El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz Pablo Ruzha confirmado la existencia "a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el Partido Popular que habría sido utilizada para pagar el 30% de la cantidad percibida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle de Génova, 13, de Madrid, entre los años 2005 y 2011.
En un auto dictado este viernes [ver aquí en PDF], el magistrado instructor del caso Bárcenas señala que esta supuesta contabilidad B habría sido "continua en el tiempo" y se habría desarrollado "al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas".
El juez de la Audiencia Nacional destaca también que el informe policial determina la realidad de los apuntes contables consignados por Luis Bárcenas en los denominados papeles de Bárcenas con respecto a las anotaciones de salidas o entregas de dinero en efectivo a Gonzalo Urquijo, como arquitecto y responsable de la mercantil Unifica, encargada de las obras de remodelación de la sede del PP en Madrid. La Policía Judicial llega a esta conclusión después de comparar la contabilidad B de Bárcenas con los documentos requisados en el registro realizado a la empresa que remodeló la sede del PP.
Esta contabilidad, añade, "habría sido utilizada en el presente caso para atender a determinados pagos al arquitecto y responsable de la empresa Unifica", que realizó las obras de reforma de la sede entre 2005 y 2011. En su resolución, el juez Ruz sostiene que los pagos no se habrían reflejado "ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación" y de la que eran presuntos encargados los imputados Luis Bárcenas Gutiérrez y Álvaro de Lapuerta Quintero. A su vez, Ruz informa de que tanto el propio Bárcenas como su entonces número dos, Cristóbal Páez, tendrán que responder de los hechos como presuntos cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda Pública.
El juez destaca, además, que Cristóbal Páez participó de forma activa en las decisiones y seguimiento de las obras de reforma de la sede del PP: "Siendo también el encargado de visar las facturas que emitía la empresa Unifica". Con Páez, ya son cuatro los responsables de la Tesorería del PP imputados en los casos Gürtel y de los papeles de BárcenasPáezcasos Gürtellos papeles de Bárcenas. En este caso Páez fue gerente con María Dolores de Cospedal como secretaria general.
Además de los nuevos imputados, el magistrado Pablo Ruz apunta a la existencia de indicios en la actuación del PP de presuntos delitos de falsedad documental o contable. Desde diciembre de 2012 la reforma del Código Penal permite la posibilidad de imputar delitos a los partidos políticos como personas jurídicas.
Obras en el despacho de Mariano Rajoy
Para completar la investigación, y a petición de la Policía Judicial, el juez Ruz ha solicitado a la empresa Unifica las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean de los trabajos realizados y cobro de los mismos en la anterior sala de prensa del PP, ubicado en la segunda planta, pero también las obras del despacho de dirección de la planta séptima, la del presidente del partido Mariano Rajoy. Y lo hace para determinar si estas obras también fueron abonadas en negro.
El auto de la Audiencia Nacional pone en evidencia las declaraciones realizadas por la secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras la publicación de los papeles de Bárcenas en el diario El País, en las que aseguró que la contabilidad de su partido "es única, clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas". Además, dijo que no tenía "nada que ocultar" al considerar que las cuentas de la formación política siempre se han sometido a la ley.
Esperanza Aguirre
En otra providencia el juez pregunta además al fiscal en qué condiciones debe declarar como testigo la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, segun los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Fuentes del Partido Popular consultadas por infoLibre sostienen lo siguiente: "Hay una única contabilidad en el Partido Popular que es la enviada al juez Ruz y que, a su vez, está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En ella constan todos los pagos y cargos hechos por el Partido Popular".
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, evitó pronunciarse este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el auto del juez Pablo Ruz que confirma la existencia de una contabilidad B en el PP por el pago de las obras en su sede. La mano derecha de Mariano Rajoy se limitó a señalar que el Ejecutivo trabaja en una ley de control económico-financiero de los partidos políticos.
Auto del juez Ruz tras el informe de la UDEF (PDF)
En la línea habitual del Gobierno, Sáenz de Santamaría expresó su respeto a la decisión judicial. "Una de las normas que forma parte de ese paquete de regeneración democrática se llama Ley de Control económico-financiero de los partidos, que es donde tenemos que trabajar", recalcó.
Mariano Rajoy anunció el pasado febrero un paquete de medidas a favor de la regeneración democrática y contra la corrupción. A día de hoy, el PP negocia con el resto de grupos parlamentarios a fin de lograr un texto consensuado. El Ejecutivo ha avanzado su intención de llevar esta ley en solitario al Congreso de los Diputados si los partidos no se suman.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz Pablo Ruzha confirmado la existencia "a nivel indiciario" de "una cierta corriente financiera de cobros y pagos" en el Partido Popular que habría sido utilizada para pagar el 30% de la cantidad percibida por el arquitecto Gonzalo Urquijo, que dirigió las obras de remodelación de la sede central de la formación, en la calle de Génova, 13, de Madrid, entre los años 2005 y 2011.