El pulso entre las compañías eléctricas y el Gobierno avanza y ninguna de las dos partes recula en sus posiciones. Las empresas hablan de "inseguridad jurídica" y cuentan que, tras el decreto que les extrae "beneficios extraordinarios" a hidroeléctricas, nucleares y renovables fruto del coste de un gas natural que no pagan, su actividad va a dejar de ser rentable. El Gobierno lo niega. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican a infoLibre que, ante la amenaza de parar la producción de algunas patronales de energía eólica, tanto la Ley del Sector Eléctrico como el real decreto 1955/2000 impiden hacerlo sin una justificación razonable. Lo que el Ejecutivo no puede frenar es el parón en la inversión, como ha adelantado Iberdrola, y que puede comprometer a la larga los objetivos del país de cara a 2030 en su transición energética.
Primero fue la patronal nuclear, que aseguró que el anteproyecto de ley que tramita el Congreso, mediante el cual el Estado se queda con los ingresos de más de esta tecnología por percibir lo relativo al mercado de CO2 cuando no emiten dióxido de carbono, hacía su actividad insostenible y las centrales tendrían que clausurarse antes de lo previsto. Fuentes de Transición Ecológica explicaron por entonces que el precio del CO2 que percibían cuando pactaron el cierre ordenado de las instalaciones era similar al que les garantiza la norma, por lo que si no echaban de menos esos ingresos en 2019, no los podían echar de menos ahora. Además, solo dos pueden clausurarse al no pedir la renovación de la licencia de las siete en funcionamiento actualmente, según la Ley del Sector Eléctrico, que exige el visto bueno del Estado ante un cierre para garantizar la seguridad de suministro.
Es la misma ley a la que hacen referencia estas fuentes del departamento de Teresa Ribera para echar por tierra las supuestas intenciones de las eléctricas. La Asociación APPA Renovables aseguró que las empresas se verán abocadas a "paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma". Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico reza que "el cierre temporal de las instalaciones de producción requerirán autorización administrativa previa en los términos establecidos en esta ley". Como se percibe en las declaraciones públicas de la ministra y ha podido comprobar este periódico, el enfado y la estupefacción del equipo gubernamental de Energía con la actitud de las compañías es notable y no está dispuesto a dar un paso atrás en las medidas para reducir el impacto de la crisis de la luz en los consumidores.
Además, la ministra Ribera ha explicado este martes en sesión del Congreso que ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue si las eléctricas han paralizado su producción renovable para encarecer el pool y mantener la ofensiva. Argumenta el Gobierno que no pueden pararla sin justificación: pero pararla para manipular el mercado es un paso más allá que puede acarrear consecuencias penales, como a las que se enfrenta Iberdrola tras el episodio de 2013. Fuentes de la CNMC explican que este tipo de peticiones por parte del Ejecutivo son solo de cara a la galería: el regulador vigila en todo momento el funcionamiento del mercado eléctrico, sin cambiar su actividad por las sugerencias de ningún ministerio.
¿Por qué aseguran las renovables que el decreto anunciado estas semanas las obliga a paralizar su producción? La norma les retrae los beneficios derivados de cobrar lo correspondiente a utilizar el gas como materia prima sin utilizarlo, debido al diseño del sistema marginalista. Pero con un suelo: el Estado les garantiza una retribución mínima de, aproximadamente, unos 40 euros MW/h. Pero argumentan las eléctricas que la mayoría de su producción está ya vendida mediante contratos bilaterales, en las que generadora y comercializadora pactan un precio a seguir durante años muy inferior a lo que marca el pool en la actualidad, por lo que la minoración, a pesar del suelo, conllevaría el absurdo de perder dinero cuando generen electricidad.
El Gobierno es consciente de esta situación, que aplica solo a renovables porque tanto hidroeléctricas y nucleares cuentan con contratos bilaterales intragrupo a los que no les afecta la minoración hasta ese punto. En esta modalidad, la generadora y la comercializadora son parte del mismo grupo empresarial: así funcionan las cuatro grandes –Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP–. Por lo que tienen la capacidad de "internalizar el precio de mercado" modificando las condiciones a su gusto, explica el profesor de Economía Aplicada y experto en el mercado eléctrico Diego Rodríguez. Pero si los contratos no son intragrupo, como le suele pasar a las instalaciones de energías limpias, podría pasar que pagaran por generar, en vez de cobrar.
El Ejecutivo publicó una nota aclaratoria tras el anuncio del decreto para evitarlo: los contratos bilaterales que no sean intragrupo y en los que se pueda acreditar que no se ha seguido como referencia el precio de la subasta estarán exentos de la minoración de beneficios del gas. Así, si no cobras de más, el Ejecutivo entiende que no hay "beneficios extraordinarios" y no los requisa para abaratar el recibo de la luz. Pero la patronal renovable no se dio por satisfecha y la amenaza de cortar la producción sigue en pie. Aunque fuentes del Gobierno insisten en que no lo pueden hacer unilateralmente si no quieren atenerse a fuertes sanciones.
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Pero hay otro peligro ante el cual el Gobierno puede hacer poco: la retracción de la inversión. Iberdrola ya ha anunciado que, aparte de subir sus tarifas del mercado libre a grandes consumidores, se replanteará sus inversiones en nuevos proyectos de energía solar fotovoltaica y eólica. Y la consecución de los objetivos del Ejecutivo necesita, en gran parte, de capital privado. Para cumplir con las metas climáticas, España necesita pasar de los 22.925 MW de potencia eólica instalada a los 50.333 MW. Y para ello, necesita a las compañías de su parte. Pero los tiempos en los que los presidentes de las grandes eléctricas acudían a los anuncios del Ejecutivo para mostrar su apoyo a Ribera quedan ya lejanos y nadie sabe si volverán.
"Si voy a mercado", explica Rodríguez, hablando de las renovables que acuden al pool a vender su electricidad en vez de a las subastas a largo plazo, "y me vas a castigar o tengo la duda de si me vas a terminar castigando, das una señal mala, de incertidumbre. Es una mala señal para las inversiones si quieres que entren un montón de renovables". El especialista, compartiendo el fondo de las medidas del Gobierno, tiene dudas sobre si la minoración del gas –no la del CO2, dependiente del anteproyecto– va a recibir el visto bueno del Tribunal Supremo.
Considera que el Ejecutivo "se ha precipitado" sacando un decreto que requirió una nota aclaratoria posterior. Y sin informe previo del Consejo de Estado ni de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), "hay más dificultad para tener un agarre jurídico. Es terreno desconocido". El tiempo dirá, en próximos capítulos de la batalla de la luz.
El pulso entre las compañías eléctricas y el Gobierno avanza y ninguna de las dos partes recula en sus posiciones. Las empresas hablan de "inseguridad jurídica" y cuentan que, tras el decreto que les extrae "beneficios extraordinarios" a hidroeléctricas, nucleares y renovables fruto del coste de un gas natural que no pagan, su actividad va a dejar de ser rentable. El Gobierno lo niega. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica explican a infoLibre que, ante la amenaza de parar la producción de algunas patronales de energía eólica, tanto la Ley del Sector Eléctrico como el real decreto 1955/2000 impiden hacerlo sin una justificación razonable. Lo que el Ejecutivo no puede frenar es el parón en la inversión, como ha adelantado Iberdrola, y que puede comprometer a la larga los objetivos del país de cara a 2030 en su transición energética.