Un represaliado durante el franquismo pone el foco sobre uno de los miembros más oscuros que han pasado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Julio Pacheco Yepes, detenido en los últimos compases de la dictadura, ha interpuesto una querella por torturas contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por las supuestas torturas sufridas durante su paso por la Dirección General de Seguridad, sede de la Brigada Político Social. Una acción judicial que dirige también contra los viejos agentes Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.
Los hechos en cuestión se remontan al verano de 1975, tras el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose. Yepes, por aquel entonces, tenía 19 años y estudiaba segundo de Biología en un centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Frente Revolucionario Antifascista Patriota (FRAP), fue detenido en su domicilio y trasladado a la Dirección General de Seguridad, donde permaneció durante siete días. De ellos, tres estuvo sin que le hicieran la ficha policial, en una suerte de limbo. "Tres días secuestrado en los que me decían que podían hacer conmigo lo que quisieran", ha relatado en rueda de prensa.
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"Identifiqué a Villarejo en cuanto su cara empezó a salir en los medios de comunicación", explica en declaraciones a este diario. Su querella se suma, además, a otras cuatro presentadas durante los últimos días en diferentes juzgados de España. Los querellantes son María Concepción Edo –arrestada en Pamplona en 1973–, la familia de Vicent Almiñana –arrestado en junio de 1972– y la familia de Xosé Ramón Reboiras, uno de los dirigentes políticos de Unión do Povo Galego que murió en un operativo policial en agosto de 1975.
Un represaliado durante el franquismo pone el foco sobre uno de los miembros más oscuros que han pasado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Julio Pacheco Yepes, detenido en los últimos compases de la dictadura, ha interpuesto una querella por torturas contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por las supuestas torturas sufridas durante su paso por la Dirección General de Seguridad, sede de la Brigada Político Social. Una acción judicial que dirige también contra los viejos agentes Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.