Con el mundo sacudido por una gigantesca crisis sanitaria, acecha –en realidad ya empieza a hacerse realidad– una crisis económica igualmente gigantesca. Los Estados se ven obligados a exprimir la chequera. Está ya asumida la subida de la deuda y del déficit. Pero lo urgente es ahora inevitable: además de los gastos fijos en funcionarios, pensionistas y desempleados, el Estado tiene que ayudar al aluvión de nuevos parados, a autónomos y a empresas. ¿A todas las empresas?
¿También a una cuyos titulares estuvieran –digamos– escondidos tras una maraña societaria que utiliza algún territorio fiscalmente ventajoso o poco transparente?
Resulta complicado responder sí a esa pregunta sin llevarse un reproche político o incluso moral. Y los gobiernos y los partidos lo saben. Por eso hay ya sobre la mesa anuncios de limitación en el acceso a ayudas en numerosos países de la UE. Son anuncios vistosos, rentables políticamente. Pero podrían concretarse en poco. En primer lugar, porque la lista de la UE de "territorios no cooperadores", referente para establecer las limitaciones, deja fuera las áreas ventajosas en el propio seno de la Unión, con costes milmillonarios para los Estados miembros, entre ellos España, según denuncian organizaciones defensoras de la justicia fiscal. Por otra parte, la aplicación de medidas presenta graves problemas técnicos.
De Dinamarca a Francia, pero España no
La medida que más ha impacto ha tenido ha sido la adoptada por Dinamarca. El país nórdico aprobó el 18 de abril un paquete de ayuda por valor de 100.000 millones de coronas danesas (13.400 millones de euros) y añadió una enmienda que vetaba el acceso a empresas registradas en paraísos fiscales. La lógica es aplastante: si se trata de salvar la economía, es ilógico que el dinero acabe en un territorio opaco. Como era previsible, la medida ha sido un éxito político-mediático. Pero conviene ponerle la lupa.
Kenneth Haar, investigador de la ONG Corporate Europe Observatory, afirma que este tipo de cláusulas "tienen que estar bien elaboradas". "Desafortunadamente, Dinamarca muestra cómo no hacerlo", añade. ¿Por qué? "Sólo las doce naciones que figuran en la lista negra de la UE están catalogadas como paraísos fiscales. Eso significa que el efecto será mínimo. Para que estas propuestas sean efectivas, tendrían que incluir la evasión de impuestos por parte de las empresas que utilizan Irlanda, los Países Bajos o Luxemburgo como base", señala Haar, residente en Dinamarca. Y ni siquiera eso sería suficiente, a su juicio. "Necesitaríamos otras herramientas para tratar el fenómeno, algunas internacionales, otras europeas. Un ejemplo es que todavía no podemos excluir de la contratación pública a las empresas con sede en paraísos fiscales. Me encantaría verlo en ciudades de toda Europa".
La medida de Dinamarca tenía el valor añadido de venir de un Estado respetado por su calidad institucional. Pero ha habido más. Antes que Dinamarca, fue Polonia, donde el primer ministro Mateusz Morawiecki, del partido nacionalista Ley y Justicia, dijo que las grandes empresas que quieran beneficiarse de un fondo de rescate deben pagar los mismos impuestos que las empresas nacionales. Hay sobre la mesa –con mayor o menor grado de concreción– medidas similares en Bélgica y Austria. En Francia, el ministro de Finanzas de Emanuel Macron, Bruno Le Maire, ha afirmado: "No hace falta decir que si una empresa tiene su sede fiscal o sus filiales en un paraíso fiscal, y quiero decirlo con fuerza, no podrá beneficiarse de la ayuda del Estado". Raphael Pradeau, del grupo de campaña Attac France, subrayó en declaraciones a Politico que las medidas de Le Maire no resolverían, por ejemplo, el problema de Renault-Nissan, cuya asociación estratégica (también con Mitsubishi) tiene su sede en los Países Bajos, mientras que Renault podría beneficiarse de un apoyo estatal. "Esta medida es en gran medida simbólica", según Pradeu. En Italia ha abierto el debate Emanuele Felice, asesor económico del gobernante Partido Demócrata, aunque está por ver el alcance de la medida.
En España la discusión ha existido, pero casi no se ha notado. Ecos mínimos. Han pedido medidas de este tipo Más País y Més (en Baleares). La Coordinadora Andaluza en Defensa del Sistema Público de Pensiones ha incluido la propuesta en una denuncia ante el Defensor del Pueblo Andaluz a raíz de la investigación de infoLibre sobre residencias de ancianos, que ha desvelado que los dueños de Vitalia se esconden tras una maraña empresarial que pasa por Holanda, Luxemburgo y Jersey. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de momento no ha entrado al tema. En Unidas Podemos han puesto el dedo en la llaga voces críticas como Teresa Rodríguez. Por lo demás, se oye poco o nada.
Dentro o fuera de la UE
Y no porque sea un tema menor. La coalición de investigadores y activistas Tax Justice Network acaba de publicar un informe según el cual los Estados de la UE pierden más de 24.700 millones de euros al año en impuestos de sociedades en el Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y los Países Bajos, con tipos de entre el 10% y el 0,8%. Este "eje de la evasión fiscal", como lo llama Tax Justice Network, le cuesta a la UE 12 veces el presupuesto del Consejo Europeo de Investigación, un organismo paneuropeo de financiación de la ciencia y la tecnología que actualmente financia a más de 70.000 investigadores y que ha financiado siete proyectos ganadores del Premio Nobel, subraya esta organización. Según estima Tax Justice Network a preguntas de infoLibre, España está perdiendo 2.280 millones de euros al año por estos "cuatro paraísos fiscales corporativos" que no lo son para la UE.
Tax Justice Network apunta a Reino Unido, Suiza, Luxemburgo y Países Bajos para poner el dedo en la llaga de la UE, que no incluye ninguno de estos países en su catálogo de paraísos fiscales. Su lista de "países y territorios no cooperadores a efectos fiscales", actualizada en febrero, incluye Samoa Americana, Islas Caimán, Fiyi, Guam, Omán, Palaos, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Vanuatu y Seychelles [ver aquí]. "El objetivo no es señalar y poner en evidencia a los países, sino fomentar un cambio positivo a través de la cooperación", señala el Consejo Europeo.
"Es bueno que los gobiernos traten de impedir que el dinero fluya a los paraísos fiscales. Pero, lamentablemente, las propuestas hasta ahora tienen serias limitaciones. Nos preocupa especialmente la idea de utilizar la lista negra de la UE para decidir qué jurisdicciones deben ser consideradas 'paraísos fiscales'. Los Estados miembros de la UE, que elaboran la lista negra de la UE, han decidido que no incluirán a los países de la UE en la lista negra. Pero al mismo tiempo, países como los Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda siguen utilizando algunas prácticas fiscales muy perjudiciales, que las empresas pueden utilizar para evitar impuestos. Por lo tanto, la lista negra de paraísos fiscales de la UE no es una herramienta útil para detener la evasión de impuestos", indica Tove Maria Ryding, coordinadora de impuestos de la European Network and Debt Development (Eurodad), una red de organizaciones por la justicia fiscal.
Propuestas de filtro
¿Qué hacer, entonces? A juicio Tove Maria Ryding, los gobiernos "deberían exigir a todas las empresas multinacionales que publiquen información que muestre dónde hacen negocios y cuánto pagan de impuestos en cada país donde operan". "Una vez que tengamos este tipo de transparencia podremos ver si el apoyo público está terminando en paraísos fiscales o no", añade.
Hay más propuestas sobre la mesa. A raíz de las medidas de Dinamarca y Polonia, Tax Justice Network ha elaborado un sistema de cinco pasos para decidir si una empresa puede recibir un "rescate" con criterios de justicia fiscal. Los cinco pasos se corresponden con sendas preguntas.
1. ¿Tiene el grupo una o más subsidiarias en el top 10 del Financial Secrecy Index del Corporate Tax Haven Index –en el que están las Islas Vírgenes Británicas, Bermuda, Islas Caimán, Holanda, Suiza, Luxemburgo, Jersey, Singapur, Bahamas y Hong Kong–? En caso afirmativo, el grupo empresarial debe "demostrar que la presencia en la jurisdicción es para una actividad comercial legítima".
2. ¿Ha participado el grupo en algún escándalo financiero o fiscal o ha sido juzgado por recibir ayuda estatal ilegal?
3. ¿Ha publicado el grupo en Internet las cuentas más recientes de todas las entidades jurídicas del grupo, incluidos informes completos país por país?
4. ¿Ha publicado el grupo información sobre quiénes son los beneficiarios y los propietarios legales de todos sus vehículos y la estructura empresarial completa?
5. ¿Se ha comprometido el grupo a proteger a los empleados y a no repartir dividendos hasta haber devuelto los préstamos?
Dificultades
Jesús Rodríguez Márquez, abogado experto en práctica tributaria en del bufete F & J Martín Abogados, es uno de los autores de una guía de Intermón Oxfam para impulsar la contratación pública con empresas que no están en paraísos fiscales [ver aquí]. Su conclusión, tras adentrarse en la madeja de dificultades existentes, es que introducir limitaciones suena más fácil de lo que es. En el caso de la contratación no es imposible, pero "se necesita una cláusula permitiendo la prueba en contrario". "Además, hay que tener en cuenta que, en ocasiones, se opera en paraísos fiscales por motivos no fiscales. La normativa fiscal antiparaísos mete una cláusula que establece excepciones cuando las empresas son capaces de actuar desde allí por un motivo económico válido distinto del ahorro fiscal. Por ejemplo, porque el país tiene una legislación industrial que te interesa, o por razones logísticas...", señala. Es decir, hay vericuetos.
Exxonmobil utilizó España durante años para transferir beneficios de Luxemburgo a Delaware sin pagar ni un euro en impuestos
Santiago Ledesma Zabalegui trabajó junto a Rodríguez Márquez en el informe, aportando sus conocimientos sobre derecho administrativo. A su juicio, la propuesta para contratación exclusiva con empresas que no se dejen tentar por paisajes offshore puede ser "perfectamente trasladada" al ámbito estatal. Pero es difícil. "No hay seguridad jurídica porque no hay seguridad técnica", señala, indicando la doble dificultad de delimitar con concreción qué es un paraíso fiscal y acreditar luego que una empresa actúa allí para no pagar impuestos. Además, como recalca Ledesma, "en contratos públicos hay una directiva europea, que está traspuesta en España a una ley de contratos que tasa las limitaciones". "No te puedes inventar limitaciones", señala. "Cosa distinta es una subvención. En la Ley General de Subvenciones no hay este tipo de limitaciones, ni estás limitado por ninguna directiva europea", indica.
Juan Hernández Vigueras, doctor en Derecho e investigador sobre paraísos fiscales de larga trayectoria, amplía el foco. "Los paraísos fiscales forman parte de la libertad de movimiento de capitales, que es clave para el capitalismo y que explica el descontrol que llevó a la crisis financiera de 2008. O hay una acción coordinada y generalizada, o creo que todo esto se quedará en nada", apunta Hernández Vigueras en referencia a las medidas ahora anunciadas por Dinamarca, Francia...
El investigador recalca que el debate se produce "en el vacío" porque no hay un verdadero consenso vinculante sobre qué es un paraíso fiscal. Para empezar, señala, la gran mayoría de los que los utilizan lo hacen más para ocultar su identidad que por motivos fiscales, un problema que no se arreglaría con la simple exclusión de las empresas de paquetes de ayudas. En España, la ley permite ocultar la titularidad real de los poseedores de una empresa si ninguna persona física tiene un 25% o más del capital de la empresa. Esta herramienta es utilizada frecuentemente para la ocultación de titulares de empresas que desembocan en paraísos fiscales. Hernández Vigueras cree que una buena muestra de voluntad política serían reformas legales para eliminar margen de opacidad. Los anuncios hasta ahora los ve, más bien, "propaganda".
Con el mundo sacudido por una gigantesca crisis sanitaria, acecha –en realidad ya empieza a hacerse realidad– una crisis económica igualmente gigantesca. Los Estados se ven obligados a exprimir la chequera. Está ya asumida la subida de la deuda y del déficit. Pero lo urgente es ahora inevitable: además de los gastos fijos en funcionarios, pensionistas y desempleados, el Estado tiene que ayudar al aluvión de nuevos parados, a autónomos y a empresas. ¿A todas las empresas?