No ha ocurrido una sola vez, ni dos. Sino tres. Tres veces han sido las que el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los 46 años que llevamos de democracia para intentar mantener ese órgano constitucional bajo su órbita. Lo hizo en noviembre 1995, con Felipe González como presidente, cuando hubo que esperar hasta junio del año siguiente, con José María Aznar ya en el poder, para renovarlo. También en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero de jefe del Ejecutivo; un año y diez meses se tardó en nombrar a los nuevos vocales. Pero el retraso más largo, con diferencia, ha sido el que ese partido se avino poner fin el pasado 25 de junio. Cinco años y medio sin acuerdo que han puesto a la judicatura española al borde del colapso y han generado un desprestigio sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces, en un proceso interno español que, sin embargo, ha tenido que ser tutelado por la Comisión Europea.
La Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento del Congreso y del Senado establecen un procedimiento claro y ágil para nombrar a los nuevos vocales. Pero la realidad es muy diferente. Los 20 consejeros del órgano los eligen los dos principales partidos (PSOE y PP) en una negociación secreta sin debate público ni posibilidad de cuestionar la idoneidad de los candidatos por las Cámaras. Tampoco hay vetos. Una vez alcanzado el acuerdo, la lista se somete al Congreso y al Senado que deben seleccionar a sus integrantes por mayoría de tres quintos. Y no hay disensiones. Por mucho que al PSOE le parezcan inaceptables los nombres propuestos por el PP -y viceversa- los diputados y senadores de ambos partidos votarán a favor de los candidatos del otro. Lo que se ha acordado sin luz ni taquígrafos por dos personas (en el último caso el vicesecretario del PP, Esteban González Pons, y el ministro de la Presidencia Félix Bolaños) lo respaldan mayoritariamente los 281 parlamentarios del PP y los 209 del PSOE. Sin apenas objeción.
Pero no es eso lo que está previsto en la ley. Son las Cámaras y no los partidos las que deben elegir a los 20 vocales por esa mayoría tan cualificada (10 el Congreso y 10 el Senado). Doce de los candidatos deben ser seleccionados de una lista de candidatos que elabora el Poder Judicial entre jueces y magistrados de todas las categorías seleccionados por las asociaciones judiciales y candidatos no adscritos avalados por sus compañeros. Los ocho restantes son abogados y juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio de la profesión. En definitiva, en teoría es el Parlamento quien debe debatir sobre los candidatos y votarlos sucesivamente hasta cubrir las vacantes. Sin embargo, la mayoría de tres quintos necesaria permite que los dos principales partidos hurten al Congreso y al Senado esa atribución, porque se precisan los votos de ambos para alcanzarla. En la práctica, hasta que no se llega a ese acuerdo secreto no se inicia el proceso de renovación.
Esta anomalía -la que ha llevado a la extrema politización del órgano- ya la puso de manifiesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en junio de 2023. En noviembre de 2018, en tiempo y forma, PP y PSOE llegaron a un acuerdo que se frustró después de que salieran a la luz unos mensajes del entonces portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, en los que manifestaba que el pacto con los socialistas permitía a su partido controlar la Sala de lo Penal del Supremo “por detrás”. Los whatsapps de Cosidó provocaron que la persona que había sido propuesta para presidente del CGPJ, el presidente de esa Sala, Manuel Marchena, decidiera retirar su candidatura. El PP se descabalgó entonces del proceso y se retiró del acuerdo. El Parlamento, que había iniciado el procedimiento, lo abortó.
Sin embargo, los seis candidatos judiciales de la Asociación Francisco de Vitoria -ninguno de ellos ha sido finalmente incluido en la lista pactada- decidieron llevar el bloqueo al Tribunal Constitucional y, ante el rechazo de este, al Tribunal de Estrasburgo. Sus magistrados concluyeron que los candidatos de ese colectivo “tenían derecho a participar en el procedimiento para la membresía del CGPJ y a que sus candidaturas fueran examinadas por las Cortes de manera oportuna”. “Los demandantes”, mantenía el tribunal internacional, “tenían el derecho reconocido por la ley nacional a participar en el procedimiento para ser miembros del Consejo”. Es decir, que las Cámaras tenían que haber seguido adelante con el proceso de renovación pese a la falta de acuerdo entre PSOE y PP.
La exmagistrada de Juezas y Jueces para la Democracia y exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, que fue vocal del Poder Judicial entre 1996 y 2001, ha manifestado su oposición al secretismo con el que los partidos monopolizan la renovación y reivindica siempre que tiene oportunidad el protagonismo del Parlamento. “Los candidatos habrían debido acudir al Parlamento y, en sesiones abiertas, deberían haber expuesto su programa y debatido con los parlamentarios”, sostiene la magistrada en un reciente artículo publicado tras conocerse el acuerdo entre PP y PSOE. “Tras esas presentaciones, los grupos parlamentarios podrían haber propuesto aquellos candidatos que les parecieran más idóneos”, añade. Tras ello, llegarían las votaciones para el nombramiento “con el sistema de sucesivos descartes que establecen los reglamentos de las Cámaras”. Todo retrasmitido por los medios para que la sociedad conozca las razones por las que sus representantes eligen el gobierno de los jueces.
Para justificar el bloqueo sin precedentes que ha sufrido el Consejo, el PP ha dado la excusa de la necesidad de modificar el sistema de selección de sus vocales. El partido de Feijoo ha planteado durante todo este tiempo que hay que volver al sistema anterior a 1985, en el que eran los jueces los que elegían directamente a los 12 consejeros procedentes de la carrera, una modificación que su partido nunca ha planteado mientras ha estado en el Gobierno. Esa es también la recomendación de la Comisión Europea y la que defienden tres de las cuatro asociaciones de jueces: la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y las moderadas Francisco de Vitoria (FdV) y Foro Judicial Independiente (FJI). Para el PSOE, sin embargo, esa modificación solo busca perpetuar a la derecha judicial en el control del órgano de gobierno de los jueces, una postura que comparte con la asociación judicial progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJpD).
Con el sistema antiguo que el PP dice pretender restaurar, en las únicas elecciones entre jueces para elegir a los 12 vocales judiciales del Congreso, que se celebraron en 1980, la conservadora y mayoritaria APM se hizo con todos los puestos. Según datos del CGPJ, en diciembre de 2023, 3.100 de los más de 5.300 jueces españoles estaban afiliados a alguna asociación (el 58%). Entre estos, la APM contaba con 1.400 miembros frente a los 930 de la moderada FdV y los 340 de FJI. El único colectivo progresista, JJpD, de la que suele extraer sus candidatos a vocal el PSOE, cuenta con 500 afiliados. Así pues, la derecha sigue siendo predominante en la carrera hoy en día y, previsiblemente, ganaría sistemáticamente las elecciones al Consejo en caso de que se reinstaurara el sistema que prefiere el PP.
El sesgo conservador de nuestra judicatura tiene que ver con el principal sistema de selección de nuestros jueces: la oposición. La catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia Elena Martínez García, sostiene que no todos los aspirantes a serlo pueden estudiar cuatro años más después de terminar la carrera simplemente porque no pueden permitírselo. Desde JJpD advierten de que “no sería aceptable que solo las personas con una determinada capacidad económica puedan ser elegidas como parlamentarios y, del mismo modo, no es admisible que solo los ciudadanos con posibilidad de sufragar los costes de la oposición pudieran llegar a ejercer la función jurisdiccional”.
Sea como sea, todos coinciden en que hay que cambiar el sistema para evitar bloqueos sin precedentes como el provocado por el PP. Porque el retraso en la renovación ha provocado que existan 98 vacantes pendientes de nombramiento, de las cuáles 26 corresponden al Tribunal Supremo, lo que ha ralentizado especialmente el funcionamiento del tribunal. También ocho presidencias de tribunales superiores de justicia y otros puestos en la Audiencia Nacional y en las provinciales. JJpD se ha apresurado a pedir una reforma legal para que, una vez terminado el mandato de cinco años del órgano, sus vocales cesen de manera automática para forzar al Parlamento a renovarlo.
En seis meses que transcurran desde su toma de posesión, los nuevos vocales tendrán que elaborar un estudio en el que se analicen los diferentes sistemas europeos para la elección de sus miembros en países de nuestro entorno y hacer una propuesta de reforma que se enviará al Gobierno y al Parlamento, tal y como obliga el acuerdo alcanzado por PSOE y PP. El documento, que tendrá que aprobarse en el Consejo por mayoría de tres quintos, servirá de base para la futura configuración del órgano. Será una reforma importante porque los vocales eligen magistrados de Constitucional y del Supremo e informan todos los proyectos legislativos que tengan que ver con sus atribuciones. En definitiva, como gobierno de un poder del Estado, es un órgano político. Ahora tiene el reto de recuperar su credibilidad.
No ha ocurrido una sola vez, ni dos. Sino tres. Tres veces han sido las que el PP ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial en los 46 años que llevamos de democracia para intentar mantener ese órgano constitucional bajo su órbita. Lo hizo en noviembre 1995, con Felipe González como presidente, cuando hubo que esperar hasta junio del año siguiente, con José María Aznar ya en el poder, para renovarlo. También en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero de jefe del Ejecutivo; un año y diez meses se tardó en nombrar a los nuevos vocales. Pero el retraso más largo, con diferencia, ha sido el que ese partido se avino poner fin el pasado 25 de junio. Cinco años y medio sin acuerdo que han puesto a la judicatura española al borde del colapso y han generado un desprestigio sin precedentes en el órgano de gobierno de los jueces, en un proceso interno español que, sin embargo, ha tenido que ser tutelado por la Comisión Europea.