El rector de la URJC pide dejar trabajar a la Fiscalía y se compromete a informar este viernes de las "manzanas podridas"

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El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, se reunió este miércoles durante algo más de dos horas con los miembros del Consejo de Estudiantes –el máximo órgano de representación del alumnado– a los que intentó trasladar un mensaje de tranquilidad ante la "tormenta" generada por las irregularidades en torno a las circunstancias en las que la presidenta Cristina Cifuentes accedió a su máster en derecho autonómico y a la actividad del Instituto de Derecho Público (IDP)  que organizó esa titulación.

Según las fuentes consultadas por infoLibre, a pesar de que los estudiantes le reclamaron que demostrara "con hechos lo que dice con palabras", Ramos se negó a hacer ninguna revelación sobre la investigación interna abierta por el campus y les aseguró que las novedades y las posibles medidas que vaya a tomar la URJC en relación a estos hechos las desvelará el próximo viernes cuando se reunirá el Consejo de Gobierno, que es el órgano colegiado de gobierno de la Universidad, donde también hay representación estudiantil.

Sí transmitió a los estudiantes su voluntad de actuar contra "las pocas manzanas podridas" que pueda haber en la institución y de investigar la actividad del IDP, si bien no se pronunció sobre la posibilidad de que pueda acabar clausurándose. Precisamente infoLibre adelantó este martes que el rector había dado 48 horas de plazo al citado instituto para que entregue a los servicios centrales de la universidad la documentación relativa a todas las actividades desarrolladas desde su nacimiento así como a los ingresos y gastos, con precisión de fuente y destino, que se hayan generado en ese periodo. 

Para avalar su gestión tras el estallido de este escándalo, Ramos puso en valor el hecho de haber puesto el caso en manos de la Fiscalía en cuanto se encontraron "indicios racionales de delito". Y les pidió "disculpas" por su primera comparecencia de prensa el pasado 21 de marzo, en la que aludió a un error informático y de transcripción como causa del cambio en las calificaciones del máster de la presidenta regional.

Sin embargo, las palabras del rector no convencieron a todos los estudiantes. Algunos de ellos criticaron su "mala gestión" y, a título individual, le reclamaron que dimitiera, algo a lo que él se negó bajo el argumento de que "no sería prudente" hacerlo en las circunstancias en las que se encuentra ahora la universidad. En todo caso, al no existir unanimidad en sus miembros en relación a esta cuestión, el Consejo de Estudiantes no le exigió su renuncia de manera formal.

En las más de dos horas que duró la reunión, los estudiantes le mostraron su preocupación por la devaluación que pueden sufrir sus títulos como consecuencia del daño que este escándalo está haciendo a la URJC. A este respecto, Ramos insistió en que estuvieran "tranquilos" y les animó a "llevar con orgullo la bandera de la universidad" y a "no caer en el juego de los medios de comunicación". 

Tras el encuentro, la vicepresidenta del Consejo de Estudiantes de la URJC, Laura Hidalgo, puso en valor que el rector hubiera accedido a reunirse con ellos, si bien reiteró que existe entre los alumnos una sensación generalizada de "indignación" ante lo ocurrido y que los estudiantes siguen a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Este órgano ya exigió el pasado viernes en un comunicado que se depuraran "todas las responsabilidades políticas, profesionales y legales" e instó al rector "a continuar hasta el final, para poder conocer absolutamente toda la verdad, con total transparencia y a la mayor brevedad posible".

Protestas 

En todo caso, los alumnos mantienen para este jueves la convocatoria de una movilización a las 18 horas en la Puerta del Sol de Madrid en la que exigirán de nuevo la dimisión de la presidenta autonómica. Se trata de un lugar simbólico, pues en esa plaza está situada la sede del Gobierno regional.

"Esto es un escándalo no sólo para los estudiantes, sino para todo el pueblo de Madrid al que emplazamos a manifestarse para exigir la dimisión de Cifuentes y del rector de la URJC", señala Ana García, secretaria general del Sindicato de Estudiantes, que asegura que las prácticas irregulares desveladas en las últimas semanas son parte de una "estructura a gran escala" que sólo se depurará si se actúa "con contundencia". 

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Este mismo miércoles una veintena de universitarios interrumpieron el comienzo del encuentro El futuro de la Universidad Pública, a debate, al que asistieron varios exrectores de universidades con sede en la Comunidad de Madrid, con una pancarta en la que podía leerse "Gonzalez-Trevijano Rector de la vergüenza". La presencia del exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que actualmente es magistrado del Tribunal Constitucional, estaba anunciada aunque finalmente no acudió al acto. 

En declaraciones a Europa Press, uno de los estudiantes calificó de "verdadera vergüenza y "despropósito" que, quien fuera el rector durante once años de una universidad "repleta de corrupción y trapos sucios, tuviese la desfachatez de presentarse en un debate sobre modelos de educación pública". 

También se han movilizado en los últimos días estudiantes que pidieron créditos para estudiar entre 2008 y 2010 al ICO y el Banco Santander y que ahora, al estar en paro o tener empleos precarios, no pueden devolver, lo que les hace arrastrar deudas de miles de euros. "La gente está verdaderamente indignada por el doble rasero de cómo un préstamo puede arruinar la vida a quien se esfuerza por aprobar un máster y, sin embargo, a los privilegiados como Cifuentes se les regala", dijo en declaraciones a infoLibre Miguel Ángel Llamas, abogado de la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, se reunió este miércoles durante algo más de dos horas con los miembros del Consejo de Estudiantes –el máximo órgano de representación del alumnado– a los que intentó trasladar un mensaje de tranquilidad ante la "tormenta" generada por las irregularidades en torno a las circunstancias en las que la presidenta Cristina Cifuentes accedió a su máster en derecho autonómico y a la actividad del Instituto de Derecho Público (IDP)  que organizó esa titulación.

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