El juez da cuatro días a la Comunidad de Madrid y a Bankia para que le envíen documentos del mayor pelotazo de 'Gürtel'

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional la segunda parte del caso Gürtel, José de la Mata, se ha dirigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes y a Bankia para que "en el improrrogable plazo de cuatro días" aporte, en el caso del Ejecutivo madrileño, la documentación oficial relativa a la adjudicación de unas fincas por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) a la promotora Martinsa, cuyo propietario, el empresario Fernando Martín, está imputado en el procedimiento, según el auto al que ha tenido acceso infoLibre.

De la Mata alude a la operación en la que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, podría haber ingresado en sus cuentas en Suiza hasta 25 millones de euros. Al menos 13 millones tuvieron su origen, siempre según la investigación policial, en pagos del dueño de Martinsa, Fernando Martín, desde una cuenta en Mónaco. 

En concreto, el instructor reclama a la consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno madrileña la documentación relativa "a la aprobación de la desclasificación de las fincas, conforme quedaba establecido en el artículo 95.2 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de Madrid", especifica el auto, en el que también se dirige "a la Consejería competente en materia de régimen local", para que le entregue "la comunicación por parte del Ayuntamiento de Arganda, relativa a la cesión gratuita de fincas contenidas en la UE-124", de acuerdo a lo establecido en la mencionada Ley de Administración Local madrileña.

Precisamente, entre los fondos que Suiza bloqueó a los integrantes de la trama se encuentran 17,1 millones de Correa, que presuntamente tenían su origen en el pago de Fernando Martín por intermediar en la adjudicación de Arganda del Rey.

De la Mata también reclama en su auto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio "el expediente completo, tramitado y resuelto por la Comisión de Urbanismo, relativo al plan parcial de reforma interior de la UE-124".

Precisamente, en la documentación aportada en diciembre de 2016 por el Gobierno de Cifuentes se puede leer que en la Comisión de Urbanismo de la Comunidad de 31 de enero de 2006, en la que se aprobó la reclasificación de las fincas de Arganda, participó el número dos de Ignacio González en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel. Tanto este último como González están implicados en el caso Lezo, que ha destapada la existencia de una organización criminal liderada presuntamente por el expresidente madrileño.

Según un informe del comisario José Manuel Villarejo, aportado al caso del ático de Estepona, en el que también está imputado González, el expresidente madrileño habría percibido hasta 2 millones de euros de la operación de Arganda del Rey. "Todo viene a raíz de un colaborador de la Policía que manifiesta que González había cobrado aproximadamente dos millones de euros por esa recalificación por la que está imputado el empresario Fernando Martín", explicó Villarejo a la jueza de Estepona Isabel Conejo, en referencia al propietario de la promotora Martinsa

Victoria y Porto

El acta de la reunión aportada por la Comunidad de Madrid al jueza De la Mata especifica que también acudieron a la misma el también imputado en Púnica Salvador Victoria, en representación de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno; y el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto. Precisamente, este último, tal y cómo publicó el diario El País el 26 de agosto de 2012, Martinsa-Fadesa adjudicó la sectorización de esta promoción a la empresa Plarquin Consultores, ligada al exdirector general de Urbanismo Enrique Porto.

Y esta firma, Plarquin, también participó en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey, con el exalcalde imputado Ginés López a la cabeza, de las fincas que investiga el juez De la Mata.

En su declaración como testigo en el juicio de la primera parte de Gürtel, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció haber participado en una reunión, en la que también estaban el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta: "Se celebró una reunión en el despacho del presidente y me advirtió de que había dos municipios, Majadahonda y Arganda, en las que había un concurso público y que querían vender parcelas a un precio fijo y que en el concurso no contara la oferta de precio", dijo la expresidenta, que negó tener conocimiento de que el empresario Joaquín Molpeceres se hubiera quejado al extesorero Álvaro Lapuerta de la existencia de irregularidades en las adjudicaciones de Arganda y Majadahonda.

Bankia financió a Martinsa

A Bankia, el instructor le pide en el auto "el expediente completo que sustentó la concesión de aval por parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid [bajo la presidencia de Miguel Blesa], a la mercantil Martinsa, el 21 de diciembre de 2004, para responder de la ejecución de infraestructuras y equipamientos públicos de un lote de fincas procedentes del patrimonio municipal de suelo de Arganda del Rey, sitas en la Unidad de Ejecución UE-124-Área de Centralidad, ante la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey SA, por un importe de 10.600.000 euros", especifica la resolución firmada el pasado miércoles.

En este sentido, infoLibre adelantó que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa financió de forma "irregular" la promoción de Martinsa en Arganda, según se desprende del informe realizado por dos peritos designados por el Banco de España a petición del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, que instruye el caso Bankia.

En concreto, los funcionarios del organismo regulador incluyen entre las operaciones "irregulares" de Caja Madrid la financiación para una operación urbanística en el Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), en la que Francisco Correa habría percibido hasta 25 millones de euros, según la Policía Judicial.

Pese a que Fernando Martín, el propietario de Martinsa-Fadesa siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación, la operación tenía todo lo necesario para ser considerado un pelotazo. Martinsa pagó 77 millones al Consistorio por un terreno que meses después triplicó su valor. De hecho, la promotora encabezada por Fernando Martín, también imputado en el caso Gürtel, vendió un tercio de los terrenos por 73 millones.

336 millones de beneficio

Un testigo del caso, en concreto el arquitecto Gilbert Barbany, declaró ante al juez Pablo Ruz que el Ayuntamiento de Arganda modificó las condiciones del contrato de adjudicación, favoreciendo de forma clara a Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran de promoción pública. Este número de casas podrían haber supuesto unos beneficios, según el testigo, de unos 336 millones tras su comercialización.

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Así, la aprobación definitiva del Consistorio y de la Comunidad modificó los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 eran de protección pública.

Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que suponía un aumento de 199 millones, siempre según las conclusiones del testigo.

En el mismo auto del pasado miércoles, el juez De la Mata acordó citar a declarar el 25 de mayo como imputado a Arturo Gianfranco Fasana, el gestor de la cuenta Soleado en Suiza, en la que el presunto cabecilla de la trama corrupta recibió 25 millones de euros por su intermediación en la adjudicación de varias parcelas a la promotora Martinsa en el municipio de Arganda del Rey, al sur de la Comunidad de Madrid.