Riesgos y ventajas de extender la educación obligatoria a los 18 años

Alargar la educación obligatoria hasta los 18 años, es decir, que todos los alumnos tengan que empezar a estudiar el bachillerato o una FP de grado medio. Esta es una de las propuestas en materia educativa con las que el PSOE concurrirá a las próximas elecciones, según adelantó este lunes la Cadena Ser. La idea no es nueva –de hecho, la propuso el entonces ministro socialista Ángel Gabilondo en 2009, aunque no llegó a plasmarse en el programa de las generales de 2011– pero ha puesto sobre la mesa varios asuntos.

Entre ellos, cómo puede contribuir a luchar contra el abandono escolar, hasta qué punto es viable obligar a estudiar a alumnos casi adultos, si puede mejorar la perspectiva laboral de los jóvenes u otro aspecto muy relevante: la financiación. Sobre esta última cuestión los socialistas no han dado más detalles. Para conocer cuál es el impacto económico de esta medida habrá que esperar a mitad de noviembre, cuando el PSOE definirá su programa en una conferencia política, señala un portavoz.

Aunque con matices, los analistas a los que ha preguntado este periódico valoran la propuesta, pues entienden que dejar la escuela sin tener como mínimo una credencial de educación superior es salir muy poco preparado para el mercado de trabajo. Consideran, además, que la única vía para asumir el objetivo de Europa 2020 de lograr un 85% de titulados de Educación Secundaria Superior implica la escolarización universal de ese tramo de edad y, por tanto, gratuita. 

No obstante, subrayan otros problemas que esta medida puede plantear. Entre ellos, el citado de la financiación, pero también cómo puede influir en un profesorado que tendría que enfrentarse al reto de ver cómo cambia el perfil de su alumnado. Hay quien piensa también que habría que empezar por mejorar lo que ya existe y no funciona y que, si hay que elegir, mejor enfocarse en garantizar el acceso gratuito a la educación de 0 a 3 años, pues se considera muy sólida la evidencia científica que relaciona la educación infantil con el rendimiento de los estudiantes, además del retorno que esta escolarización genera en materia, por ejemplo, de conciliación laboral. 

La adaptación del profesorado

"Lo que yo buscaría sería asegurar lo que ya tenemos y garantizar cuestiones como la educación de los más pequeños, los que tienen entre cero y tres años, pero en escuelas infantiles y con profesionales y con recursos adecuados", dice Jurjo Torres, catedrático de Organización Escolar de la Universidad de A Coruña.

Es cierto que los socialistas proponen también retomar el proyecto de ampliación de la educación infantil Educa3 que ya pusieron en marcha en 2008, con 100 millones de presupuesto anuales que las comunidades autónomas debían completar. En 2012, este programa fue eliminado con el argumento del Ministerio de Educación de que esta etapa es “asistencial” y no educativa. Ahora, el PSOE tampoco ha concretado cómo lo financiará.

Torres ve también el "peligro" de que es una ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18 años puede ser algo económicamente muy costoso. Y apunta que esta medida supondría también aumentar los conciertos educativos a esa etapa. "Yo pondría la condición de que esta propuesta no acabe convirtiéndose en un negocio con la concertación de nuevos ciclos", añade. También Rafael Feito, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, alude al componente económico, si bien añade que parte de las dificultades pueden partir de la adaptación del profesorado.

"El tipo de alumnado cambiaría y eso requiere también una actualización por parte de los docentes, que son los que tienen que hacer el esfuerzo de que la escuela sea un lugar atractivo, no algo soporífero... Desde luego, lo destacado es que si no conseguimos que prácticamente el 100% de nuestros chicos acaba en FP o bachillerato nos va a seguir yendo tan mal como nos va", asevera. 

José Saturnino Martínez, sociólogo especializado en educación y desigualdad social, coincide con Feito en destacar las consecuencias que puede tener sobre el profesorado. "Lo que aprendimos con la LOGSE es que al ampliar de 14 a 16 la edad de escolarización cambió el perfil de los alumnos. Entonces, el profesorado no se reconvirtió al nuevo tipo de alumnado. Y eso es algo que sí debería ocurrir de ponerse en marcha esta medida. Eso requiere formación adicional y cambio de cultura en los docentes. No se trata de cambiar la ley y poner más recursos, sino de que lo suceda dentro de las aulas sea más atractivo para los chavales de 16 y 17 años", asevera. 

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En este punto sale a colación uno de los principales problemas del sistema educativo español: el elevado número de jóvenes que abandona los estudios sin graduarse, al menos, en bachillerato o FP. Actualmente España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema. La clave es saber si alargar por ley la educación obligatoria contribuirá a modificar este escenario. 

En términos generales, los expertos consideran que no. "Este cambio normativo debería ser el último paso de una serie de reformas que llevarían mucho tiempo. Si durante cinco o diez años haces esos cambios podrías conseguir que el abandono educativo terminara siendo algo residual y, entonces, no sería problemático obligar por ley a los pocos que quedaran a seguir en el sistema. Ahora, si empiezas con ley, es muy posible que se generen disfunciones", analiza José Saturnino Martínez. 

Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología en la Universidad Complutense, abre, además, el melón de hasta qué punto puede ser contraproducente obligar a permanecer en las aulas a jóvenes que no quieren estar en ellas. "El objetivo debe ser que todos los estudiantes sigan hasta los 18 o más, pero no vía obligatoriedad", señala. A su juicio, tendría que hacerse eliminando los costes directos e indirectos de la escolarización –libros, material escolar, transporte, comedor...– y ofreciendo "una enseñanza más atractiva, pertinente y relevante a unos jóvenes que ya no pueden ni deben ser obligados a permanecer en las aulas contra su voluntad".