La bronca del guardián de Doñana: Delibes apunta a PP, Cs y Vox por el "brutal" ataque a la joya natural

Ni la Unesco, ni la Comisión Europea, ni los principales supermercados del continente, ni siquiera el manifiesto del millar largo de autoridades científicas que han firmado contra la legalización de regadíos en Doñana a pesar de la alarmante falta de agua. Ninguna de estas voces, opuestas al plan de las derechas andaluzas para la joya medioambiental española, ha golpeado tan contundentemente al Gobierno que preside Juan Manuel Moreno (PP), con Juan Marín como vicepresidente (Cs) y Vox como habitual apoyo parlamentario, como lo hizo este martes en el Parlamento Miguel Delibes de Castro.

Sin alzar la voz, sin nombrar a los partidos ni a sus líderes, puño de hierro en guante de seda, el biólogo y presidente del Consejo de Participación de Doñana protagonizó una intervención con sabor a rapapolvo a los promotores de la ley, a la que puso a caer de un burro por su forma y por su fondo, por su intención y sus repercusiones.

Delibes afirmó que la ley es un "camino demasiado brutal de ataque" a Doñana y acabará en los tribunales, donde prevé que sería frenada. Dijo que, lejos de solucionar problemas, la norma en tramitación sólo sirve para generar "falsas expectativas" entre los agricultores y "alimentar la tensión". Es un proyecto "frívolo", "inconsistente", "irresponsable", "desleal", "poco creíble", que "hurta el debate público", concede "derechos históricos" a quien ha actuado fuera de la ley y es "irrespetuoso" con los pueblos de Huelva afectados.

Además, remató, "perjudica el desarrollo sostenible", "daña los ecosistemas" y "desprestigia" a la agricultura.

"Medalla al Mérito Medioambiental"

Quien así se expresó no es un cualquiera. Delibes de Castro (Valladolid, 1947) es presidente desde 2013 del Consejo de Participación de Doñana, un organismo oficial que tiene como función proteger el espacio natural y velar por el cumplimiento de las normas que le afectan. Biólogo y colaborador del mítico Félix Rodríguez de la Fuente para la redacción de la Enciclopedia Salvat de la Fauna, es considerado uno los precursores del ecologismo en España, así como uno de los mayores expertos en fauna y primera autoridad mundial en el lince ibérico. Fue presidente de la Estación Biológica de Doñana entre 1988 y 1996. Acredita además la autoría de obras emblemáticas como La tierra herida, junto a su padre, o La naturaleza en peligro.

El Gobierno andaluz le acaba de conceder la "Medalla al Mérito Medioambiental", recibida con todo el boato de los actos institucionales del 28F. Así se justificaba su distinción: "Trasciende la divulgación científica, intentando concienciar sobre el peligro del cambio climático, la desertización, la desaparición de especies o la escasez de agua".

Delibes de Castro es Premio Nacional de Medio Ambiente (2001), Premio de Protección Ambiental de la Junta de Castilla y León (2002), Premio Rey Jaime I de Protección del Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana (2003) y Premio Nacional Alejandro Malaspina en Ciencias y Tecnologías de los Recursos Naturales (2005). Además, es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

El golpe que su discurso propina al flanco derecho del Parlamento andaluz se comprende si tenemos en cuenta que Moreno presume de estar realizando en Andalucía una "revolución verde" y que Delibes sostiene un discurso en las antípodas del alarmismo infundado, utilizando siempre un caudal de datos, referencias científicas, textos legales, antecedentes históricos y citas autorizadas. Es, para más señalas, un aficionado a la caza, igual que su padre, el escritor Miguel Delibes.

Este es el hombre cuya comparecencia estaba prevista para este martes a las 12.40 horas en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, donde tenía lugar la ronda de intervenciones de agentes sociales sobre la ley presentada por PP, Cs y Vox que permite la regularización de un número no precisado de hectáreas de regadío, que podría rondar en torno al millar, según distintas estimaciones. Antes que Delibes, comparecieron alcaldes y agricultores, dando lugar a largos debates que hicieron saltar por los aires las previsiones de tiempo.

Al final, el biólogo no tomó la palabra hasta pasadas las 14.30 horas. Había estado, afirmó, dos horas repasando la ley para afinar su intervención.

"Agitar el avispero"

Delibes calificó de "irritante" el discurso según el cual el plan de ordenación de la zona actualmente vigente, el que se pretende cambiar con la nueva ley, fue aprobado sin consenso. El biólogo recordó que tanto la UE como la Unesco lo adoptaron como válido. "Romperlo sin haber hecho ningún intento antes de modificarlo por la vía normal, romperlo con una proposición de ley generada con secretismo es agitar el avispero", dijo. Si fuera sometida a información pública, la nueva ley no recibiría 3.000 alegaciones, como el plan actual, sino "más de 30.000, probablemente más de 300.000", añadió.

La alusión a "agitar al avispero" parece corresponderse, aunque Delibes no lo hizo explícito, con una frecuente acusación vertida contra PP, Cs y Vox, según la cual la suya es una iniciativa electoralista que pretende regalar el oído a un sector de los agricultores, para lo cual se ha alimentado el conflicto entre empleo y medio ambiente. El biólogo, siempre sin nombrarlos, acusó a los partidos conservadores de actuar fuera de la realidad. "Es poco creíble que si la Unión Europea ha sancionado al Estado español porque está aplicando demasiado lentamente el plan de 2014 va a aceptar de buen grado que se modifique para no cumplirlo. Es poco serio imaginarlo", dijo.

"Enfrentar a papá y a mamá"

Delibes iba soltando cargas de profundidad, una tras otra. "Conceder terrenos regables sin agua es hacerse trampas al solitario. Me parece querer alimentar la tensión, el descontento, las reclamaciones, querer enfrentar a papá contra mamá usando a los niños", afirmó. Los "niños" serían Doñana o el suelo regable. Y "papá" y "mamá" serían los ecologistas y los agricultores, o los agricultores con distinta situación. Delibes no lo aclaró.

En cualquier caso, la acusación estaba clara: la ley divide a Doñana. En contraste, la "misión" del consejo que preside, dijo, es "limar tensiones, generar consensos, unir criterios, dialogar". Y dicho consejo, según denunció, "no ha sido tenido en cuenta".

Contra los supuestos "derechos históricos"

Fue sólo una de sus descargas. A su juicio, la ley presentada –en tramitación con el voto a favor de PP, Cs y Vox y con la abstención del PSOE–, "hurta el debate público". A diferencia del actual plan, que pasó por informacion pública tres veces, la nueva norma salida de los partidos y no del Gobierno andaluz, lo cual evita trámites e informes, responde según su exposición de motivos a una "necesidad imperiosa". "¿Cómo una modificación puntual va a requerir de un instrumento de planeamiento y una nueva ley?", se preguntó Delibes. "Desde cualquier punto de vista no tiene mucho sentido", añadió.

El presidente del Consejo de Participación cargó además contra el discurso de los "derechos históricos" de los regantes, defendido por el Gobierno andaluz. "Es inconsistente invocar derechos históricos [...] salvo que se considere histórico un peculiar estado permanente de ilícito administrativo", afirmó. Es decir, se opone al reconocimiento de derechos a quien ha actuado al margen de la ley, contribuyendo a esquilmar el agua de Doñana.El compareciente calificó de "frívolo" encarar un problema concreto en una comarca cambiando leyes de ámbito andaluz, cuyas repercusiones van mucho más allá de Doñana.

Delibes ni siquiera considera que la ley suponga una verdadera amenaza para Doñana, porque sería frenada en los tribunales. "Creo –dijo– que se puede destruir Doñana de muchas maneras, pero con una ley pienso que no, porque es un camino demasiado brutal de ataque. Doñana está muy defendido legalmente, con normativas andaluzas, españolas, europeas, con declaraciones de patrimonio mundial". A su juicio, "atacarlo con una ley va a suponer" que haya recursos ante el Tribunal Constitucional y la justicia europea. Delibes, sin alzar la voz, llamó a explorar otras posibilidades para los agricultores afectados por las limitaciones de acceso a agua, como "permutar tierras o condonar sanciones", pero no actuar así. "Lo que no se puede es trabajar permanentemente para cambiar las reglas del juego. No se puede cortar por lo sano obviando todo el trabajo llevado a cabo hasta la fecha, dañando a los ecosistema de la zona y desprestigiando a la agricultura de España y Andalucía".

La intervención de Delibes cosechó elogios de los portavoces del PSOE, Mario Jiménez, y Unidas Podemos, Ismael Sánchez. Los partidos conservadores eligieron el perfil bajo. Aunque Delibes tuvo que escuchar algunas críticas. El representante de Vox, Rafael Segovia, le reprochó que no hubiera "nombrado a los pueblos" afectados, en referencia a Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Y el de Cs, Julio Díaz, rechazó otra de las críticas de Delibes, según el cual la ley faltaba el respeto a la Junta. Tal cosa es imposible, dijo Díaz, porque el Parlamento forma parte de la Junta de Andalucía.

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Delibes no rectificó en nada. Es más, amplió su argumentación. Le recordó a Vox su trabajo codo a con los pueblos en el Consejo de Participación, donde comprobó que los representantes municipales ignoraban el 15 de diciembre que menos de un mes después se presentaría la ley. "Me parece irrespetuoso también con los pueblos", añadió. En cuanto a la "falta de respeto" a la Junta, es posible porque también puede cometerse contra la propia familia, le dijo al representante de Cs.

El biólogo también replicó a la crítica según la cual no había abordado el tema de la necesidad de llevar a Doñana agua superficial mediante obras realizadas por el Gobierno de España, reclamación con la que el PP, Cs y Vox tratan de reconducir la polémica. Durante las dos horas que llevaba esperando para intervenir, dijo, había estado buscando una sola alusión a dichas aguas superficiales en la ley, sin encontrarla. "No he hablado del agua superficial porque no sale en esta ley", dijo.

Concluyó dando por buena la crítica más repetida contra PP, Cs y Vox, a saber, que la ley genera "falsas expectativas" para los agricultores, porque "la UE no va a permitir que se regularicen todas las hectáreas que esta ley plantea regularizar". Sería "mejor" retirarla y abrir un nuevo debate, dijo. Porque con este proyecto "se está perjudicando el desarrollo sostenible y la situación de los agricultores de huelva es más endeble que hace dos meses", afirmó.