El rodillo del PP tumba la petición de comparecencia de 10 ministros

Cerrojazo parlamentario. La oposición quería la comparecencia urgente de Mariano Rajoy y de una docena de ministros en el Congreso. Resultado: ni Rajoy comparecerá ni tampoco lo harán 10 ministros. Sólo acudirán el titular de Exteriores, José Manuel García-Margallo, el próximo 31 de julio para explicar la posición de España en el conflicto en Gaza y el derribo del avión de Malaysia Airlines en territorio ucraniano, y el responsable de Economía, Luis de Guindos, para contar las medidas que el Ejecutivo adoptará tras el varapalo de la UE a la Ley Antidesahucios española. Y punto. Ese fue todo el rédito que la oposición sacó a nueve larguísimas horas de debate.

Los grupos de la Cámara habían registrado un total de 35 solicitudes de comparecencia para la reunión de la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno en época de vacaciones parlamentarias, como es el caso. 35 peticiones (luego se retiró una) que afectaban a todos los miembros del Consejo de Ministros, salvo a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy había sido requerido por Izquierda Plural y el Grupo Mixto. Querían que informara sobre la situación en la Franja de Gaza y la muerte de civiles a manos de Israel. Ambos también reclamaban la comparecencia del ministro de Exteriores, petición que compartía el PSOE. El PP rechazó que el presidente acudiera al Congreso por este asunto, aunque sí apoyó que se explicara Margallo. Este irá a la Cámara el 31 de julio a petición propia y a petición de la unanimidad de la Diputación Permanente, para dar cuenta de las "gestiones" que su departamento está llevando a cabo. La fecha se demora más de una semana porque el ministro, según justificó la diputada conservadora Beatriz Rodríguez-Salmones, "está viajando para participar en la solución" del conflicto. La parlamentaria aseguró que su grupo comparte con la oposición el "dolor" y la "necesidad de actuar ante la magnitud de la tragedia", pero añadió que el túnel de salida "viene por el alto el fuego, por exigir un tratamiento humanitario y por seguir trabajando en la única solución, que es la posibilidad de que existan dos Estados, Israel y Palestina". 

La oposición urgió al Gobierno a actuar, a pedir el alto el fuego "inmediato" y a que exija que se abran corredores para atender a los heridos. Unos grupos fueron más duros y otros menos en su reclamación de condena a la respuesta de Israel a los ataques con cohetes de Hamás, pero todos coincidieron en denunciar las muertes "injustificables" de civiles.

No más explicaciones por el 'macrodecreto'

Margallo irá el 31 al Congreso. De Guindos ya tenía previsto acudir a la Cámara el día 29 para hablar de la coyuntura económica general. El PP aceptó que se añada al orden del día el debate sobre el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declara abusiva la legislación hipotecaria española. El ministro de Economía, por tanto, había pedido él mismo hablar ante los diputados. También lo había hecho Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, para hablar de la Ley de Mutuas. Así los conservadores pudieron rechazar que quien explicara este asunto fuera la ministra de Empleo, Fátima Báñez. 

Salvo Margallo y De Guindos, todas las demás solicitudes fueron descartadas. Había otra de Rajoy, registrada por IU. Le exigía que fuera al Congreso para explicar por qué el Gobierno central no ha querido convocar una subcomisión con la Junta de Andalucía, como esta deseaba, en la que el Ejecutivo autonómico quería hablar de temas de infraestructuras y vivienda. José Luis Centella, portavoz adjunto de Izquierda Plural, recordó que no es la primera vez que Rajoy se niega a dialogar con la mayor comunidad de España, porque la llevó directamente al Constitucional tras aprobar la Ley Antidesahucios. 

Más noes. Los referidos al macrodecreto de medidas económicas que modifica una veintena de leyes y reales decretos leyes, que se convalidó el pasado 10 de julio con el rechazo de todos los grupos. Presentó el texto Sáenz de Santamaría, pero el PSOE quería escuchar las explicaciones de todos los ministros afectados por el texto: los de Justicia, Defensa, Hacienda, Fomento, Educación, Empleo, Industria y Economía. 

El decretazo regula aspectos tan distintos como la privatización de AENA, la liberalización de horarios comerciales, la regulación del uso de drones, la aprobación de incentivos al empleo juvenil, el traspaso del Registro Civil a los registradores mercantiles o la modificación del sistema geodésico de referencia en España. Pero de todo esto no se hablará por ahora en el Congreso. El decreto sí se tramita ya como proyecto de ley, una cesión del Ejecutivo a los grupos.

Ni Gallardón, ni Pastor, ni Soria...

Aborto. El Ejecutivo no ha concretado cuándo llevará el proyecto de ley al Consejo de Ministros para su traslado posterior a las Cortes. El propio ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, reinterpretaba esta semana la expresión "antes del verano", el plazo que se había marcado el Gobierno y que hacía pensar que se aprobaría antes de las vacaciones de agosto. "Estoy en condiciones de decirles que el proyecto se aprobará antes de que termine el verano, y el verano acaba en septiembre, ¿no?". 

El PP rechazó las peticiones del PSOE y de IU-ICV-CHA con el argumento de que el texto aún no ha llegado al Congreso, y se escudó en que el anteproyecto ha sido examinado por los órganos consultivos. "Nosotros somos el legislativo y esto corresponde al Ejecutivo y por eso votaremos que no para una comparecencia urgente. cuando llegue a esta Cámara nos corresponderá dialogar posiciones y sugerencias pero ahora no estamos en trámite parlamentario", dijo la diputada Marta Torrado. "Dejen el cinismo y apoyen que Gallardón acuda a la comisión, si tan concienciados están. Dejen esa estrategia cobarde rebuscando fechas para intentar que pase desapercibida esa barbaridad legislativa. Habrá contestación política y social", advirtió la socialista Carmen Montón. Gaspar Llamazares, de IU, criticó el "manoseo perverso" de una ley importante e ironizó con la idea de que sea el proyecto de ley más consultado de la historia. Será la legislación "menos modificada y dialogada". Con PSOE e IU se alinearon ERC y PNV. 

Gallardón acumulaba otras peticiones por más cuestiones. Uno, por la "privatización" del Registro Civil, al encomendar su llevanza a los registradores mercantiles. Dos, por el rechazo que ha provocado en la abogacía y en "amplios sectores" de la judicatura el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y el anteproyecto de Ley Orgánica del poder Judicial. Tres, por la "represión penal del derecho de huelga". Cuatro, por las acciones que desplegará el Gobierno para "combatir los delitos de odio". Agua. No se explicará por ninguno de estos cuatro temas... aparte del aborto. 

Los grupos demandaban asimismo la presencia del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la Cámara. Izquierda Plural y Mixto, por el "ataque a la libertad de expresión y reunión" que supone, a su juicio, el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Y el PNV y CiU, por la actitud de su departamento en relación con los presos de ETA que forman parte de la llamada vía Nanclaresvía Nanclares, después de que el juez de Vigilancia Penitencia suspendiera todos los permisos pendientes a Joseba Urrusolo, uno de los internos adscritos a ese programa de reinserción. El PSOE no estuvo de acuerdo con este último requerimiento y se sumó al no del Gobierno.

Manipulación de las cuentas valencianas

IU y Mixto y el PSOE defendieron la comparecencia de los titulares de Fomento e Industria, Ana Pastor y José Manuel Soria, para informar sobre el expediente de la UE a España por la falta de estudio ambiental de la línea de Muy Alta Tensión (MAT) a su paso por Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). UPyD, CiU y el PNV pidieron que Pastor, además del presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín, diese cuenta de la privatización de AENA, el gestor aeroportuario. 

A Soria se le reclamó, por su parte, por cuestiones específicas de su ministerio: la posibilidad de indemnizar a ACS por el proyecto de almacenamiento de gas Castor, la amenaza de cierre de la centrar termoeléctrica de Puertollano (Ciudad Real) y propiedad de Elcogás.

A la Diputación Permanente también llegaron las solicitudes de comparecencia de José Ignacio Wert por la obligación de que la Generalitat de Catalunya financie el coste de escolarización en centros privados de los alumnos que pidan la enseñanza en castellano. Ana Mato, ministra de Sanidad, fue llamada a su vez por los fondos contra la pobreza infantil, la "paralización" del sistema de dependencia o los planes del Gobierno respecto a la financiación de nuevas terapias para los pacientes de hepatitis C.

El PSOE estaba interesado en que acudiera Cristóbal Montoro para responder a la investigación de la Comisión Europea por la presunta manipulación de las estadísticas de déficit y deuda entre 2008 y 2011 por parte de la Comunitat Valenciana. CiU e IU solicitaron la presencia del ministro de Hacienda para que valorase la liquidación de los recursos del sistema de financiación autonómica, especialmente en lo relativo a Cataluña. 

Comisión de investigación de los partidos

Por cuestiones más aisladas los grupos demandaron cuentas a la ministra de Agricultura (por los daños producidos por el mal tiempo en diversas comarcas) o a la de Empleo (por la Ley de Mutuas), esta última sustanciada a través de la comparecencia de Tomás Burgos.

Todo esto (menos Margallo y De Guindos) fue rechazado por el PP, que además reiteró su no a una demanda clásica de Izquierda Pluralno : la convocatoria de un pleno extraordinario que debata la creación de una comisión de investigación sobre la corrupción y la financiación irregular e ilegal de los partidos. Una petición que apoyaron PP y UPyD y que los conservadores negaron por considerar que se procuraba "extender" que las formaciones son "nidos de corrupción".