Rights International Spain denuncia que el Gobierno coarta el acceso a la justicia de los ciudadanos

La ONG Rights International Spain (RIS) comienza este miércoles la campaña #SinJusticia, en la que pretende denunciar lo que considera un sentimiento general de indignación ciudadana ante las políticas de “restricción de derechos y de libertades” llevadas a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Valiéndose de estudios jurídicos propios, vídeos divulgativos y análisis de diferentes expertos, la organización analiza las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana, del Código Penal, de la Justicia gratuita, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Tasas judiciales que entró en vigor a finales de 2012.

Según RIS, la intención de esta campaña informativa es que cualquier persona pueda tener acceso a los citados análisis para informarse –e informar a otros a su vez– de las reformas que el Ejecutivo español ha promovido en los últimos tiempos.

Ley de Seguridad Ciudadana

La ONG ejemplifica un caso en el que la llamada “ley mordaza” podría recaer sobre un ciudadano: “¿Qué pasaría si se difunde por las redes sociales el mensaje: 'Todos a la Plaza Mayor contra la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Tráete tu propia mordaza'?”, se preguntan.

“Primero –continúan–, la Policía podría parar y pedir la identificación a cualquier persona que fuera tapada con un pañuelo a modo de mordaza simbólica. Segundo, podría sancionarse a todos los participantes por acudir a una concentración no comunicada. Tercero, a quienes hayan difundido la convocatoria, se les podrá sancionar como autores por la difusión, y como inspiradores de la concentración”, concluyen desde RIS.

Código Penal

La reforma del Código Penal es presentada como una modificación innecesaria, que restringe derechos fundamentales de los ciudadanos y que no incluye los delitos que según la organización sí deberían contemplarse.

“El Estado puede legítimamente restringir algunos derechos de la ciudadanía con el fin de proteger valores tales como la seguridad y el orden público. Pero las restricciones deben ser proporcionadas y verdaderamente necesarias. De lo contrario, se convierten en ilegítimas e inadmisibles en una sociedad democrática”, aseguran en uno de sus análisis jurídicos.

Creen que la reforma incluye numerosas modificaciones de los delitos contra el orden público que se puede traducir en criminalización de la protesta social y “puede poner en riesgo los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, reconocidos por la Constitución y por las normas protectoras de los derechos humanos”.

Tasas judiciales

“Parece que al Gobierno le preocupa que los ciudadanos vayamos a los tribunales para reclamar nuestros derechos y que la Justicia nos proteja”, comienzan. A continuación, exponen que estas tasas vulneran el Convenio Europeo de Derechos Humanos y libertades fundamentales y denuncian que “el acceso a la justicia quedará reservado a aquellos que tengan recursos” dado que las tasas no tienen en cuenta los recursos que tienen los ciudadanos a la hora de introducirse en un proceso judicial.

Justicia gratuita

Desde la organización no gubernamental creen que el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aprobado el pasado febrero por el Consejo de Ministros supondrá que menos personas podrán beneficiarse de este derecho.

“Los que más salen perdiendo –aseguran– son los ciudadanos sin familia”, ya que más de 3.000 euros de ingresos anuales les separan del techo puesto a los que convivan en pareja, aunque no tengan hijos.

De este modo, según RIS, una persona que quiera recurrir una multa y que cuente con unos ingresos de más de 1.065 euros al mes sin nadie a su cargo, no tendrá derecho a un abogado de oficio.

Ley de Enjuiciamiento Criminal

Entre otras medidas, esta reforma significaría “herir de muerte” el mecanismo de la acción popular, que quedaría limitado. Ante este hecho, la ONG recuerda que el caso Nóos, el juicio a Miguel Blesa o la investigación de los papeles de Bárcenas se iniciaron gracias a ciudadanos que ejercieron la acción popular y que, de verse acotada esta opción, muchas causas quedarían sin justicia.

Ley Orgánica del Poder Judicial

RIS se vale del testimonio del portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, para cargar contra una modificación que, según la organización, está diseñada para impedir las quejas y críticas por parte de los magistrados, “limitando el derecho a la libertad de expresión de las asociaciones de jueces y fiscales y su derecho a participar en la vida pública”.

Ponen sobre la mesa las quejas del colectivo, que denuncia un total colapso de la justicia. Pese a ello, añaden, “al Gobierno le pareció oportuno prescindir de unos 1.200 jueces diciendo que resultaban innecesarios”.

Esta reforma trae consigo la supresión “de un plumazo” de la justicia universal, que paralizará los casos abiertos en esta materia en la Audiencia Nacional.