El modelo residencial ha cambiado poco en Cataluña desde la pandemia. Es el consenso al que llegan la portavoz de las familias afectadas por las residencias, la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña y expertos en derecho de las personas mayores. Las raíces del problema a las que todos apuntan son dos: falta de financiación y poco desarrollo administrativo de una legislación ya de por sí muy anticuada. Cuando se entra en cómo afrontar la situación las opiniones empiezan a divergir, pero todos ellos indican la urgencia de abordar una reforma profunda del modelo residencial. “Si tuviéramos ahora otra pandemia volveríamos a ‘palmar’”, zanja Ignasi Freixa, director de la patronal Unión de pequeñas y medianas residencias y servicios a la dependencia (UPIMIR).
Un poco diferente lo ve Lluís Torrens, exsecretario de Asuntos Sociales y Familia durante los dos últimos años en el gobierno de Aragonès, que pese a la situación compleja, indica algunos brotes verdes a infoLibre. “Este julio cerramos un primer documento para avanzar en la actualización de la Cartera de Servicios a corto plazo”. El problema es que para modificar esta cartera de 2010, que debe renovarse periódicamente cada cuatro años y aún no se ha hecho, el plazo para hacerlo es de 40 semanas, según Torrens, que dirigió la secretaría desde noviembre de 2022. Lluís Torrens explica que para planear esta reforma reunieron al sector y convocaron cuatro mesas sectoriales en las que había “representantes de las empresas, de las asociaciones de familiares, de colegios profesionales, sindicatos y expertos”. La idea del anterior departamento de Asuntos Sociales era establecer estas cuatro mesas sectoriales de forma permanente para poder hacer revisiones periódicas a la cartera de servicios de forma continuada. Un trabajo que dejará para la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez.
Una reforma urgente: desarrollo legislativo, atajar las listas de espera y mejorar la calidad de la atención social y sanitaria
Las listas de espera para acceder a los servicios de dependencia, que engloban residencias, centros de día y atención domiciliaria se redujo en Cataluña 46 días en la anterior legislatura. Una cifra que mereció el reconocimiento de la nueva consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, durante la segunda comisión parlamentaria de la legislatura, hacia el trabajo del equipo anterior, pero que en palabras suyas, “sigue no siendo suficiente”. Por eso aclara a infoLibre que “antes de acabar el año planean presentar un plan de choque para abordarlo”. La media de espera en Cataluña para recibir un itinerario en dependencia está en 258 días. Una cifra alta a la que no llegan todos los usuarios que solicitan la ayuda. De hecho, muchos murieron antes de llegar a recibir esa ayuda. Desde enero a agosto de 2024, 497 personas murieron cada mes en Cataluña sin que se les hubiera podido asignar un itinerario, según datos del Imserso.
Una población cada vez más envejecida agrava esta situación. En el año 2031 uno de cada cuatro ciudadanos en Cataluña tendrá más de sesenta y cinco años. El país encara un reto demográfico mayúsculo. “Han cambiado las necesidades y las expectativas de la ciudadanía, que reclama un modelo de atención centrado en la persona, con servicios de proximidad y que promueva la autonomía”, explican a este periódico fuentes de la consejería de Derechos Sociales de Mònica Martínez. El exsecretario saliente apunta uno de los cambios hacia dónde debería caminar la dependencia. “Debería existir un modelo de presupuestos personales”. Una experiencia que existe en Flandes y Reino Unido en el que en vez de apuntarte a una lista de espera, la administración ingresaría un montante de dinero y la persona perceptora de la ayuda se lo autogestionaría. De este modo “se eliminarían las listas de espera y la gente tendría mucha más libertad para escoger residencia”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens.
Ignasi Freixa añade que el envejecimiento ha afectado a la gestión de las residencias. “Hemos pasado de tener una población que tenía un cierto grado de autonomía a que la gran mayoría de los usuarios tengan un nivel de dependencia y vulnerabilidad alto”, cuenta el director de la patronal. “Muchos llegan a la residencia y mueren”, concluye. El exdirector de Asuntos Sociales, Lluís Torrens, plantea otro reto del sector. “Vamos a necesitar muchísima gente trabajando que no tenemos. La mayoría de la población que hay trabajando es migrante”. El exdirector explica que los sueldos en dependencia tienen una remuneración baja y es complicado retener al personal laboral. Lo mismo apunta Jordi Muñoz, abogado y presidente de la Asociación para la investigación del maltrato a las personas mayores (EIMA). “Es un trabajo extremadamente vocacional. Hay que hacer cambios posturales, de pañales, limpiar a la persona, darle de comer.” El experto explica que muchas personas dejan el trabajo si observan que pueden cobrar lo mismo en otro sector.
La nueva consejería tiene el trabajo de encajar el cambio demográfico de los próximos años en Cataluña con una Ley de Servicios Sociales que es del 2007 y que fue pensada para las problemáticas y las casuísticas de esa década, y con una Cartera de Servicios sociales que es del 2010. Es por ello que fuentes de la misma consejería han informado a infoLibre que tienen la intención de reformar la cartera para que “sea más ágil, flexible y con capacidad de innovar, simplificando los trámites para los usuarios”. También promoverán trabajar con un grupo de expertos multidisciplinar para abordar esta reforma, de manera que el Departamento podría continuar la senda que ya empezó a trabajar la anterior secretaría de asuntos sociales.
Las dos normativas que actualmente rigen el sector de la dependencia en Cataluña están desfasadas para Mª José Carcelén. Para la portavoz de la coordinadora de Residencias 5+1, asociación de familiares que desde el 2017 defiende los intereses de los residentes, el modelo de financiación y legislativo actual, además de llenar las listas de espera, establece ratios de personal “insuficientes” e inspecciones “que no dan respuesta a los problemas”.
Ignasi Freixa responde a la problemática de las ratios que “si la cartera de servicios es la misma que en 2010, eso quiere decir que el número de profesionales están pensados para los usuarios que había en 2010”, exponiendo que en ese momento los residentes tenían unos niveles de dependencia menores. La portavoz de la Coordinadora puntualiza que para ella una de las problemáticas es que la administración ha creado “tres clases sociales” de residentes, los que están en una pública de gestión pública, los que están en una pública de gestión privada y los que están en una privada con plazas concertadas con la Generalitat. Para estas últimas residencias, la Generalitat flexibilizó las condiciones para acceder a las subvenciones en 2014. La portavoz crítica que, a la práctica, eso supone ratios más bajas de personal en fisioterapia, psicología, trabajadores sociales y también tener menos gerocultores por usuario, lo que afecta a la calidad.
Un aspecto que debe mejorar la calidad de las residencias, pero se encuentra a medio construir es la Agencia integrada Social y Sanitaria, una apuesta del anterior ejecutivo. “Los médicos pueden consultar los expedientes de dependencia y los trabajadores sociales los expedientes de salud de un residente”, expone el exsecretario Lluís Torrens. En el mandato pasado se empezó a tramitar la ley que debía regir la Agencia. Pero la convocatoria electoral truncó la tramitación y, aunque hay elementos que ya están en funcionamiento, la ley aún no está aprobada. Un impasse que tiene impaciente al sindicato Metges de Catalunya, que alertan de que una de cada cuatro residencias no tiene un médico asignado. Según la portavoz de Metges de Catalunya, Lourdes Franco, “no hay protocolos ni circuitos creados para los médicos a la hora de atender las residencias”. La portavoz tampoco tiene claro si las residencias deben continuar contratando a un médico propio, y ante ese limbo muchas han empezado a despedirlos para ahorrarse dinero. “Esto nos está sobrecargando y obliga a los médicos a sacar horas de los Centros de Atención Primaria”, concluye Lourdes.
La necesidad de más financiación, una idea compartida por todos
La financiación del Estado en dependencia acarrea un déficit histórico en inversión estatal que se remonta a los recortes del 2012 de Fátima Báñez. El plan de choque del gobierno estatal (2020-2023) aumentó un 138% las aportaciones del Estado a la dependencia tras la pandemia, pero el sector sigue en crisis. El sistema tiene la financiación de la dependencia partida entre el Estado y las comunidades autónomas, que son quienes gestionan las residencias. Pero el Estado nunca ha llegado a aportar el 30% del dinero que gastan las comunidades en dependencia desde que el Imserso hace recuentos, y son las comunidades quienes aportan el resto.
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El Senado aprobó en 2022 una moción que instaba al gobierno a equiparar al 50% las aportaciones de comunidades autónomas y Estado en dependencia. Pero en 2023 el Estado financió solamente un 28%, y en Cataluña la cifra bajaba al 23,45%, según el Imserso. Como consecuencia, el Ministerio de Derechos Sociales de Pablo Bustinduy se comprometió a elevar ese porcentaje al 50% para 2027 en una visita a Barcelona con el exconsejero Carles Campuzano el pasado febrero. “Es obvio que el sector social está infrafinaciado”, cuenta el exsecretario Lluís Torrens, que añade que a la hora de repartir los presupuestos siempre compiten con “la financiación en pensiones y en salud”. Quizás por ello la nueva consejera, Mònica Martínez, explica a infoLibre que se ha comprometido a también a encontrar más financiamiento en Europa “aprovechando las oportunidades del Fondo Social Europeo”.
Para Jordi Muñoz, abogado y presidente de EIMA, el problema es que el precio público por paciente es incompatible con un modelo de calidad. “Para aumentar las ratios de personal hay que pagar mejor la plaza pública. El precio público ahora es insostenible para un centro residencial”. La inversión por persona dependiente en Cataluña está por debajo de la media estatal según el Observatorio para la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes en servicios sociales. La media se sitúa en 1.815€ por persona y en Cataluña está en 1.649€. José Manuel Ramírez, portavoz del Observatorio, apunta hacia el gobierno catalán como corresponsable de la infrafinanciación. Cataluña es la comunidad autónoma que menos ha aumentado en gasto por habitante en políticas sociales entre 2009 y 2023 (que incluyen sanidad, educación y servicios sociales). Según el observatorio la comunidad autónoma solamente ha subido 153€ por habitante, mientras que la que más lo ha subido, Extremadura, elevó la inversión a 1.118€ por persona.
“No hay la voluntad de hacer la inversión necesaria para cambiar el modelo”, considera Mª José Carcelén, portavoz de las familias. “Una inversión del 2% del PIB, como la que hay en Europa, doblaría la inversión que tenemos ahora”, recuerda Ignasi Freixa, director de la patronal UPIMIR. El acuerdo sobre la infrafinaciación es, por lo tanto, unánime. Cómo solucionarlo será uno de los desafíos que tendrá que resolver la nueva consejera a lo largo de la legislatura.
El modelo residencial ha cambiado poco en Cataluña desde la pandemia. Es el consenso al que llegan la portavoz de las familias afectadas por las residencias, la patronal de las pequeñas y medianas empresas en Cataluña y expertos en derecho de las personas mayores. Las raíces del problema a las que todos apuntan son dos: falta de financiación y poco desarrollo administrativo de una legislación ya de por sí muy anticuada. Cuando se entra en cómo afrontar la situación las opiniones empiezan a divergir, pero todos ellos indican la urgencia de abordar una reforma profunda del modelo residencial. “Si tuviéramos ahora otra pandemia volveríamos a ‘palmar’”, zanja Ignasi Freixa, director de la patronal Unión de pequeñas y medianas residencias y servicios a la dependencia (UPIMIR).