La regeneración democrática era esto: el Senado al servicio de la estrategia del PP para tratar de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez agitando el fantasma de la ruptura de España en nombre de una amnistía que todavía no existe. Ni siquiera como proyecto.
El estreno ordinario de la Cámara Alta se convirtió este martes un prólogo de cómo el PP planea utilizarla como arma arrojadiza gracias a su recién estrenada mayoría absoluta en el Senado (aquí sí ganaron las elecciones, gracias a un sistema electoral mayoritario muy distinto del que rige en el Congreso).
Y eso que su líder, Alberto Núñez Feijóo, lleva desde enero defendiendo la necesidad de recuperar la independencia de las instituciones, tomadas, según él, por el PSOE y sus intereses políticos. Una independencia que no rige para el presidente del Senado, Pedro Rollán, que desde su elección el pasado 17 de agosto utiliza su nuevo cargo como plataforma política contra Pedro Sánchez y sus aliados.
Este martes, sin ir más, lejos, Rollán asumió como propia la propuesta que el PP había llevado al Senado para que la Cámara se manifestase en contra de la amnistía. “Hoy se va a votar sobre algo que puede marcar el devenir de nuestra sociedad y de nuestras reglas del juego”, declaró en una entrevista en TVE antes del debate de la iniciativa, una moción sin fuerza de ley que no compromete las decisiones del Congreso ni mucho menos las del candidato a la investidura.
Falta de neutralidad
Rollán, un político aupado a la política nacional por Isabel Díaz Ayuso, es cualquier cosa menos neutral: “Haré todo lo posible por poder participar también” en la manifestación que tendrá lugar el domingo en Barcelona en contra de la amnistía, declaró.
La moción era preventiva —las hipotéticas medidas de gracia no tienen forma todavía— y se enmarcaba en la batería de iniciativas que el PP ha promovido en diferentes instituciones de toda España en busca de disidencias en el PSOE. En el Senado buscaban a Javier Lambán, el expresidente aragonés, que se estrenaba como senador y cuya posición crítica con la amnistía es bien conocida. Pero no le encontraron: la moción salió adelante exclusivamente gracias a los votos del PP, de Vox y de UPN (139), y el voto en contra del PSOE, ERC, Bildu, Junts, PNV y Sumar, entre otros, hasta un total de 107.
La alegría en las filas conservadoras duró poco. Tanto como la noticia de que el rey había encargado la investidura a Pedro Sánchez y la constatación de que el recorrido de la moción acababa ahí, en el hemiciclo, sin más consecuencia que un debate de hora y media que, a falta de un propósito mejor, sirvió unicamente para constatar, una vez más, la banalidad del Senado.
Un hemiciclo menor
Porque la Cámara Alta, convertida en órgano de segunda lectura de las leyes que le llegan del Congreso porque los partidos nunca han cumplido el compromiso constitucional de convertirla en un órgano de representación territorial, apenas puede tomar decisiones propias.
Como norma general, el Congreso tiene la última palabra cuando el Senado discrepa, así que la Cámara Alta, como mucho, sólo puede entorpecer el trabajo de los diputados. Y ni eso cuando se trata de decretos, porque requieren únicamente ser ratificados en el Congreso.
Hay, sin embargo, excepciones a esta regla. La principal es la aprobación de la senda de estabilidad, el paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) Es una votación en la que se fijan los objetivos en términos de capacidad o necesidad de financiación y de deuda pública, tanto de la Administración general como de las comunidades autónomas, corporaciones locales y de la Seguridad Social. Si el PP los veta, no podrá impedir que haya presupuestos, pero sí que cambie el límite de gasto: el Gobierno no podría reducir el gasto o aumentar los ingresos (pero tampoco las comunidades autónomas del régimen común, la mayoría de las cuales tienen gobiernos del PP).
El Senado también puede aprobar comisiones de investigación contra Sánchez, un arma de desgaste político que el PP quiere ensayar pero que no tiene consecuencias sobre la acción política práctica. Y también tiene en su mano la aprobación del artículo 155 de la Constitución, la capacidad del Estado para intervenir una comunidad, como sucedió en 2017. Aunque tiene que ser solicitada por el gobierno.
El Gobierno de González incluyó la amnistía en una norma pese a decir ahora que es inconstitucional
No es la primera vez que el PP plantea utilizar el Senado como arma arrojadiza. Sucedió en 2018, siguiendo instrucciones de su entonces líder, Pablo Casado, cuando el líder socialista llegó a La Moncloa tras ganar la moción de censura que puso fin el mandato de Mariano Rajoy.
Aquí el PP no ve “karaoke”
Más allá del debate sobre la amnistía, durante la sesión inaugural —muy descafeinada por un orden del día monopolizado por las mociones—hubo tiempo para escuchar la primera y vehemente intervención de la senadora Carla Antonelli (Sumar). Y para comprobar cómo la utilización de las lenguas cooficiales, lo que PP y Vox desprecian en el Congreso —Feijóo lo ha bautizado despectivamente como un “karaoke”—, aquí es completamente normal. Tanto es así que los de Feijóo no quieren prohibir su uso, como proponen sus socios de Vox.
Vox, en línea con la estrategia marcada por su líder, Santiago Abascal, optó por marcar perfil situándose más allá de lo que el PP está, a día de hoy, dispuesto a aceptar: pidió un pronunciamiento a favor de la ilegalización de los partidos independentistas y la privación de la nacionalidad para quienes “no quieren ser españoles”. Mucho ruido y pocas nueces porque, a la hora de la verdad, Vox votó a favor del texto del PP.
La regeneración democrática era esto: el Senado al servicio de la estrategia del PP para tratar de dinamitar la investidura de Pedro Sánchez agitando el fantasma de la ruptura de España en nombre de una amnistía que todavía no existe. Ni siquiera como proyecto.