El magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido estrechar el cerco contra los participantes en el mayor pelotazo del caso, que supera los 25 millones de euros, según el sumario, que el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobró por su intermediación en la adjudicación de unas parcelas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, municipio del sur de Madrid gobernado por el PP.
Y para estrechar este cerco, el magistrado ha dictado este martes, a petición de las fiscales, un auto en el que solicita una ampliación de la comisión rogatoria para que el Principado rastree las cuentas de los empresarios Fernando Martín y Amando Mayo, así como las del exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, y de su mujer, María Esther A. H. En concreto, en el caso de este mujer Ruz pide conocer los extractos de seis cuentas, así como las cajas de seguridad o productos financieros en las que sea la titular.
La Agencia Tributaria destaca que la empresa Fermayor, que atribuye a Martín Vasco pese a que está a nombre de un presunto testaferro, cobró cerca de 200.000 euros de los 25 millones de euros pagados por Fernando Martín a Correa por las parcelas de Arganda del Rey, que según un arquitecto que trabajó para Martinsa pudo suponer unos ingresos de 500 millones de euros, 200 más de los previstos inicialmente. Fernando Martín siempre ha negado la existencia de un pelotazo, resaltando en todo momento la legalidad del expediente de las parcelas.
Precisamente, Ruz ha solicitado que se amplíe la comisión rogatoria judicial con Mónaco en relación a Fernando Martín, el empresario que junto Amando Mayo y Manuel Salinas pagó 13 millones a Correa en 2006 (el segundo pago por la comisión de Arganda, que es de un total de 25 millones). En esta ocasión se especifican las empresas Butler Propierties, y la ficha del cliente KYC Information, así como "cualquier otra cuenta bancaria, depósito, títulos o valores, cajas de seguridad o cualquier otro producto de Fernando Martín o Martinsa". En similares términos se expresa Ruz con respecto a otras cuentas de Martín en Mónaco, en este caso en el Lloyds TBS, que recibió hasta cuatro millones de euros de Salinas, que la Agencia Tributaria atribuye al pago de una comisión por su entrada en RTM, la empresa que compró el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid.
El juez da cuatro días a la Comunidad de Madrid y a Bankia para que le envíen documentos del mayor pelotazo de 'Gürtel'
En el auto, el magistrado también requiere al empresario Amando Mayo para que este aporte toda la documentación de sus empresas que van de 2006 a 2009. En concreto, el juez le exige la información específica de 17 movimientos bancarios, que en total superan los 4 millones de euros, siendo los movimientos más elevados fueron dos transferencias de 800.000 y un millón de euros.
La decisión de las fiscales y del juez de rastrear las cuentas de los implicados se basa en el contenido de un informe de la Agencia Tributaria que tuvo su entrada en el juzgado el pasado 8 de marzo, en el que también se indicaba quiénes eran las personas que participaron en el pelotazo de Arganda Entre estas personas se encontraban el propio Benjamín Martín Vasco, el exalcalde de Arganda del Rey Ginés López y el actual cargo del Consistorio Juan Fernández Caballero, todos ellos imputados. Para la Fiscalía, este informe de Hacienda aporta documentación de sobre los delitos contra la Hacienda Pública que podrían haber cometido los imputados "como consecuencia de los fondos y regalos que habrían recibido del entorno de Francisco Correa".
En este sentido, la Fiscalía resalta que el informe de la Agencia Tributaria "omite" el análisis del origen de los fondos con los que habrían efectuado los pagos o los regalos (en forma de viajes y objetos de joyería), por lo que ve necesario "una ampliación del informe" de Hacienda.
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, ha decidido estrechar el cerco contra los participantes en el mayor pelotazo del caso, que supera los 25 millones de euros, según el sumario, que el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, cobró por su intermediación en la adjudicación de unas parcelas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, municipio del sur de Madrid gobernado por el PP.