actividad, y así lo confirma una fuente parlamentaria consultada por infoLibre.

La tecnológica china ha respondido sobre la operación en marcha, los interrogatorios a sus lobbistas y los registros de sus dependencias con que “se toma en serio las acusaciones y que se comunicarán urgentemente a la investigación para entender qué sucede. Huawei tiene una política de cero tolerancia hacia la corrupción y cualquier negligencia y estamos comprometidos con el cumplimiento en todo momento de las leyes y las regulaciones”.

Dentro del Parlamento Europeo, los tentáculos del Huaweigate se extienden a otros dos despachos precintados, de los miembros de Forza Italia Fulvio Martusciello y Marco Falcone, que evitan cualquiera aclaración al respecto. Ninguno participó en la plataforma EU40, uno más de los innumerables colectivos de Bruselas que funcionan y desaparecen como puntos de encuentro entre eurodiputados y eurodiputadas y empresas, organizaciones sociales, centros de estudio u asociaciones. Dentro de la institución también existen grupos informales temáticos, como el “Grupo Parlamentario de la Amistad UE-Qatar” presidido por el ex-Ciudadanos José Ramón Bauzá, y que fue cerrado inmediatamente tras aquel escándalo. Curiosamente siendo un eurodiputado español, durante la pasada legislatura Bauzá había publicado numerosos mensajes en redes sociales a favor de Qatar, su aerolínea Qatar Airways, las reformas del emirato o su apertura económica, pero nunca apareció implicado en el Qatargate.

La Eurocámara cerró en falso su corrupción

La institución parlamentaria revisó sus reglas de funcionamiento y su código de conducta en septiembre de 2023, introduciendo seis nuevas obligaciones para sus miembros: deben realizar una declaración privada de intereses desde los tres años previos a su elección; cuando sus ingresos externos superen los 5.000 euros, deben declarar todas las empresas o entidades de las que los reciben; cualquier conflicto de intereses debe ser resuelto o declarado; no pueden involucrarse en una actividad lobbística pagada relacionada con sus actividades legislativas; sólo pueden reunirse con partes participantes en el proceso legislativo europeo que estén incluidas en el Registro de Transparencia de las instituciones comunitarias y deben informar sobre estas reuniones u otras con diplomáticos de terceros países; y por último en su declaración de intereses deben recoger sus activos y deudas tanto al inicio de cada legislatura como al finalizar.

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Las normas buscaban acabar con cualquier tipo de presión empresarial, política o diplomática que recibiesen los eurodiputados y eurodiputadas y que quedase fuera del radar de la Eurocámara, además de evitar los pagos externos. Pero las gratificaciones y sobornos de representantes de Huawei a más de una docena de legisladores y asistentes para, supuestamente, influir en las legislaciones tecnológicas, sobre el 5G, la Inteligencia Artificial o la supervisión de las redes sociales demuestran su fracaso.

Manon Aubry denuncia que “pese a las repetidas advertencias desde la Izquierda de que el Parlamento Europeo estaba en peligro de caer de nuevo en un escándalo de corrupción, casi nada se ha hecho para evitarlo”. La eurodiputada insumisa cita la ausencia del Órgano Parlamentario de Ética, un ente dentro de la institución anunciado tras el Qatargate par investigar las alegaciones de corrupción en su seno y estudiar más normas sobre el funcionamiento de la actividad de los eurodiputados y eurodiputadas.

Este órgano ético está bloqueado desde hace años por el PP europeo y los grupos parlamentarios de la extrema derecha, alegando que el gasto de 110.000 euros para su creación es muy elevado y que sería demasiado exigente con los políticos independientes. Desde el grupo de los socialistas y demócratas tampoco han demostrado mucho interés en recuperarlo. Ahora, son eurodiputados conservadores los supuestos receptores de sobornos, igual que hace dos años fueron los socialistas.