Al menos 6.800 millones de euros. Ese es el agujero que anualmente el sistema tributario de Países Bajos provoca al menos en las cuatro principales economías de la Unión Europea y principales valedoras del fondo de reconstrucción que se negocia desde hace cuatro días a cara de perro en Bruselas. Un dumping fiscal que no impide, sin embargo, que ocho años después de la Gran Recesión se siga dibujando en Holanda la famosa caricatura de un Sur derrochador frente a un Norte austero, ahorrador, frugal. Es un clásico que nunca pasa de moda. Hace solo tres años, el entonces presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, no tenía reparos en sostener que el Sur se gastaba el dinero en alcohol y prostitutas. Ahora, aunque con mayor sutileza, el mismo tópico vuelve a ponerse sobre la mesa. Y desde países como España o Italia no dudan en sacar las garras para defenderse de los ataques. Y lo hacen recordando el roto que anualmente provoca en las cuentas comunitarias las estrategias tributarias del vecino del Norte.
En los últimos meses, en los que las tensiones dentro del bloque se han disparado con la respuesta a la crisis sanitaria y económica sin precedentes, el roto que causa el dumping fiscal de algunos Estados miembros en las economías europeas ha sido una de las críticas más recurridas cuando el grupo de los frugales levantaba la voz. Si desde Países Bajos se acusaba con dureza al Sur de no haber hecho los deberes una vez superado el enorme bache de la Gran Recesión, los Estados más afectados por la pandemia respondían recordando a La Haya sus prácticas fiscales moralmente reprobables. “Mire el ejemplo de Holanda, cuyo dumping atrae a miles de multinacionales, que trasladan allí sus sedes, y obtienen un flujo de ingresos fiscales sustraídos de otros socios de la Unión Europea”, denunciaba a finales de abril el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Lo hacía un mes después de que el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, pidiera a la Comisión que investigara por qué algunos países no tenían margen fiscal para afrontar la crisis del coronavirus.
Para Tax Justice Network, la posición mantenida por La Haya durante todo el tira y afloja ha sido hipócrita. “Al mismo tiempo que niegan las ayudas al sur de Europa están robando miles de millones en impuestos a esos mismos países”, sostiene en conversación telefónica con infoLibre Javier García-Bernardo, científico de datos de la organización. En concreto, el colectivo calcula en uno de sus últimos informes que el sumidero holandés está haciendo perder anualmente a los socios comunitarios algo más de 9.000 millones de euros. “Y a todo el mundo calculamos que unos 60.000 millones”, explica el experto. Curiosamente, los países más perjudicados por son los más afectados por la pandemia y los principales defensores del fondo de reconstrucción. Francia deja de recaudar 2.731 millones. Italia y Alemania, 1.555 y 1.545 millones, respectivamente. Y España, 993 millones. Entre todos, el montante anual supera los 6.800 millones. Y eso solo de empresas estadounidenses, que son con las que se han hecho los cálculos.
José María Mollinedo, portavoz del sindicato de Técnicos de Hacienda, explica que el tipo impositivo en suelo holandés “no es bajo”. De hecho, el impuesto de sociedades está en el 19% para empresas con ganancias imponibles de hasta 200.000 euros y del 25% sobre el exceso. Sin embargo, hay agujeros por los que pueden escaparse las grandes compañías. “Los impuestos no son extraordinariamente bajos, pero los pagan las pequeñas empresas. Las multinacionales abonan menos”, señala García-Bernardo. Y lo hacen recurriendo a varias estrategias. Una de las más conocidas es el llamado sándwich holandés. ¿En qué consiste? Básicamente, las compañías crean empresas en Países Bajos a las que trasladan los beneficios generados en otros Estados. Una vez allí, los fondos tributan a un tipo mucho más bajo y son enviados a cualquier paraíso fiscal, donde pasarían a formar parte del capital limpio de la empresa. Las arcas holandesas, por tanto, ingresan un pellizco que pierden otros países. Gana La Haya y ganan las multinacionales.
Pero no es la única estrategia. García-Bernardo también pone sobre la mesa lo que se conoce como Patent Box. “Si tienes ahí la propiedad intelectual, como por ejemplo la de la marca Starbucks, se paga solo un 7% en impuestos”, explica. A ojos del experto, el Estado holandés “ayuda demasiado” a las compañías. De hecho, algunos de estos beneficios acordados por el país han estado bajo la lupa de las autoridades de Competencia europeas durante los últimos años. En octubre de 2015, por ejemplo, la Comisión concluyó que una resolución fiscal emitida por el Gobierno de Países Bajos en 2008 había permitido al gigante del café anteriormente mencionado reducir su carga fiscal en unos 20 o 30 millones de euros, una conclusión que posteriormente terminó tumbando el Tribunal General de la Unión Europea. Actualmente, el Ejecutivo comunitario está investigando también otro par de acuerdos fiscales entre las autoridades holandesas y la firma sueca Ikea a través de Inter Ikea Systems, su filial de propiedad intelectual.
Reporta 3.400 millones a la economía holandesa
El investigador del Tax Justice Network calcula que “por cada euro que Holanda consigue en impuestos hace perder cinco al resto de países”. Es más, estos servicios fiscales terminan jugando un papel muy relevante en la economía del país. En Compitiendo por los capitales, un trabajo de García-Bernardo y Arjan Reurink, se calcula que el flujo financiero que circula anualmente por todas estas sociedades establecidas en territorio holandés para desviar beneficios asciende a unos 4 trillones de euros, cinco veces el PIB del Estado. Y que esta actividad reporta a la economía del país cada ejercicio unos 3.400 millones de euros “entre impuestos, salarios o servicios contratados”. “Las propias entidades conductoras emplean a pocos trabajadores, pero el establecimiento y mantenimiento de estas sociedades intermedias requieren a proveedores locales de servicios corporativos (notarios, asesores fiscales, abogados), por lo que tiene un efecto generador de empleo en estos sectores”, recoge el trabajo.
El último informe del Índice de Secreto Financiero (FSI), publicado en febrero de 2020, cifra en 15.000 el número de “instituciones financieras especiales”, lo que se define como el “vínculo internacional entre las filiales de las corporaciones multinacionales en los países de origen y destino”. Son las conocidas como empresas buzones o fantasma, que según un informe de enero de la Oficina de Análisis de Política Económica del Ejecutivo holandés “registran dividendos, intereses y regalías que fluyen a través de los Países Bajos por un monto de 200.000 millones de euros anuales.
“Son sociedades cuyo número de empleados es bajísimo en comparación con los beneficios que tienen”, detalla García-Bernardo. Los datos recopilados en este sentido por la organización de la que forma parte son muy reveladores. En Holanda, sólo las empresas estadounidenses tienen 121.589 empleados y 60.437 millones de euros en beneficios. En España, estos trabajadores ascienden a 150.905 y los beneficios declarados apenas se quedan en 5.243 millones de euros. Once veces menos a pesar de contar con casi 30.000 empleados más.
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Armonización fiscal
El experto de Tax Justice no tiene ninguna duda de que a Holanda se le puede considerar perfectamente “un paraíso fiscal” dentro de la Unión Europea. De hecho, es el octavo país del mundo con mayor opacidad financiera, sólo superado dentro del Viejo Continente por Luxemburgo o Suiza. Hasta el propio Parlamento Europeo se ha mostrado preocupado por el sistema fiscal holandés y el de algunos otros Estados miembros. Lo hizo la Comisión Especial sobre Evasión Fiscal de la Eurocámara, que en un informe aprobado hace justo un año acusó a Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Chipre, Luxemburgo, Hungría y Malta de tener “deficiencias” que “facilitan la planificación fiscal abusiva” y que “socavan la integridad del mercado único”. Una realidad que, sin embargo, no ha colocado a ninguno de estos países europeos en la famosa lista negra de paraísos fiscales elaborada por el Ejecutivo comunitario hace casi tres años. Una de las máximas del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker a la hora de elaborar esta relación fue la de dejar fuera a los países del bloque.
García-Bernardo considera que ha llegado el momento de tapar estos agujeros en el Viejo Continente. “Planteamos tres soluciones. Aumentar la transparencia, de forma que las empresas tengan que decir cuánto pagan de impuestos y dónde obtienen sus beneficios. Además, se puede plantear que estas firmas abonen el tributo no en función de los beneficios, sino de los empleados que tienen y las ventas. Y en tercer lugar, establecer un tipo mínimo del 25% en todos los Estados miembros”, resume. A día de hoy, cualquier intento de llevar a cabo una armonización fiscal en el Viejo Continente debe ser aprobado por unanimidad, lo que permite a cualquier bloquear la propuesta. Sin embargo, Bruselas tiene un arma secreta. Es el artículo 116 del TFUE, que abre la puerta a eliminar cualquier “distorsión” en el “mercado interior” a través del procedimiento legislativo ordinario. Es decir, bastaría con una mayoría cualificada. “Es cierto que nunca se ha usado, y esta es una razón para hacerlo por primera vez”, avisó el pasado miércoles el Ejecutivo comunitario.