El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que España reconocerá expresamente al Estado palestino a partir del 28 de mayo. Pero la realidad es que el Ejecutivo hace años que reconoce tácitamente la estatalidad de esos territorios ocupados por Israel al mantener con su autoridad relaciones que califica de “diplomáticas”. El Consulado de España en Jerusalén, creado en 1853 es una de las más antiguas legaciones españolas en el extranjero. Su actual titular, Alfonso Lucini, además, explica en su página web que, entre sus funciones, se encuentra “la representación diplomática de nuestro país ante la Autoridad Palestina”. Palestina, además, tiene embajada en Madrid y sus sucesivos embajadores –actualmente Husni Abdel Wahed– reciben un trato similar a cualquier otro enviado de otro Estado.
El Consulado de España en Jerusalén, que según el Gobierno seguirá ejerciendo esas funciones tras el reconocimiento expreso de Palestina el próximo martes, se creó en 1853. Su demarcación, es decir, el área de trabajo, comprende “la ciudad de Jerusalén”, es decir, la ciudad que la Autoridad Palestina reclama como la capital de su Estado, “así como Cisjordania y la franja de Gaza”, los territorios palestinos ocupados. Históricamente se situó en el Colegio Español, en la Ciudad Vieja (en la que se encuentra la mezquita de Al Aqsa, el Santo Sepulcro o el Muro de las Lamentaciones), ilegalmente ocupada por Israel desde la guerra de los Seis Días, en 1967 aunque en 1949 se trasladó al barrio de Sheij Yarrah, también en la parte de la ciudad anexionada en contra de la legalidad internacional.
Un consulado histórico
Pese a que Franco se negó a reconocer el Estado de Israel desde su creación en 1948, el consulado de Jerusalén se mantuvo abierto durante toda la dictadura. Incluso cuando el lugar en el que se encuentra pasó de facto e ilegalmente a manos de ese país. Su misión histórica, que comparte actualmente con la representación diplomática en Palestina, fue la administración de la Obra Pía de los Santos Lugares. Se trata de una entidad pública creada en 1772 y actualmente adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos fines son gestionar su patrimonio inmobiliario situado en Israel y Palestina, pero también en Turquía, Siria, Marruecos y Madrid (basílica de San Francisco el Grande, en el barrio de La Latina).
La presencia española en la zona –política, patrimonial y religiosa– se remonta a la época de la primera cruzada, cuando el cabecilla francés Godofredo de Bouillón se declaró en 1099 rey de Jerusalén. El título pasó posteriormente al Reino de Sicilia y, desde la conquista de ese territorio italiano por Fernando el Católico, recae sobre los monarcas españoles. Felipe VI, rey de España, es actualmente quien detenta ese título honorífico.
Honorífico, pero con consecuencias muy actuales. Cuando Felipe VI fue invitado al entierro del expresidente de Israel Simón Peres en 2016, apenas año y medio después de su proclamación, fue colocado durante la ceremonia a la derecha del que era en ese momento jefe de Estado, Reuven Rivlin. Cuando el rey preguntó a Rivlin por qué se le otorgaba ese puesto en el protocolo, el expresidente le contestó: “porque su majestad es el Rey de Jerusalén”, según una anécdota relatada por el propio monarca al catedrático de Derecho Constitucional Daniel Berzosa.
La embajada, en Tel Aviv
Tras el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, en 1986, la embajada española se abrió en Tel Aviv. Su ubicación tiene un sentido político y diplomático, al evitar reconocer de facto la capitalidad que el Estado hebreo estableció sobre la totalidad de la Ciudad Santa, incluida su parte oriental ocupada, también reclamada como capital de Palestina por su autoridad nacional con sede en Ramala (Cisjordania). Así pues, mientras la embajada se encuentra en territorio reconocido internacionalmente a Israel, el consulado de Jerusalén, dependiente de ella, se sitúa en territorio palestino ocupado.
España cumple así la resolución 478 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adoptada en 1980. Esa disposición condenó la anexión de Jerusalén este y la declaración de esta ciudad como “capital eterna e indivisible de Israel”. El expresidente de EE UU Donald Trump se saltó en 2017 el mandato de la ONU y reconoció como capital a la Ciudad Santa ordenando el traslado allí de la embajada de ese país, antes también situada en Tel Aviv. El entonces y ahora primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, calificó la decisión de Washington de “hito histórico” que, sin embargo desató la ira de la Autoridad Palestina y las protestas de varios países árabes.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en el Congreso que España reconocerá expresamente al Estado palestino a partir del 28 de mayo. Pero la realidad es que el Ejecutivo hace años que reconoce tácitamente la estatalidad de esos territorios ocupados por Israel al mantener con su autoridad relaciones que califica de “diplomáticas”. El Consulado de España en Jerusalén, creado en 1853 es una de las más antiguas legaciones españolas en el extranjero. Su actual titular, Alfonso Lucini, además, explica en su página web que, entre sus funciones, se encuentra “la representación diplomática de nuestro país ante la Autoridad Palestina”. Palestina, además, tiene embajada en Madrid y sus sucesivos embajadores –actualmente Husni Abdel Wahed– reciben un trato similar a cualquier otro enviado de otro Estado.