La salida del TC del ponente de la ley del aborto abre la puerta a lograr una sentencia 11 años después

El recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley del aborto podría tener los días contados después de más de once años parado en el Tribunal Constitucional (TC). Esta sería una de las principales consecuencias que acarrearía el acuerdo para la renovación de cuatro magistrados anunciada este jueves por el Gobierno y el PP. La salida del ponente encargado de este asunto en el tribunal de garantías, el magistrado conservador Andrés Ollero, podría suponer el impulso definitivo para sacar adelante la sentencia que está pendiente desde que el partido conservador impugnó la norma aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que convirtió la interrupción voluntaria del embarazo en un derecho.

Ollero, próximo al Opus Dei y además exdiputado del PP durante 17 años, asumió la ponencia de la sentencia sobre la ley del aborto heredada de la magistrada saliente Elisa Pérez Vera, que ya tenía bastante avanzados los trabajos. Esto ocurrió en 2012 y desde entonces no ha habido avances en el Constitucional acerca de este pronunciamiento. La propuesta de ponencia que redactó Ollero era, según algunas fuentes jurídicas, contraria a ley de plazos, pero nunca se ha llevado a Pleno porque no hubiera recabado los apoyos necesarios para lograr una mayoría suficiente. Pero en lugar de cambiar la ponencia hacia lo que defendiera la mayoría o abstenerse, el magistrado ha optado en los últimos diez años por demorar la cuestión.

Tampoco los distintos presidentes que han pasado por el TC desde entonces (María Emilia Casas, Pascual Sala, Francisco Pérez de los Cobos y el actual, Juan José González Rivas) han tomado la iniciativa de llevar el asunto al Pleno para debatir sobre su constitucionalidad. Cuando se han cumplido más de 11 años desde que el recurso del PP entró en el tribunal de garantías, a día de hoy se trata de la sentencia que acumula más retraso.

Tal y como publicó El País en 2012, tras la toma de posesión de Ollero, este magistrado era "bien conocido por sus estudios contrarios al aborto y al matrimonio homosexual" y había criticado la ley de plazos del Ejecutivo de Zapatero "en numerosos escritos y foros desde su posición de catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos". Este hecho abrió el debate sobre si debería haberse abstenido de valorar un asunto sobre el que ya se había pronunciado pública y ampliamente, pero finalmente esta posibilidad no se llegó a plantear.

Así, el retraso inicial, que no difería mucho del que acumulan otras controvertidas sentencias que ha tenido que emitir el TC, se ha convertido en casi 11 años y medio. La tardanza, insólita hasta para un tribunal que no cumple nunca sus plazos, ha llevado incluso a la presentación de querellas ante el Tribunal Supremo, pendientes aún de admisión, y hasta una demanda, a cargo de diputados y exdiputados que presentaron un día el recurso, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Constitucional por "retrasar injustificadamente" su pronunciamiento sobre dicho recurso y vulnerar "el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas".

El nuevo presidente reasignará la ponencia

La próxima salida de Ollero del tribunal de garantías, en virtud del acuerdo Gobierno-PP, llevará al futuro presidente del órgano –pues el actual, Juan José González Rivas, también cesará próximamente– a reasignar los asuntos de todos los magistrados salientes. Pero el proceso para que el Constitucional pueda emitir la esperada sentencia aún tiene que cumplir unos plazos necesarios hasta que se reparta de nuevo la ponencia y el magistrado que se haga cargo deberá estudiar el asunto para hacer su propia propuesta y llevarla a un Pleno, según han informado a infoLibre fuentes del órgano.

La llegada de Ollero al tribunal coincidió con el desembarco del PP de Mariano Rajoy en la Moncloa, el mismo PP que recurrió la ley de plazos del aborto y que había prometido derogarla cuando llegara al Gobierno. Pero en siete años, cuatro de ellos con mayoría absoluta en el Parlamento, no lo hizo. Sólo hubo un intento por cambiar la norma que se llevó al Consejo de Ministros. Se llamó Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Embarazada, pero la polémica suscitada por el alcance de este proyecto, que en algunos aspectos era más regresiva que la ley de supuestos de 1985, llevaron a la dimisión del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Finalmente, el Ejecutivo de Rajoy optó por reformar mínimamente la ley de plazos para incluir el consentimiento de los padres en los casos de las jóvenes de 16 y 17 años que quieren abortar.

Por eso, algunas fuentes del Constitucional defienden desde hace años que el recurso del PP carece ya de objeto, puesto que el partido que impugnó la ley es el mismo que no hizo nada por derogarla cuando tuvo oportunidad. Según contó en 2018 el expresidente del TC Francisco Pérez de los Cobos, este era uno de los motivos por los que el tribunal había ido retrasando su pronunciamiento: "Me hubiera gustado que en mi mandato se hubiera resuelto el recurso. Pero había un Gobierno que acababa de ganar las elecciones, que tenía mayoría absoluta, que llevaba en su programa electoral la reforma de la ley del aborto y que anuncia, además, que va a llevarla a cabo. Consulté al Pleno y se entendió que si se aprobaba la reforma que estaba anunciada, el recurso iba a perder sentido. Y, por consiguiente, era mejor esperar".

La renovación, en cosa de semanas

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Según han dado a conocer este jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, la renovación de los cuatro magistrados del TC, unida a la de otros órganos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos, se llevará a cabo en una sesión plenaria en el Congreso y el Senado que se prevé para la semana del 25 de octubre. Fuentes del Constitucional explican que una vez que la Cámara Baja dé el visto bueno a los candidatos propuestos por ambas partes, la toma de posesión de los magistrados tendrá lugar unos pocos días después, por lo que apuntan a que a principios de noviembre ya empiecen a ejercer los nuevos miembros del tribunal. 

Ya con la nueva composición, el presidente en funciones del TC, que sustituirá a González Rivas cuando éste cese, convocará un Pleno para que los doce magistrados elijan a un nuevo presidente y vicepresidente. El primero será el encargado de ordenar el reparto de los asuntos que dejen los magistrados salientes. Uno de ellos, la ley del aborto, pero también otros muchos que, aunque de menor calado e impacto mediático, también deben ser resueltos.

Fuentes del tribunal explican que el proceso de reparto es aleatorio, por lo que los asuntos de los ahora salientes podrían recaer en magistrados que ya están en el TC. Otras fuentes, sin embargo, recuerdan que en anteriores ocasiones el presidente ha optado por asignar las ponencias a los magistrados entrantes. El futuro de la ponencia de la ley del aborto, por tanto, se conocerá en las próximas semanas.