La reforma de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal divide a los socios de Gobierno

El Gobierno no tiene una posición común en torno a la reforma del Código Penal en relación con los delitos de sedición y rebelión, según confirmó este martes en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero, lo que significa que cuando ese debate llegue al Congreso PSOE y Unidas Podemos tendrán las manos libres para defender lo que consideren oportuno e intentar llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios para sacar adelante sus propuestas.

La reforma sobre estos delitos no figura en el acuerdo programático negociado por socialistas y morados porque en su momento no fue posible alcanzar una propuesta compartida. El propósito del Gobierno es abrir en el Congreso una reflexión general sobre la actualización del Código Penal en la que si defenderá el mismo criterio en relación con otras modificaciones, como la que intentará dejar cara la necesidad del consentimiento para tener relaciones sexuales.

La intención del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, es “ajustar mejor a la realidad actual española” estos delitos, si bien aún no ha definido el alcance de unis cambios que se propone afrontar, en cualquier caso, con el deseo de concitar un amplio consenso en el Parlamento.

La cuestión del Código Penal no fue la única que se suscitó durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Ministros en relación con ausnots osbre los que el PSOE y Unidas Podemos mantienen posiciones diferentes. La segunda fue la visita a España del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a quien el presidente Sánchez reconoció como jefe de Estado venezolano pero al quien el líder de Unidas Podemos consderta un golpista.

La titular de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González, será la encargada de reunirse en España con él, según las explicaciones dadas por Montero, que le calificó de “presidente interino” y volvió a reclamar la celebración de elecciones en el país caribeño “para que el pueblo venezolano tome la palabra, se salga de la situación de provisionalidad y la democracia se abra camino”.

Guaidó salió el domingo de Venezuela hacia Colombia para iniciar una nueva gira internacional. Desde Bogotá partió a Londres, donde se encuentra este martes, en su primer viaje al viejo continente. El miércoles estará en Bruselas, donde tiene previsto reunirse con el alto representante de la UE para Política Exterior, el ex ministro español Josep Borrell. El jueves viajará a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, pero ese día ya no coincidirá con Pedro Sánchez. Precisamente fue desde Davos, hace un año, cuando Sánchez habló por teléfono por primera vez con Guaidó, un día después de que éste se proclamase “presidente encargado” de Venezuela. El reconocimiento oficial llegó 10 días más tarde, después de un ultimátum a Nicolás Maduro para que convocase elecciones.

El Consejo de Ministros sirvió también para anunciar la decisión del Ministerio de Hacienda prdeevé abonara las comunidades autónomas 103.000 millones de euros en entregas a cuenta del sistema de financiación, así como otros 10.955 millones de euros correspondientes al cierre del ejercicio de 2018, si bien la primera cifra es provosional y está a expensa de que el Ejecutivo aproeba las grandes líneas del Prespuesto para 2020.

El Gobierno, epxlcó Montoro, apelará a la Comisión Europea para utilizar el margen de las reglas fiscales y elaborar una senda de estabilidad presupuestaria para España “más transitable” que no ponga en riesgo la creación de empleo y el crecimiento. La idea es “flexibilizar” la senda de déficit en vigor, que data de 2018 y está “totalmente desacompasada con la realidad”, y trasladarles que el Ejecutivo está “comprometido” con el cumplimiento de las reglas fiscales.

“No hay ninguna duda de que tiene que haber una pendiente que permita reducir el déficit y la deuda, pero la inclinación no puede poner en cuestión la creación de empleo, el crecimiento o la rceuperación de derechos, un elemento absolutamente prioritario a preservar por el equipo económico”, subrayó.

En cuanto a los plazos para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, Montero se ha remitido a la fecha marcada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dijo el lunes que espera poder tenerlo aprobado antes de que finalice el verano. La publicación de la orden que dicta las normas para la elaboración de las nuevas cuentas públicas —que se produjo este lunes— inicia un proceso que pasará también por el acuerdo con Bruselas respecto a la flexibilizacion de la senda de déficit y su aprobación en el Congreso y el Senado junto al límite de gasto. Posteriormente se aprobará en el Consejo de Ministros y se presentará en el Parlamento el proyecto de Presupuestos.

Como estaba previsto, la primera reunión ordinaria del Consejo de Ministros de los martes aprobó otras dos medidas anunciadas en los últimos meses. Una práctica, la subida del 2% en los salarios de los funcionarios, y una simbólica, la declaración de emergencia climática de España.

Subida salarial

La subida salariar se ha tramitado como real decreto y supone un aumento del 2% para los empleados públicos en 2020, un porcentaje al que podría sumarse un 0,3% de fondos adicionales, cuya aplicación se realizará con carácter retroactivo desde el 1 de enero. La medida se deriva del segundo acuerdo para la mejora del empleo público suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy con los principales sindicatos de función pública (CSIF, CCOO y UGT) en 2018, y prevé un nivel mínimo de alza del 2,3% (incremento del 2% más un 0,3% de fondos adicionales). Junto a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tendrá un coste de 3.264 millones de euros.

El acuerdo contemplaba un incremento del salario de funcionarios del 1,7% para 2018, del 2,25% para 2019 y del 2% para 2020, a lo que se puede añadir más aumento en función del crecimiento y fondos adicionales.

En 2019 la subida fue finalmente del 2,5% por la suma adicional de un 0,25%, debido a que el PIB registró un incremento igual o superior al 2%, y para este año, el Ejecutivo ya asume que la subida de funcionarios será del 2,3% (subida fija del 2% más 0,3% de fondos adicionales).

La subida salarial para los empleados públicos y el incremento de las pensiones en un 0,9%, aprobada la semana pasada en la primera reunión del Consejo de Ministros del nuevo Gobierno, son dos medidas con una enorme repercusión no sólo social sino presupuestaria.

La declaración de emergencia climática compromete al Ejecutivo, en los primeros cien días de mandato, a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética —que la ministra Teresa Ribera tiene listo desde hace un año pero que no pudo tramitar por culpa del bloqueo institucional— cuyo principal objetivo es alcanzar la neutralidad climática como muy tarde en 2050, sobre la base de un sistema energético 100% renovable, un parque de turismos y vehículos comerciales no contaminantes y un sistema agrario neutro en CO2.

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El Gobierno se compromete también a definir la senda de descarbonización a largo plazo y presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación, así como a reforzar los mecanismos de participación a través de la puesta en marcha de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático. La transición energética implicará además, según los objetivos fijados por el Ejecutivo, impulsar la transformación del modelo industrial y del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad.

Sn este contecto, la vicepresienta cuasrta y ministra de Transicion Ecológica, Teresa Ribera, explicó que en el futuro “no habrá” nuevos subsidios a combustibles fósiles, como el diésel, la gasolina o el gas. La nueva fiscalidad verde, explicó, “salvo cuestiones sociales justificadas”, acabará poniendo fin a esta práctica después de proceder “a un análisis y revisión de los [subsidios] que existen”.

La ministra confirmó que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno se “mantiene a rajatabla” lo establecido por la Unión Europea, que ha fijado que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO).