Ribera anuncia medidas para librar a la industria de la crisis energética y para aumentar la protección del bono social

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este jueves más actuaciones contra la escalada de la luz en el pleno del Congreso que debate la convalidación del decreto ley de medidas urgentes sobre el precio de la electricidad. "En las próximas semanas esperamos poder completarlo con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria", ha asegurado, "reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social". 

Por lo tanto, la actuación del Gobierno se dirigirá en dos direcciones. Una, en dirección a la industria electrointensiva. Algunas fábricas han tenido que cerrar debido a los altos precios de la electricidad. En la comunicación de este miércoles emitida por la Comisión Europea se pedía a los Estados miembro el fomento de nuevos contratos bilaterales, preferentemente con energías renovables: un acuerdo entre las instalaciones y las generadoras energéticas para suministrar la electricidad a precio cerrado. El Gobierno fomentará este modelo, pero no ha detallado exactamente cómo: podría eximirlo del hachazo de la minoración del gas, la medida más polémica, que extrae 2.600 millones de euros de "beneficios extraordinarios" de las eléctricas. Siempre, eso sí, que se demuestre que el precio del MWh pactado es menor al correspondiente de la subida del gas natural. 

Ese es el posible resultado de las negocaciones de la ministra durante estas semanas tanto con la industria como con las eléctricas, que habían sido muy críticas, sobre todo, con el impacto de la minoración en los contratos bilaterales, aunque el Ejecutivo publicó una nota aclaratoria para eximir a buena parte de las renovables de la extracción de beneficios. 

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En una segunda dirección, las nuevas actuaciones combatirán la pobreza energética. El Ejecutivo comunitario pedía que el dinero procedente de las subastas de carbono y de las rebajas de impuestos se dirigiera a los más vulnerables para paliar el impacto, no al conjunto de la población. Las organizaciones contra la pobreza energética han criticado que las medidas de urgencia del decreto no permitían aumentar la cobertura del bono social, que ofrece un descuento de hasta el 40% en la factura, automatizar su concesión o mejorar la rebaja. España, así, escucha la llamada de estas asociaciones y de Bruselas, aunque la ministra no ha detallado cómo. 

Ribera tampoco ha especificado si impulsará enmiendas al decreto ley, en su tramitación como proyecto de ley –pendiente de aprobación, al cierre de esta pieza– o en una futura norma posterior. La ministra ha defendido el decreto presentado el pasado 14 de septiembre, que a su juicio vela "por encima de todo por el interés del consumidor" mientras garantiza una "rentabilidad razonable" a las eléctricas.

La convalidación es probable, aunque las críticas recibidas han sido numerosas. El PP ha criticado la "arbitrariedad" de la minoración del gas y Cs asegura que se trata de una "chapuza" que "destruye las ventajas del sistema marginalista". La nota aclaratoria publicada para reducir el impacto de la norma en las energías renovables también ha sido cuestionada por la improvisación que demuestra, como han asegurado otros grupos.