La reforma penal de los delitos de rebelión y sedición y los indultos desinflaman la confrontación con el independentismo

El anuncio de la tramitación de las solicitudes de indulto que afectan a los presos del procés y la confirmación de que el Gobierno mantiene intactos sus planes para impulsar una reforma del delito de sedición, cuya entrada en vigor favorecerá a los condenados por la fallida declaración de independencia de Cataluña de 2017 y a quienes huyeron de la acción de la justicia por el mismo motivo, desató este miércoles una nueva tormenta política entre el bloque de partidos de la investidura y las tres formaciones de la derecha: PP, Vox y Ciudadanos. El calendario ayuda: estamos en vísperas del inicio de las negociaciones sobre los Presupuestos, de la previsible inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, y a pocos días del tercer aniversario del referéndum del 1 de octubre, marcado en rojo en la agenda soberanista.

La tramitación de las solicitudes de indulto no significa en ningún caso que el Gobierno vaya a conceder ninguna medida de gracia, sólo la puesta en marcha de un proceso al que, por otra parte, el Ministerio de Justicia está obligado. Los plazos tampoco favorecen, en principio, que lo que pueda ocurrir con las solicitudes influya en la negociación de los Presupuestos porque el tiempo medio de tramitación de los indultos se mueve entre los seis y doce meses y las cuentas para el año que vienen deben aprobarse, como muy tarde, en el Congreso a finales de diciembre o en los primeros días de enero.

Por no hablar de que los indultos, de producirse, sólo beneficiarían a una parte de los responsables políticos de la declaración de independencia, aquellos que han sido condenados, porque no pueden concederse a los huidos de la justicia.

De ahí que el anuncio del ministro Juan Carlos Campo tenga más importancia simbólica que práctica. Otra cosa es la confirmación que el titular de Justicia hizo en el mismo Pleno del Congreso de la firme intención del Gobierno de impulsar la anunciada reforma del Código Penal anunciadapara hacer posible una reducción de las penas del delito de sedición que, en la práctica, reduciría las condenas de los presos o pondría fin a su estancia en prisión al tiempo que facilitarían el regreso de los huidos de la justicia porque estarían expuestos a penas menos graves.

La reforma del Código Penal no es la amnistía que reclama el espacio soberanista, pero representa una solución al contencioso de los presos y de los huidos a la que el espacio soberanista no hace oídos sordos.

Ambas medidas, en especial que la reforma del Código Penal vaya a estar en marcha antes de fin de año, tienen especial trascendida para Esquerra Republicana, cuyo líder, Oriol Junqueras, cumple todavía prisión. Esta modificación haría innecesaria la amnistía para que los presos pudiesen salir a la calle además de evitar unos indultos con los que el Gobierno se arriesgaría a fricciones con el Tribunal Supremo, cuya sala de lo penal fue quien dictó la sentencia condenatoria. Tiene además, todas las posibilidades de salir adelante por una holgada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que arroparía la estrategia del Gobierno con un refrendo muy amplio del legislativo en que estarían, como mínimo, PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, EH Bildu y el BNG, y con toda probabilidad Más País y Compromís, además de la CUP: por encima de los 190 escaños.

Ninguna de las dos fórmulas es la amnistía que reclama el conjunto del espacio independentista pero aún así tendrían la virtud de remover uno de los principales obstáculos para la normalización política en Cataluña: la existencia de dirigentes políticos en prisión que, además lideran fuerzas muy relevantes que además tienen en sus manos el Govern.

La confirmación de que, a pesar del acercamiento de Sánchez a Ciudadanos —que este miércoles criticó el anuncio pero significativamente evitó situarlo como una línea roja de la negociación presupuestaria—, Sánchez mantiene intacto su compromiso de reformar el Código Penal, unido al inicio del trámite de las solicitudes de indulto, vienen a dar a oxígeno a ERC en su pulso con Junts justo cuando las instituciones catalanas se preparan para afrontar una grave crisis consecuencia de la más que previsible inhabilitación de Torra y de su anunciada decisión de no reconocer el fallo prepara el Tribunal Supremo.

La crisis que se avecina tendrá lugar además pocos días antes del tercer aniversario del referéndum del 1 de octubre. Suficiente como para Junts ice de nuevo la bandera de la represión del independentismo.

La visualización de una salida capaz de resolver el contencioso de los presos es un mensaje que el Gobierno envía a ERC y sobre todo a los votantes soberanistas con el que pretende dar credibilidad a su deseo de buscar salidas negociadas, siempre que la contraparte catalana se mantenga dentro de la legalidad.

Un objetivo que es imposible de separar de la necesidad que PSOE y Unidas Podemos tienen de sumar apoyos a los Presupuestos. Si no hay cuentas, y en eso Junts y ERC pueden resultar decisivos, la continuidad del Gobierno de coalición no está asegurtada. Si cae, la búsqueda de una solución dialogada y de fórmulas que resuelvan el problema de los presos y de los huidos de la justicia se habrá cegado definitivamente.

A estas alturas ya nadie duda de que si la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern no se reúne no es por falta de voluntad de Sánchez sino de Torra que, con una exigencia de máximos —autodeterminación y amnistía—, trata de boicotear y desacreditar el eje troncal de la estrategia de Esquerra, que no es otra que exprimir el máximo posible la búsqueda de una solución pactada.

Del mismo modo, la evidencia de que el Gobierno se mueve, y que lo hará pase lo que pase con Ciudadanos, perjudica a Junts, cuya campaña electoral ha sido diseñada para pivotar sobre la inhabilitación de Torra y la caracterización de Sánchez como un presidente muy parecido a Mariano Rajoy, que sólo busca reprimir las aspiraciones del pueblo catalán. Tanto es así que la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, admitió este miércoles que el inicio del trámite de los indultos a los condenados por el procés no puede desvincularse de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Oficialmente, el espacio soberanista recibió este miércoles con escepticismo el anuncio de la tramitación de las solicitudes de indulto, que no son más que una exigencia legal que el Ministerio de Justicia no puede eludir. E insistió en reivindicar una amnistía para los encarcelados y para los huidos.

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Pero los pasos del Gobierno de coalición vienen a corroborar la llamada vía Asens, así llamada porque fue el portavoz catalán de En Comú Podem, Jaume Asens, quien la expresó por primera vez en abril de 2019, en plena precampaña electoral, como una fórmula capaz de desencallar la política catalana, paralizada desde que la declaración de independencia llevó a sus principales impulsores a la cárcel o al extranjero. Una idea que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo suya el pasado mes de enero, anda más iniciar la legislatura.

El propio Asens interpretó las palabras de Campo como una expresión de la voluntad del Gobierno de “desinflamar” el conflicto en Cataluña que, “evidentemente”, refuerza al “bloque de la investidura” para poder sacar adelante los Presupuestos removiendo algunos de los obstáculos que plantea Esquerra.

En una entrevista en laSexta, Asens se mostró partidario de la concesión de indultos para todos los presos del procés por razones de “justicia, equidad y de interés público”. “Si el indulto está pensado para algún supuesto es para esto; para corregir situaciones de injusticia que se han producido en los tribunales”.