Una Sala del Tribunal Supremo compuesta por cinco magistrados, cuatro de ellos de perfil conservador, que estará presidida por Manuel Marchena, será la que tome la decisión de si acepta investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos (revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa), tal y como le ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acaba de cerrar la conocida como pieza Dina sin llegar a ninguna conclusión sobre cómo terminó el contenido del teléfono móvil de una asesora del líder de Podemos publicado en medios de comunicación, que fue el objeto inicial de las pesquisas dentro del llamado caso Villarejo.
Tal y como consta en el Boletín Oficial del Estado según los turnos repartidos por el Consejo General del Poder Judicial para los tribunales de causas especiales en el Supremo, del 1 de octubre pasado al 31 de enero de 2021 los magistrados que se harán cargo de todos los casos que afecten a aforados serán Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres. De los cinco, sólo Ferrer está considerada de perfil progresista. Cuatro de los magistrados, además, estuvieron en el tribunal que juzgó el proceso independentista catalán.
Antes de decidir, la Sala solicitará informe a la Fiscalía para conocer su opinión acerca de la competencia del Supremo para investigar y sobre los argumentos que expone el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 en su exposición razonada, un documento de 63 páginas en el que el magistrado lleva varias semanas trabajando a pesar de que una instancia superior, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, le obligó a devolver a Iglesias la condición de perjudicado, tras haberle quitado este estatus a principios de verano en un auto en el que ya revelaba sus sospechas sobre el vicepresidente.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal, conformada por tres magistrados, argumentó su decisión recordando que Iglesias había resultado perjudicado por la publicación del contenido del teléfono móvil de su asesora Dina Bousselham, todo ello a pesar de que él admitiera que se había quedado con el soporte informático durante meses sin devolvérselo a su dueña después de que lo recuperara de manos de la dirección de la revista Interviú.
Fue entonces cuando el juez, tal y como explica en su exposición razonada, concluyó que tenía que tomar una decisión si, como él defiende, ve indicios que podrían sostener la imputación de Pablo Iglesias y que no puede investigarle por ser éste aforado ante el Supremo. El paso de acudir al alto tribunal no lo ha consultado con la Fiscalía Anticorrupción, según han informado a infoLibre fuentes jurídicas.
Desde Podemos no dan crédito al paso dado este miércoles por García-Castellón, sobre todo después del auto de la Sala de lo Penal que daba la razón a Iglesias como víctima de las publicaciones en prensa. No descartan que esta decisión, en un momento en el que desde la oposición se pone en cuestión la presencia del partido morado a la hora de renovar organismos como el Poder Judicial, sea utilizada para que Podemos sea desalojado del Consejo de Ministros, según fuentes del partido consultadas por infoLibre. Nada más conocerse la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional, numerosos responsables políticos de la oposición se han apresurado a exigir la dimisión de Iglesias o, en caso de que no lo haga, el cese inmediato por parte del presidente Pedro Sánchez. Vox ha utilizado la decisión del magistrado para sacar pecho al recordar que fue este partido, personado en la pieza como acusacion popular, el que ya había solicitado la imputacion del vicepresidente. El Gobierno, por su parte, ha respaldado a Iglesias
Giros de guion
La exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional es el colofón a meses de incertidumbre e impredecibles giros de guion en la pieza 10 del caso Villarejo, una investigación que se abrió en el otoño de 2018 cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional descubrió entre los efectos intervenidos al comisario jubilado y en prisión preventiva copias del contenido del teléfono móvil de Bousselham, aparato cuyo robo ella había denunciado a finales de 2015.
Lo que empezó siendo una investigación sobre por qué Villarejo tenía copia del contenido del teléfono de Bousselham y si fue él quien lo filtró, y que pasó después por la imputación de los periodistas que le habrían dado una copia al comisario, derivó la primavera pasada en sospechas sobre Iglesias que llevó a su retirada como perjudicado. Pero no sólo eso, el juez llegó a instar a la asesora a que cambiara de representación letrada, ya que entendía que un supuesto sospechoso no podía tener la misma abogada que la víctima.
Fue en este contexto cuando se publicaron en varios medios un chat del equipo legal de Podemos en los que los abogados comentaban el curso de la macrocausa en la que Villarejo es el principal investigado y en la que hablaban sobre su colaboración con los fiscales del caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano , ya que el partido morado ejerce la acusación popular desde la apertura de las primeras diligencias. En concreto, Marta Flor, la letrada de Iglesias y Bousselham alardeaba en sus mensajes de su buena relación con Stampa, insinuaciones que ella misma reconocía que estaban exageradas, pero que puso en duda la actuación de los abogados en el caso Villarejo.
Tras un primer vistazo a las pesquisas del caso Dina, y habiendo declarado en sede judicial como perjudicados tanto Iglesias como Bousselham, se podía concluir que la tarjeta del teléfono llegó de forma anónima a Interviú. El director y subdirector de este medio, Alberto Pozas y Luis Rendueles, respectivamente, informaron al presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, del contenido y éste avisó a Iglesias. El líder de Podemos acudió a la sede de la revista y tras visionar el contenido, se llevó el soporte. Y tal y como declararon Pozas y Rendueles, fueron ellos los que le dieron por su lado una copia a Villarejo por su condición de comisario de la Policía Nacional y a requerimiento de éste.
Fue la pasada primavera cuando el juez comenzó a indagar en por qué el vicepresidente se quedó meses con la tarjeta y por qué el soporte estaba dañado hasta el punto de que Bousselham nunca pudo recuperar su contenido, desviando el foco del objetivo inicial. Todo se desencadenó tras la segunda declaración judicial de la asesora, en la que reconoció que había hecho capturas de pantalla que había enviado a terceros, por lo que García Castellón empezó a pensar que la fuente de Okdiario podía no ser Villarejo.
“Iglesias se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica la resolución razonada, acción que puede vincularse, dice el juez, al conocimiento que Iglesias tuvo al observar el contenido de la tarjeta micro SD de las capturas de pantalla que la asesora guardaba de conversaciones de grupos de mensajería en los que aparecía el líder de Podemos. Aquí es donde sitúa el posible delito de descubrimiento y revelación de secretos, al que además le añade la agravante de “razones de género”.
Después de analizar la doctrina jurisprudencial sobre este delito, el juez concluye que se puede “apreciar un acceso no consentido a datos de carácter personal por parte del señor Iglesias, además de un apoderamiento de los archivos aprehendiendo el dispositivo en el que se almacenaba la información (la mini tarjeta SD) de carácter íntimo y personal de Dina Bousselham”.
La asesora no le acusa
Aunque explica que este delito de descubrimiento y revelación de secretos requiere denuncia de la persona agraviada, en este caso la asesora, el magistrado considera que debe ser el Supremo el que decida si ve oportuno citarla para manifestar si exculpa a Iglesias. No tiene en cuenta, por tanto, el escrito que Bousselham le envió el pasado mayo en el que exime al líder de Podemos del daño de la tarjeta y de haberse quedado con el soporte durante meses. Tampoco recuerda que Anticorrupción le ha requerido en varias ocasiones que convocara una vez más a la asesora para que lo dijera explícitamente, pero él no lo ha considerado.
García Castellón señala como otro punto significativo para su exposición razonada, esta vez en referencia al posible delito de daños informáticos, el hecho de que Iglesias devolviera a Bousselham la tarjeta que guardaba en su poder inoperativa y, advierte de que si bien no se ha podido determinar la fecha de la devolución, indica, en todo caso, que debió de ser antes del 23 de agosto de 2017, que fue cuando la entonces pareja de la asesora, Ricardo Sa Ferreira, se puso en contacto con una empresa especializada en recuperación de archivos informáticos.
El instructor reconoce que hasta este momento no se ha podido determinar cómo se dañó el soporte y determina que es el Supremo el que deberá indagar al respecto si tiene a bien admitir la investigación, si bien destaca que la “destrucción” de la tarjeta resultaría coherente con la publicación en Okdiario de las capturas de pantalla que Dina Bousselham guardaba en su teléfono, concretamente en la carpeta de sent (enviados).
Y es que sospecha que cuando Okdiario publicó los pantallazos, el 21 de julio de 2016 y días siguientes, Iglesias aún tenía la tarjeta en su poder y sabía que lo que estaba saliendo en el periódico digital eran el mismo contenido que su asesora había reenviado a terceros.
Pese a ello, dice el juez, en Podemos se desplegó una “consciente y planificada actuación falsaria” con una “finalidad estrictamente de oportunidad política” y para desprestigiar a Okdiario, haciendo un “uso torticero del proceso penal” que llevó a la ampliación de la denuncia que inicialmente había puesto Bousselham, “tratando de simular falsariamente una conexión entre las imágenes publicadas en el digital y la desaparición del teléfono el 1 de noviembre de 2015".
El instructor enmarca esta teoría en una reunión que dice que tuvo lugar tras la publicación de las imágenes en la que, según dice, se habría diseñado la estrategia para “actuar contra el medio de comunicación y su cúpula directiva”, para lo cual encargaría al equipo jurídico del partido, encabezado por la vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo, la ampliación de la denuncia de Bousselham.
García Castellón no especifica en un principio de dónde ha sacado esta información, si bien más adelante destaca la declaración que prestó en calidad de testigo José Manuel Calvente, letrado despedido de Podemos que formaba parte del equipo jurídico en 2016 y que recientemente ha denunciado al partido ante los tribunales por presunta financiación ilegal, malversación y administración desleal. Una comparecencia que el juez califica de “minuciosa” y que considera el “elemento indiciario primario” con la que sustenta lo que ha definido como el “ardid” ideado supuestamente por Iglesias.
El contexto electoral
Para el magistrado, la estrategia electoral que atribuye a Podemos tras la publicación del contenido del móvil no acaba ahí, sino que, en su opinión, continuó a principios de 2019 con la convocatoria de elecciones generales. Ahí ya se sabía que Villarejo tuvo en su poder archivos del teléfono de Bousselham y tanto ella como Iglesias declararon como perjudicados en la Audiencia Nacional. El instructor destaca dos hitos en los primeros meses de 2019: la vuelta del líder de Podemos a la actividad política después de su baja por paternidad y la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril.
El juez se negó desde mayo y contra el criterio de la Fiscalía a citar a Bousselham, clave para decidir sobre la revelación de secretos
Derivado de todo esto, García Castellón pide al Supremo que también impute a Gloria Elizo, los abogados del partido Marta Flor y Raúl Carvalledo, así como a Dina Bousselham y Ricardo Sa Ferreira, al considerar que todos habrían participado en esa supuesta trama impulsada por el ahora vicepresidente del Gobierno.
"Pese al conocimiento de su falsedad y puestos de común acuerdo, el aforado, secretario general de Podemos; la responsable de los servicios jurídicos del partido, la señora Elizo, y la letrada del partido, Marta Flor Núñez, como ejecutora material, simulan que la publicación de las imágenes en el semanario OKdiario durante los días 21 y siguientes del mes de julio, fue el resultado de un encargo realizado al señor Villarejo para perjudicar a Pablo Iglesias”, afirma la resolución razonada enviada al Supremo.
Al mismo tiempo que la exposición razonada, García Castellón ha decidido dar por cerrada la pieza Dina, proponiendo juzgar a Villarejo y los dos periodistas de Interviú por delito de descubrimiento y revelación de secretos, pero sin determinar cómo acabó el contenido del móvil de Dina Bousselham publicado en medios como Okdiario.
Una Sala del Tribunal Supremo compuesta por cinco magistrados, cuatro de ellos de perfil conservador, que estará presidida por Manuel Marchena, será la que tome la decisión de si acepta investigar al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por tres delitos (revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa), tal y como le ha solicitado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acaba de cerrar la conocida como pieza Dina sin llegar a ninguna conclusión sobre cómo terminó el contenido del teléfono móvil de una asesora del líder de Podemos publicado en medios de comunicación, que fue el objeto inicial de las pesquisas dentro del llamado caso Villarejo.