La querella presentada este lunes por 26 familiares de internos en residencias de mayores ha colocado a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el centro de la diana. Dirigida también contra el consejero de Sanidad de su Gobierno, Enrique Ruiz Escudero, y los directores de 10 geriátricos de la capital, la querella pone el acento en tres cuestiones que amenazan con repetirse en una cascada de denuncias: la de por qué el "plan de choque" se puso en marcha dos semanas después de haberse anunciado medidas especiales y cuando ya se habían contabilizado 1.000 fallecidos en las residencias madrileñas; la de por qué las residencias no llegaron nunca a medicalizarse, es decir a convertirse en "espacios de uso sanitario" como preveía el plan y como ya ordenó expresamente el TSJ madrileño en el caso de varios centros de Alcorcón; y la de por qué la Comunidad de Madrid aprobó dos protocolos de actuación, el primero de los cuales excluía de la hospitalización a mayores residentes con características como la de tener un alto grado de dependencia o deterioro cognitivo. El segundo rebajó las exigencias para ser derivado.
"Ambos protocolos –sostiene la querella, impulsada por la Marea de Residencias, que agrupa a familiares y empleados– podrían haber sido el soporte normativo con el que la Comunidad de Madrid ha pretendido descongestionar la presión asistencial en los hospitales, objetivizando los criterios de selección, aun a sabiendas que la aplicación de los mismos implicaba que cientos de personas podrían morir en las residencias sin la asistencia sanitaria que precisaban".
Los denunciantes atribuyen cuatro supuestos delitos a la jefa del Ejecutivo regional; a su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; y a los directores de 10 residencias: homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
La querella encierra una segunda amenaza para Díaz Ayuso, esta de carácter político y no solo judicial: porque pide la declaración del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, en calidad de testigo y, por tanto, obligado a responder todo lo que se le pregunte. Reyero –remarca el escrito– "había afirmado que las residencias no estaban medicalizadas y que él era partidario de hacerlo, comentario que le supuso ser relegado a un segundo plano por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, e incluso la advertencia de cesarle como consejero de Políticas Sociales". Y esa circunstancia "habrá de aclararse en la fase instructora".
"No se trasladó a hoteles a la mayoría de los asintomáticos"
"Por los querellados –acusa la Marea de Residencias– no se adoptaron medidas tendentes a medicalizar las residencias ni se adoptó medida eficaz alguna para evitar la propagación del virus entre los residentes". Y aquí el texto acude a un ejemplo de relevancia: que "no se trasladó a hoteles a todos o la mayoría de los residentes asintomáticos, algo que se apuntaba en el plan de choque ya que solo 90 de los más de 50.000 ancianos residentes fueron realojados en hoteles".
Los querellantes ponen el acento no solo en hechos vividos y relatados por sus 26 firmantes –desde la falta de información sobre sus familiares a una frecuente apelación a que los hospitales prohibían derivar a contagiados desde las residencias– sino en otros publicados por distintos medios. Entre estos últimos figuran los relativos a los dos protocolos de funcionamiento enunciados al inicio. El primero de ambos, remitido por la Comunidad de Madrid a los geriátricos y cuya existencia desveló el digital elespanol.com, excluía del ingreso hospitalario a los pacientes con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo severo. El segundo protocolo, que se adjunta a la querella, suavizó las exigencias para ser derivado pero mantuvo algunas.
Aunque la querella no lo menciona, lo anterior enlaza con las inesperada respuesta ofrecida por Isabel Díaz Ayuso en una entrevista que el diario El Mundo publicó este domingo. Cuando la periodista le lanzó una pregunta sobre cómo la patronal del sector se ha lamentado de que durante el pico de la pandemia "no se aceptaron hospitalizaciones de internos", la jefa del Ejecutivo madrileño contestó así: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".
En esa misma entrevista, la propia Ayuso asegura no obstante que "en el momento más complicado de la crisis, cuando había más contagios" no se llegó a ocupar "el 100% de las camas" de las UCI. La querella no hace mención a esas declaraciones por cuanto estaba redactada con anterioridad a su publicación.
Una actuación "injustificable"
El Gobierno regional, aducen los querellantes en referencia expresa a la demora del plan de choque que comenzó a aplicarse el 27 de marzo, ha tenido "una actuación injustificable". Porque "conociendo el número de fallecidos que había a primeros de marzo, no deciden implantar un plan de choque hasta el día 27 de marzo, en que ya habían fallecido 1.000 personas mayores en las residencias". Una vez llegue el momento, prosigue el texto, "habrá que preguntarles cuando declaren como investigados, si para ellos no había que tomar medidas hasta que fallecieran 1.000 personas, ya que 200, 400 u 800 no era preocupante". "Esto –concluye el párrafo– ya sería suficiente para que se hubiera cometido un delito de prevaricación, homicidio imprudente y lesiones".
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Al inicio de mayo, que es cuando se redactó la querella, los fallecidos en residencias de Madrid ascendían a 7.092, de los cuales 5.688 murieron por coronavirus. Y esas cifras –subraya el texto– representan casi el 50% de las víctimas contabilizadas en residencias de todo el país. Se trata, dice la querella utilizando datos de finales de abril, de un número muy alarmante teniendo en cuenta, por ejemplo, "que en toda Francia en residencias de mayores han fallecido 7.000 ancianos y en Italia 7.200 en total".
En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región. Los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra, Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Líneal.
"No puede ser –resume en conversación con infoLibre uno de los abogados que suscriben la querella, José Luis González del Moral– que aquí no haya responsabilidad penal. Lo sucedido va más allá de una mala gestión con la que se incurra solo en una responsabilidad administrativa". La querella ha recaído en el juzgado de instrucción 39 de Madrid. La pretensión de sus autores es que puedan realizarse las pesquisas necesarias para confirmar los indicios de delito y, en caso afirmativo, el magistrado eleve luego una exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el que goza de aforamiento la presidenta de Madrid. El consejero de Sanidad se cuenta también entre los aforados, pero en su caso el tribunal con potestades para imputarlo es el TSJ de Madrid. Por exposición razonada se conoce aquellos autos donde el juez instructor de un caso explica a otro tribunal –en este caso, el Supremo– las razones por las que un aforado debe ser sometido a investigación.