La reforma laboral pone a prueba la solidez de la apuesta de Casado por la oposición más ‘dura’

El PP votará ‘no’ al acuerdo suscrito por el Gobierno con los sindicatos UGT y CCOO y la patronal CEOE para reformar parcialmente la normativa laboral que rige en España desde hace diez años. Su presidente, Pablo Casado, lo anunció desde el primer momento, antes de conocer siquiera su contenido, confirmando así el anuncio que llevaba haciendo desde hacía semanas de que se opondría a cualquier medida contraria a la flexibilización de los despidos o que limitase el margen de los empresarios a la hora de firmar o rescindir contratos.

Tal es la firmeza con la que Casado y su equipo se han pronunciado que queda poco margen para un cambio de postura. Incluso para pasar del ‘no’ a la abstención, un movimiento que en la práctica facilitaría al Gobierno sacar adelante uno de los acuerdos clave para seguir recibiendo fondos de la Unión Europea.

La paradoja es que el mismo Casado que se niega a apoyar el acuerdo del diálogo social sostiene, al mismo tiempo, que no supone ningún cambio relevante de la normativa que su partido aprobó unilateralmente en 2012, en plena gran recesión. “Es humo”, declaró el pasado 28 de diciembre contradiciéndose a sí mismo después de asegurar que pondría fin a la de Rajoy, “admirada en Europa”.

Que la reforma auspiciada por el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la mayor parte de la que el PP impuso hace una década lo han corroborado la patronal CEOE y la mayoría de los partidos del bloque de investidura. De hecho, tiene el visto bueno de la madre de aquella reforma, la exministra Fátima Báñez, ahora en la nómina de la patronal. Como también, según algunos medios, ha conseguido el apoyo del expresidente Rajoy y del que fuera su secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa.

Hasta FAES, la fundación liderada por Jose María Aznar, ha respaldado la decisión de la CEOE de firmar el acuerdo, si bien se ha mostrado comprensiva con la decisión del PP de no “comprometerse” con el pacto recién alcanzado a instancias del Gobierno.

Es ahí, en el terreno que va del ‘no’ a la abstención, en el que se mueve el debate interno dentro del PP. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, probablemente el barón territorial que más discute en público la estrategia de Casado —la madrileña Isabel Díaz Ayuso limita sus disputas a la pelea por la presidencia autonómica del partido—, está por facilitar un acuerdo que, además, evita poner palos en las ruedas de unos fondos europeos que Galicia espera con ansiedad para tratar de compensar los problemas que sufre su debilitado tejido industrial, especialmente las empresas de automoción. Su homólogo andaluz, Juanma Moreno, en la misma línea, se felicitó porque la reforma haya tenido lugar mediante acuerdo entre sindicatos y empresarios, precisamente el elemento al que Casado y los suyos tratan de otorgar menos relevancia. 

El líder del PP ya ha dado pruebas sobradas de que no le preocupa lo más mínimo poner en peligro la llegada de fondos europeos. De hecho, en los últimos dos años ha intentado en varias ocasiones utilizar ese fantasma como palanca para intentar torcer el brazo a Pedro Sánchez en asuntos como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y sigue así: hace muy pocos días su portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, planteó en Estrasburgo varias iniciativas insinuando sin pruebas que el Gobierno de España está cometiendo delitos en la distribución del dinero de Bruselas.

Si la reforma es “humo”, como él mismo ha dicho, ¿por qué se opone? La respuesta es Vox. Casado cree que si facilita que el acuerdo social se convierta en ley estará dejando a los ultras de Santiago Abascal el liderazgo de la oposición. “Nosotros no somos un partido para intentar enjuagar todos los enredos del PSOE y de Podemos ¿Por qué el PP va a tener que votar a favor de una contrarreforma laboral que enmienda la nuestra?”, se preguntó el mismo día que se anunció el acuerdo. “¿Por qué el PP va a tener que ser la muleta para cuadrar” la “negociación con sus socios radicales?”.

Aparecer como la alternativa

El PP, proclamó Casado, no es “un partido apósito del PSOE”, sino que lidera las encuestas, es la alternativa y debe tener su propio programa para ganar las elecciones. Eso es lo que le obsesiona: no dejar espacio a Vox para aparecer a los ojos de la los electores de la derecha como la alternativa al Gobierno de Sánchez.

Es el mismo argumento que puso encima de la mesa al comienzo de la legislatura para no facilitar la investidura de Sánchez: no poner en peligro la imagen del PP como la única alternativa política en las elecciones de 2023.

Por si había alguna duda, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, abundó en esa idea el lunes en Segovia. “Que [el Gobierno] busque un acuerdo con Vox”, aconsejó, “que ya se abstuvo en el decreto de los fondos europeos y gracias a ellos pudo sacarlo adelante”.

Lo cierto es que el partido de Santiago Abascal, embarcado desde hace semanas en una campaña para hacer suyas las demandas de los trabajadores, ha pasado de puntillas de momento sobre este asunto. Sus dirigentes apenas han hablado sobre el acuerdo del diálogo social y cuando han hecho declaraciones ha sido para cuestionar la representatividad de UGT, CCOO y la CEOE, no para cuestionar el fondo del acuerdo.

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En Génova no pierden de vista a Vox, al alza en todas las encuestas y cada vez más exigente en sus demandas, mientras el PP ve cómo se van reduciendo poco a poco sus expectativas. Lo último que Casado desea es salvar la reforma laboral de Sánchez y dejar a los de Abascal el monopolio de la oposición al Ejecutivo que ellos también llaman “socialcomunista”.

Además en el PP, como reconoció su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, este fin de semana, están convencidos de que al final el Gobierno sacará adelante el acuerdo alcanzado con sindicatos y empresarios gracias a sus socios de investidura. Ha ocurrido otras veces porque “este es el mejor Gobierno posible para ellos” y “cuánto más débil sea el Gobierno de España”, a ellos “mejor les va”, subrayó en referencia a Esquerra, el PNV y EH Bildu, entre otras formaciones parlamentarias. “Seguro que al final consiguen ponerse de acuerdo”, anticipó.

Para apuntalar el ‘no’, en Génova se afanan estos días en la tarea de argumentar que la reforma laboral de Rajoy necesita cambios, pero en sentido contrario. Casado quiere más flexibilidad, más margen para que los empresarios decidan lo que les conviene en cada momento, menos poder para los sindicatos y la llamada mochila austríaca: un modelo laboral ideado para reducir a las empresas el coste del despido, incentivar la movilidad de los trabajadores y reforzar el sistema de pensiones.