Reforzar la transparencia o proteger a los denunciantes, las tareas pendientes en la lucha contra la corrupción
Hace casi seis años, cuando Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa, parte importante de la ciudadanía situaba la corrupción como uno de los principales problemas de España. Sólo hay que echar un vistazo al barómetro del CIS previo a la moción de censura que desalojó del Gobierno a un PP que acababa de ser condenado en la Gürtel como responsable civil a título lucrativo. Entonces, casi cuatro de cada diez españoles señalaban hacia esta lacra al ser preguntados por los grandes retos del país. Con el paso de los años, esa preocupación se ha ido reduciendo. Ahora, se sitúa en el 4,9%. Pero los continuos escándalos alrededor de la compra de material sanitario durante la pandemia –el último, el llamado caso Koldo– amenazan con incrementar de nuevo la preocupación.
La llegada de los socialistas al Ejecutivo vino acompañada de un discurso de tolerancia cero contra esta lacra. Al fin y al cabo, se venía de una época profundamente marcada por el continuo goteo de escándalos alrededor de la formación conservadora. Y había llegado el momento, decían desde las filas socialistas, de limpiar las instituciones. De ahí que la lucha contra la corrupción se convirtiese en uno de los ejes centrales de su propuesta política. Y en uno de los pilares sobre los que se sostuvo el acuerdo que suscribieron PSOE y Unidas Podemos para que echase a andar el primer Gobierno de coalición desde la Segunda República. El problema es que todavía hoy aún quedan pendientes algunas tareas para seguir avanzando en esta materia.
Transparencia Internacional (TI) ya advirtió hace un mes que nuestro país estaba estancado en materia anticorrupción. "El estancamiento de este año, unido al descenso de los dos anteriores, pone de manifiesto las dificultades en las que aún se encuentran las políticas públicas para mejorar la prevención y lucha contra la corrupción", señalaba la organización en su último informe anual, que situaba a España bastante por detrás de otros países de su entorno –Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Bélgica o Francia– en esta materia. Sólo un mes antes, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, más conocido como Greco, había afeado que nuestro país siguiese sin cumplir totalmente sus recomendaciones para combatir esta lacra.
Sin Autoridad Independiente de Protección al Denunciante
Uno de los pasos que se dieron durante la pasada legislatura para intentar atajar este tipo de prácticas fue la aprobación de la ley para la protección de los denunciantes de corrupción. La norma, que llegó con retraso –la directiva europea de la que partió todo debía haber sido traspuesta a mediados de diciembre de 2022–, prevé la puesta en marcha de canales internos de recepción de denuncias de corrupción en empresas privadas de más de medio centenar de trabajadores, en partidos políticos, en sindicatos, en organizaciones empresariales y en todas las entidades que integran el sector público. Además, contempla sanciones de hasta un millón de euros para quienes tomen represalias contra los denunciantes.
Pero un año después de su entrada en vigor, con varias elecciones de por medio, la norma sigue sin estar desarrollada por completo. Aún no se ha creado la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que tiene entre sus funciones gestionar un canal externo de denuncias de irregularidades –informaciones que este mismo organismo se encargará de investigar– o adoptar las medidas pertinentes de protección del alertador. Además, tiene potestad sancionadora, es decir, es la encargada de castigar las posibles represalias que sufran los denunciantes. En resumen, los alertadores no disponen aún de una autoridad externa a la que dirigirse y que les proteja salvo en aquellas comunidades que crearon un organismo de este tipo con una ley autonómica.
Otra de las "reformas" que TI considera necesarias para "reducir de manera significativa el nivel de riesgos de corrupción en el sector público" es la de la Ley de Transparencia. La renovación de esta norma fue uno de los compromisos que se incluyeron en el acuerdo de coalición que dio el pistoletazo de salida a la pasada legislatura. Durante todo este tiempo, se han registrado algunos movimientos. Así, se puso en marcha una consulta pública en la que algunos colectivos se pronunciaron sobre los problemas que tiene la actual norma: desde límites de acceso a información demasiado generales a los incumplimientos o la falta de medios del Consejo de Transparencia. Pero la reforma de la ley, que diez años después aún no cuenta ni con un reglamento, sigue todavía pendiente.
De los lobbies a los asesores
El adelanto electoral también impidió que llegase a tiempo la Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, con la que se quería cubrir el vacío existente en nuestro país alrededor de los lobbies. El anteproyecto, que fue llevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, determinaba cómo debía ser la relación de las personas influenciables de la Administración General y el sector público con aquellos que trabajan para estos grupos. Además, contemplaba la creación de un registro público sobre las actividades de los mismos o las reuniones mantenidas con personal público. E impedía que ex altos cargos pudiesen ejercer en los dos años siguientes a su salida "actividades de influencia" sobre materias de las que se hubieran hecho cargo.
La puesta en marcha de una normativa para regular los lobbies fue uno de los objetivos que se incluyeron en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. Pero no el único. En dicho documento también se recogía la necesidad de establecer un "nuevo sistema de prevención de conflictos de intereses más completo y acorde con la Administración actual". Y, de hecho, el Gobierno ya informó en su momento al Greco que tenía intención de aprobar una Ley de Prevención de Conflictos de Interés de los Empleados Públicos: "El objetivo de la reforma legislativa es modificar el régimen general aplicable a todos los empleados públicos y funcionarios y establecer un nuevo régimen más estricto para los asesores". Se celebró una consulta pública. Pero nada más se volvió a saber.
