"Somos resistentes": el paro de letrados bloquea en un mes 200.000 procesos y casi 800 millones de euros

Patricia Gimeno lleva media vida con la cabeza metida en los juzgados. Durante dos décadas, estuvo como gestora. Pero ella siempre había querido era ser letrada. Por eso, en cuanto tuvo oportunidad, se puso con ello. A pesar de las cargas familiares, sacó tiempo para estudiar horas y horas. Y logró superar la oposición. Su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia de Gavá (Barcelona), uno de segunda categoría. Como letrada de la Administración de Justicia, los anteriormente conocidos secretarios judiciales, su responsabilidad se multiplicó. Pero su salario, sin embargo, se redujo. En su última etapa como gestora en Violencia de Género estaba cobrando unos 2.700 euros netos. Cuando llegó a Gavá, 2.300 mensuales.

Gimeno es ahora una de las integrantes del Comité de Huelga que trata de arrancar desde hace un mes al Ministerio de Justicia una mejora de las condiciones laborales para este cuerpo de altos funcionarios. Un parón que se veía venir desde hace meses. Los letrados ya detuvieron su actividad durante cuatro días en noviembre y diciembre. Y anunciaron, en la víspera de Nochebuena, su intención de comenzar con una huelga indefinida a partir de finales de enero. "Pero hasta que no la iniciamos nadie nos llamó para reunirnos. De hecho, no lo hicieron hasta tres semanas después de comenzarla", apunta Gimeno sin apenas voz al otro lado del teléfono. Entonces, el roto provocado por el frenazo de la actividad ya era de importantes dimensiones.

Durante este primer mes de huelga, el Ministerio de Justicia ha ido aportando diariamente cifras de seguimiento, que se han movido entre el 18,9% y el 33%, datos muy inferiores a los que han puesto sobre la mesa desde el Comité –alrededor del 80%–. Ahora bien, apenas se ofrece de manera oficial información sobre las consecuencias que están teniendo los paros en el sistema judicial. El departamento que dirige Pilar Llop remite al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y este dice que solo maneja cifras "parciales". Mientras, los convocantes hablan de cerca de 200.000 juicios y vistas suspendidos y 795 millones de euros congelados en las cajas de los juzgados. Un dinero destinado a pensiones, indemnizaciones o costas judiciales, entre otras cuestiones.

El grado de atasco da una idea del papel clave que juegan estos funcionarios de alto nivel, alrededor de cuatro millares, en el funcionamiento de los tribunales. Como titulares de la fe pública judicial, de su presencia depende que se puedan o no celebrar los juicios. Este cuerpo también se encarga de dictar las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso, de la ejecución de las sentencias, de la admisión a trámite de las demandas o de los pagos dentro de la Administración de Justicia: desde las cosas a las indemnizaciones, pasando por embargos o pensiones alimenticias. "Cada semana supone 50.000 juicios suspendidos", resaltaba esta semana el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), Ernesto Casado.

Adecuación salarial

No siempre fue así. Antes, los llamados secretarios judiciales no eran más que simples fedatarios públicos. Sin embargo, todo cambió en 2009, con una reforma procesal que buscaba liberar a jueces y magistrados para que pudieran centrarse en juzgar. Ahí, sus competencias aumentaron, pero su retribución no. Y de aquellos polvos, estos lodos. "Solo queremos que nos paguen respecto a la responsabilidad que tenemos", resalta Gimeno, integrante de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Según los datos del departamento que dirige Pilar Llop, los funcionarios de este cuerpo que trabajan en juzgado y que se sitúan entre los niveles 26 y 28 –de los más altos del grupo A1– cobran en 2023 entre 39.000 y 60.000 euros brutos anuales.

Las principales centrales sindicales llegaron en diciembre de 2021 a un acuerdo con el Ministerio de Justicia. En él, se recogía un incremento de 195 euros brutos mensuales durante tres años. El Gobierno dio luz verde de forma urgente, unos meses después, a esta mejora retributiva tras las presiones de los colectivos. El problema es que dicho aumento, según señalan los colectivos, no puede considerarse que cumpla con la "adecuación salarial" en relación "con las nuevas funciones asumidas" por el cuerpo de letrados en las "últimas reformas procesales y organizativas", una exigencia que quedó plasmada en la disposición adicional 157 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Dicha adecuación salarial es uno de los motivos sobre las que se sostiene la actual huelga indefinida. Los convocantes de los paros plantearon desde un primer momento una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para no cobrar menos de un 85% en relación con estos dos operadores jurídicos. Gimeno dice que esta fórmula no la propusieron ellos, sino que fue el propio Ministerio de Justicia el que, en las negociaciones que se mantuvieron hace casi un año, propuso referenciar las retribuciones de este cuerpo "a las correspondientes a la carrera judicial" en la proporción que se considerase adecuada a las responsabilidades del colectivo. "Nos da igual cómo se llame, solo queremos que se solucione", resalta la integrante del Comité de Huelga.

Justicia convoca al comité de huelga de los Letrados a una reunión el viernes: "Tenemos que bajar el tono"

Ver más

La letrada explica, en este sentido, que ella está en un 50% de lo que perciben sus compañeros de despacho. Sin embargo, no es lo único que ponen encima de la mesa. También exigen mejoras retributivas para aquellos miembros del cuerpo que desempeñan sus funciones en las localidades más pequeñas. Estos son los destinos en los que suelen recalar, como norma general, los recién aprobados. Allí, cuenta Gimeno, comienzan percibiendo mensualmente unos 1.800 euros netos, mientras que un gestor sin trienios en esa misma localidad puede estar en los 1.600 euros. "Por 200 euros más están asumiendo toda la responsabilidad generada por todo un juzgado", dice la portavoz de la UPSJ, convocante de la huelga junto al CNLAJ y AINLAJ.

Por "dignidad"

Las tres organizaciones volverán a sentarse este viernes en la mesa de negociación con el Ministerio de Justicia. Esperan avances tras un mes de huelga y tantas "mentiras". "Que haya ya una voluntad seria de negociación", desliza Gimeno. Sobre todo, después de lo vivido hace una semana. En aquel primer encuentro, el Comité de Huelga y los representantes de Justicia estuvieron encerrados durante quince horas. Una reunión de la que no salió ni un mínimo acercamiento entre las partes. "Ellos querían que abandonáramos primero la huelga y luego estudiarían las propuestas", explican desde los colectivos de letrados. Durante horas, confiesan, el silencio se apoderó de aquella sala de reuniones. Nadie quería levantarse, pero nadie cedía un palmo.

Gimeno es plenamente consciente de que el parón está afectando a los propios ciudadanos, que ven cómo sus casos y el cobro de las indemnizaciones que pueden corresponderles lleva un mes en stand by: "Esta situación es insostenible para la ciudadanía". También reconoce el cansancio que supone un pulso de estas características. Pero recuerda que, como antiguos opositores, saben afrontar situaciones complicadas. "Somos resistentes y resilientes", asevera. Por eso, no tienen intención de dar su brazo a torcer. Y menos después de las "descalificaciones" a las que se han visto sometidos. "Han dicho que somos una casta, que somos unos privilegiados. Lo que somos son personas que estamos en nuestro puesto de trabajo después de haber dedicado horas a estudiar", sentencia Gimeno. "Esto ya es también por dignidad".