El mensaje es claro: “Los pacientes con sospecha de estar contagiados no son derivables a hospital por criterio de las autoridades sanitarias, que nos recomiendan que los mantengamos en la residencia. Permanecen aislados”. Lo firma Miguel Ángel Rodríguez Cañas, médico de la residencia madrileña La Purísima Concepción. Además de ser una prueba más de que mayores que vivían en residencias no fueron admitidos en los hospitales, en este caso resulta especialmente llamativa la fecha: el documento, al que ha tenido acceso infoLibre, es del 17 de marzo. Es decir, un día antes de que la Consejería de Sanidad aprobase el Protocolo que cercenaba el derecho de muchos residentes a recibir tratamiento hospitalario.
Este periódico intentó en reiteradas ocasiones, durante los dos últimos días, recabar la versión de Rodríguez Cañas. Pero el médico de la residencia no contestó ni a las preguntas planteadas por escrito, ni a las llamadas telefónicas. Entre otras cuestiones, infoLibre quería saber quiénes eran las “autoridades sanitarias” que le transmitieron la prohibición de derivar enfermos desde su residencia al hospital y a través de qué medio le dieron esa instrucción. [Puedes ver al final de esta información todas las preguntas planteadas al médico del geriátrico].
El documento de Rodríguez Cañas está dirigido a los familiares de los residentes y el médico del centro explica que les escribe “para informar de la situación actual” del centro y “en calidad de director del área preventivo-sanitaria”. “Si bien no hay casos de coronavirus Covid-19 confirmados en el centro, tres residentes que han sido derivados a hospital han dado positivo al virus. Estos tres pacientes, por el momento, no han regresado a la residencia. Se ha informado al 112 de la situación tras ser informados de estos tres casos y nos han indicado un protocolo a seguir”.
La situación crítica por la pandemia se vivió en Madrid entre mediados de marzo y mediados de abril. El primer fallecimiento de una residente se produjo el 3 de marzo. El 19 de ese mes la cifra era de 138 muertes y a partir de ahí se disparó exponencialmente: el 25 de marzo los decesos eran ya 1.101 y cinco días después sumaban 2.465. A día de hoy, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) contabiliza casi 6.000 muertes entre los mayores que vivían en geriátricos de la región.
Antes de ese momento de colapso, cuando un residente enfermaba y no podía ser tratado por el médico del centro, se le trasladaba al hospital para ser atendido allí. Cada geriátrico tiene un hospital de referencia, al igual que ocurre con un domicilio particular. En el caso de la residencia La Purísima Concepción ese hospital es el Gregorio Marañón.
Aunque en su carta el doctor Rodríguez Cañas informaba a todos los familiares sobre la situación de tres personas que habían sido trasladadas al Gregorio Marañón cuando las derivaciones aún funcionaban de forma correcta, y a las que descubrieron el virus una vez que estaban en el hospital, la política de transparencia informativa terminó en ese momento. Uno de esos familiares explica a este periódico que no supieron si esos tres primeros contagiados regresaron a la residencia, ni tampoco cuántas personas han fallecido en el centro. “Creemos que muchas, pero no sabemos nada de forma oficial”, critica.
La Purísima Concepción está gestionada por la Fundación Catalina Suárez y dispone de 156 camas.
Tras informar sobre los tres contagios y la prohibición de derivaciones hospitalarias dictaminada por el “criterio de las autoridades sanitarias”, el médico de la residencia explica a los familiares el “protocolo anticontagio / expansión” implantado en el centro, que incluye la suspensión de “todas las actividades que requieran que los residentes permanezcan juntos (animación, gerontogimnasia, terapia ocupacional, peluquería) y los residentes deben permanecer en sus habitaciones hasta nueva orden”.
El Protocolo del Gobierno Ayuso
Un día después de que el médico de la residencia La Purísima Concepción informase de que los enfermos de covid-19 no recibirían tratamiento hospitalario, la Consejería de Sanidad aprobó un Protocolo para todos los hospitales y residencias de la Comunidad estableciendo los criterios de exclusión; es decir, fijando qué personas no podían ser trasladadas a un hospital desde un geriátrico. Ese documento lleva el sello oficial de la Comunidad de Madrid y está firmado digitalmente por Carlos Mur, entonces director de Coordinación Socio-Sanitaria del Gobierno Ayuso. La Consejería de Sanidad, cuyo titular es Enrique Ruiz Escudero (PP), actualizó ese Protocolo los días 20, 24 y 25 de marzo. Una copia íntegra de las cuatro versiones de ese documento se publicó en infoLibre el pasado 5 de junio [se pueden consultar aquí].
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El Protocolo, en sus diferentes versiones, fue enviado por correo electrónico a 18 altos cargos de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, además de a los gerentes y directores médicos de los hospitales encargados de su aplicación. Esos envíos, tal y como desveló este periódico, se produjeron minutos después de que Carlos Mur firmase los documentos los cuatro días citados.
Entre los criterios para impedir el traslado al hospital, la Comunidad de Madrid incluyó un determinado nivel de dependencia o un gradode demencia senil avanzado del residente, circunstancias no relacionadas directamente con las expectativas de vida de una persona. En la segunda versión del Protocolo –la aprobada y enviada el día 20 de marzo– se fijaban con total crudeza los “criterios de exclusión de derivación hospitalaria”. La última versión, del 25 de marzo, suavizaba algunos criterios pero mantenía en la práctica la exclusión de los pacientes con mayor nivel de dependencia (“fragilidad igual o mayor de 7” en una escala del 1 al 9) o con el grado máximo de demencia senil (GDS 7).
La presidenta Ayuso y el consejero Ruiz Escudero, para ocultar la existencia del Protocolo con los criterios de exclusión, se inventaron que era un "borrador" enviado por "error" de un texto del que se hicieron hasta "siete versiones". Jamás han enseñado ningún documento que respaldase ese relato. La realidad es que sólo hay un Protocolo con sello oficial de la Comunidad de Madrid y firmado por un alto cargo de Sanidad, del que existen cuatro versiones y no siete.