Radiografía de la gestión de Ayuso: cuando las críticas al Gobierno se quedan sin coartada

Desde el día que arrancó la crisis del covid-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no se ha quitado el traje de oposición frontal a la decisiones que se han tomado desde el mando único del Gobierno central. La dirigente conservadora asegura en las múltiples entrevistas que concede que por supuesto que se han cometido errores, pero que la región que ella preside, en coalición con Ciudadanos, se anticipó a muchas de las decisiones que después iría tomando Pedro Sánchez. 

Para Ayuso y para su partido, el PP, en las luces rojas del departamento de Salvador Illa a que Madrid dé salto a la fase 1 puede verse también esa guerra "desmedida" de una "administración superior" contra una autonomía. En una cuestión tan delicada como la salud, los conservadores han querido ver "discriminación" y falta de "criterios objetivos" en el Gobierno a la hora de tratar a las comunidades gobernadas por el PP.

La dirigente conservadora ve enemigos detrás de cada polémica que le afecta. Ella misma lo resumió a la perfección este jueves en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. Hizo el retrato de una izquierda obsesionada en "deshacer" su relato: "Que Ifema funciona bien, le tienen que poner la foto final. Que hoy ya tres millones de madrileños van a recibir una mascarilla de calidad porque el Gobierno de España ha sido incapaz de proteger a la población, nos tenemos que meter con el envasado, con las bolsitas, a ver si causamos un poquito de temor. Que ustedes decían que cómo iba a traer dos aviones, traje 10". Estaba respondiendo a una pregunta de Unidas Podemos sobre la polémica del baratísimo hotel del que disfruta prácticamente desde que arrancó el estado de alarma.

Ayuso ha hecho de la crítica feroz al Gobierno su estrategia de los últimos meses. A cada actuación, a su juicio, errónea del Gobierno, ha contrapuesto sus decisiones en la Comunidad de Madrid. Pero su línea de defensa y de reivindicación de su Gobierno tiene muchas lagunas.

infoLibre repasa los principales episodios.

El 8M: calles, no; exámenes sí

El Partido Popular decidió en esta ocasión acudir como partido a las marchas convocadas por el 8M. Con pancarta y lema propios. Por eso sigue sorprendiendo que las críticas al Gobierno por permitir esta concentración, sobre todo la más multitudinaria, la de Madrid, no se caigan de sus argumentarios. En el caso de Ayuso, la presidenta se desmarcó y no acudió a la cita a la que sí acudieron otras compañeras de partido.

Para esta dirigente del PP, que ha llegado a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, el 8M fue "el mayor infectódromo de España". 

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se asegura que el día 7 de marzo, un día antes de la convocatoria, se remitieron a la Delegación dos correos electrónicos alertando sobre la emergencia sanitaria del covid-19.

En esos dos correos electrónicos, publicados por el diario El Mundo, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid informaba sobre la suspensión de actividades en los centros de mayores y de la suspensión de actividades formativas de los centros sanitarios.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha defendido que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020, en el marco de la crisis generada por la pandemia". Existe una investigación judicial abierta sobre los motivos que llevaron a permitir concentraciones estos días.

Pero casi todo en la gestión política de esta crisis tiene su cara b. Y toda esta estrategia de Ayuso se derrumbó hace unos días, cuando El Confidencial publicó que el Gobierno de la Comunidad de Madrid convocó el 8M a 1.200 opositores tras alertar al Estado de la "emergencia" sanitaria.

¿Porqué el 8M no y este examen sí? 

El material que (tampoco) llega

En los primeros días de pandemia cundió la preocupación porque conseguir los Equipos de Protección Individual (EPI) no era tan fácil como encargarlos, pagarlos y que llegasen a Madrid en aviones. Todos los países afectados recurren a los mismos mercados y los plazos se dilataron por el incremento de la demanda. El mando único del Gobierno ya había procedido a comprar batas, mascarillas y guantes. Pero, de forma paralela, se permitió que las comunidades autónomas hiciesen también sus compras.

El 22 de marzo, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció la llegada de dos aviones procedentes de China con material para la Comunidad de Madrid. Era domingo y acababa de reunirse, por videoconferencia, con Pedro Sánchez y con otros vicepresidentes autonómicos.

Pero Ayuso volvió a encontrarse con las mismas dificultades que el Gobierno central y otras comunidades autónomas para la llegada del material sanitario. ¿Y a quién se echó la culpa desde el PP? Pues a Sánchez. "No se han requisado mascarillas en las aduanas", tuvo que salir a defender el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguró en rueda de prensa que el PP tenía conocimiento de que había "proveedores" que habían tenido que desviar material, como mascarillas y respiradores, a otros países ante la "inacción" del Gobierno "para la compra de ese material".

El primer avión de los prometidos por la presidenta madrileña no llegó hasta el 2 de abril. El día 5 llegó el segundo de los aviones. Su compromiso inicial era que el primero aterrizase en Barajas 48 horas después de haberlo anunciado el 22 de marzo. 48 horas que se convirtieron en 10 días.

"Somos una pequeña autonomía peleando en un mercado internacional en las peores circunstancias. Madrid, casa de todos los españoles, ha sufrido trágicamente el zarpazo del coronavirus. Pero sabemos levantarnos y pelear. Y nuestro primer avión ya ha aterrizado", presumió Ayuso en redes sociales.

¿Las residencias? Cosa de... Pablo Iglesias

La Comunidad de Madrid tiene el triste récord de ser la región de España donde más fuerte ha golpeado la pandemia y donde el covid-19 se ha cebado con más virulencia en las residencias de mayores. Con fecha de este martes, 12 de mayo, la región alcanzaba ya los 5.886 muertos en estos centros habiendo sumado 10 en los últimos cuatro días. Según los datos facilitados por el Gobierno regional, desde el pasado 8 de marzo hasta la fecha señalada anteriormente, 1.189 personas mayores fallecieron a causa de la pandemia en las residencias y 4.706 perdieron la vida con síntomas compatibles aunque sin habérseles realizado una prueba de contraste.

Esta misma semana, familiares de mayores fallecidos y empleados de centros de la Comunidad de Madrid han presentado una querella criminal contra Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y 10 directores de residencias madrileñas. 

Los últimos datos hechos públicos apuntan a que las investigaciones penales abiertas por la Fiscalía sobre residencias de ancianos ascienden a 143. Del total, 61 afectan a Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad asumió las competencias de las residencias, arrebatándoselas a Políticas Sociales, después de una serie de roces entre Ayuso y el consejero Alberto Reyero, de la cuota de Cs en el Gobierno regional. Las tensiones han llegado al punto de generar la enésima crisis entre los conservadores y el partido naranja después de que la presidenta madrileña asegurara que no descartaba "ceses" si se demostraba que había habido "dejación de funciones" o negligencias en la gestión de los geriátricos. Sus declaraciones cayeron como una tormenta en Ciudadanos, que salió a defender que en la cuota del Gobierno de Aguado es él quien tiene la capacidad de nombrar y cesar.

Como la Sanidad, la competencia en materia de mayores está depositada en las comunidades autónomas. Pero Ayuso, como ha demostrado en esta crisis, no pierde la ocasión de intentar dejar pelotas sobre el tejado de la Moncloa. 

Hace unos días, en el Pleno de la Asamblea fue preguntada sobre sus planes para las residencias de mayores en la región. El interesado era el portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano. Y la presidenta le respondió al más fiel estilo de 'y tú más", señalando al vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias.

Acusó a Iglesias, que asumió al inicio de la crisis las competencias de coordinación de las residencias, de "mirar hacia otro lado" y no haber hecho "absolutamente nada" para revertir la situación en estos centros.

"Me gustaría saber una sola de las medidas que ha puesto en marcha su partido en la Moncloa, ya que tiene el mando único", añadió.

La 'romería' de Ifema

Todos los argumentos que Ayuso vertió a la hora de poner a Madrid como ejemplo, como vanguardia de lucha contra la pandemia en España, se derribaron con algo tan sencillo como cargarse de un plumazo todas las observaciones de prevención y protección contra el virus que recomiendan los sanitarios y que, de forma paralela, los políticos trasladan a la ciudadanía para su cumplimiento. Era 1 de mayo y a la presidenta de la Comunidad de Madrid no se le ocurrió mejor idea para celebrar el cierre del hospital de campaña de Ifema —sí, un hospital— que organizar un acto multitudinario. Las imágenes de políticos y sanitarios sin guardar las distancias de seguridad sobrecogían.

Incluso se atrevió la presidenta a subirse junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Ameida, a un puesto portátil de venta de comida rápida y los fotógrafos les captaron repartiendo bocadillos. 

Un día después, y ante el revuelo montado, tanto la presidenta, el vicepresidente de la región, Ignacio Aguado (Cs), como el alcalde coincidieron en pedir disculpas y en reconocer que algunas de las escenas no se deberían haber producido. Sólo horas antes, en sus redes sociales, Ayuso había defendido que el acto fue un "evento controlado en aforo" y llamó a "celebrar la vida" y a la vez "guardar distancia". Las imágenes difundidas dejaban bastante claro que lo de "guardar distancias" había sido imposible por la concentración de personas congregadas.

La Delegación del Gobierno en Madrid abrió una investigación por la posible vulneración del real decreto sobre el estado de alarma en lo relativo a las normas de distanciamiento social. Desde e Gobierno regional se llegó a culpar a Unidas Podemos de haber convocado a dos docenas de profesionales sanitarios que no habían estado trabajando en las últimas semanas en este recinto ferial convertido en hospital.

Las mascarillas 'fake'... también en Madrid

El Partido Popular al completo puso en marcha una potente campaña de desgaste al Gobierno central cuando el diario El Mundo informó de que había tenido que retirar de urgencia un lote de cientos de miles de mascarillas 'fake' que previamente había repartido a las comunidades autónomas. Hasta el punto de que la semana pasada, en una entrevista concedida a La 7 TV de Murcia Teodoro García Egea anunciaba que su partido iba a denunciar al Gobierno ante la Fiscalía por el reparto de cientos de miles de mascarillas defectuosas. 

Lo que el secretario general del PP obvió es que Madrid y Andalucía, dos comunidades gobernadas por su partido en coalición con Ciudadanos, también habían protagonizado situaciones similares a la del Ejecutivo y cuya judicialización anunció. De esto, ni una palabra.

Fuentes sanitarias informaron al citado diario que las mascarillas 'fake' de Ayuso se habían repartido por varios hospitales madrileños: 12 de Octubre, Puerta de Hierro, Virgen de la Poveda, Hospital del Henares (Coslada), Severo Ochoa (Leganés), Getafe, así como en centros de atención primera y residencias de mayores. 

Pero este asunto ha tenido un segundo capítulo esta misma semana, cuando la Comunidad ha comenzado a repartir, a través de las oficinas de farmacia, mascarillas a los madrileños. El cálculo de este diario apunta a que Ayuso ha gastado 18 millones de más en mascarillas no recomendadas que ninguna otra comunidad reparte entre su población. Son de modelo FFP2, cuando las recomendadas para la población en general son las quirúrgicas. Además, este medio de protección no cumple la normativa europea en lo que tiene que ver con el etiquetado.

A última hora del miércoles, la Consejería de Sanidad anunciaba que había eliminado de las tarjetas sanitarias de todos los menores de 4 años la prescripción de estas mascarillas "en atención al recordatorio realizado por los Coordinadores de Pediatría de Atención Primaria sobre las recomendaciones en el uso de este tipo de material de protección".

"Este grupo de profesionales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) solicitó ayer por la tarde [por el martes] la retirada de esta prescripción, indicación que ha sido tenida en cuenta de manera inmediata por el Servicio Madrileño de Salud", añadía el comunicado.

A vueltas con los menús de Telepizza

"Que a un niño le den una pizza no creo que sea un problema". Esta frase pasará sin duda a la historia de la hemeroteca del covid-19. La pronunció Isabel Díaz Ayuso en sede parlamentaria, en la Asamblea de Madrid, el 29 de abril, por lo que además quedará impresa en el diario de sesiones. Era su defensa de los polémicos menús repartidos por Telepizza en la Comunidad de Madrid para los menores más vulnerables. Una defensa que contaba con el contrapeso de la opinión de los nutricionistas.

Con el cierre de los colegios, los menores más desfavorecidos han quedado en una situación más precaria todavía. ¿Quién iba a garantizar que las comidas que se les proporcionan a estos niñosen los centros educativos llegasen ahora a las mesas de sus domicilios? Telepizza y Rodilla en el caso de la Comunidad de Madrid. En el mes de marzo, las redes sociales se llenaron de imágenes de algunos de estos menús que no dejaban dudas sobre lo poco equilibrado de los mismos: pizzas, fritos, azúcares, falta de fruta...

"Para los que critican sin saber: ni los ayuntamientos, ni la hostelería, ni las empresas de distribución pueden hacer llegar 11.500 comidas cada día a los escolares", defendía en Twitter la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mientras estaba aislada tras haber contraído el virus. Escribía esto el 18 de marzo.

Desde el Gobierno regional intentaron defender prácticamente lo indefendible: que los menús respondían a las necesidades alimentarias de los menores. Pero las críticas de asociaciones, médicos especializados en nutrición, padres y partidos de la oposición se incrementaron. Tras dos meses de reproches y un requerimiento del ministerio que lidera el vicepresidente Pablo Iglesias instando a Ayuso a revisar sus menús escolares de comida rápida si quiere recibir ayudas del Gobierno, la presidenta se ha visto obligada a dar marcha atrás.

"Ayuso no puede actuar como si tuviera mayoría absoluta", se quejan en otras coaliciones PP-Ciudadanos

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El 18 de mayo expira el acuerdo de la Comunidad con las dos citadas cadenas de comida rápida. "En 11 días finalizan los contratos con las empresas. Estamos analizando ver alternativas a esta solución que fue temporal. Soy consciente de que este tipo de menús no se pueden extender de forma indefinida", ha admitido recientemente la presidenta. Para Ayuso, "los menús de comida rápida fueron una solución de urgencia". Una "solución de urgencia" que se ha extendido por dos meses.

Como en casi todos los episodios en los que la gestión de Ayuso se ha puesto en entredicho, en este tampoco faltó el tradicional giro de guion cargando las tintas contra el Ejecutivo central. El destinatario de los dardos fue en esta ocasión el vicepresidente Pablo Iglesias. 

"Señor vicepresidente: una vez que las empresas de cátering pueden trabajar con normalidad, volveremos a los menús ordinarios. No obstante, las empresas que han colaborado con nosotros, sin su ayuda, no soportaban las calumnias y ataques recibidos por políticos de su ideología", espetó en su perfil de la red social Twitter.