Hace justo un mes que comenzó en España la campaña de vacunación contra el coronavirus y ya han dimitido dos consejeros de Sanidad, una alcaldesa y hasta el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) por recibir la primera dosis antes que otros colectivos que están en primera línea de lucha frente a la pandemia. No han sido los únicos que se han vacunado: mandos militares, directivos de hospitales y hasta un obispo han sido protagonistas de titulares en los últimos días por formar parte del grupo de primeros privilegiados en recibir el medicamento. La Fiscalía de Murcia ha abierto diligencias a raíz de la presentación de dos denuncias, pero más allá de las consecuencias políticas, esto es, el cese de sus responsabilidades públicas, o el reproche ético y moral que puede tener esta conducta, sus actos tendrían difícil encaje en el Código Penal.
Así lo concluyen juristas consultados por infoLibre, que no ven posible, con la información que se conoce a día de hoy, que los cargos públicos que se han vacunado pudieran recibir algún reproche penal por este motivo, atendiendo a las características y requisitos previstos en la ley en lo que respecta a los delitos que se derivan habitualmente de la corrupción política. Puede considerarse inmoral, apuntan los expertos, pero no delictivo.
Eso sí, a algunos de los que han recibido el medicamento de Pfizer ya les ha costado el cargo, aunque pocos han alegado como motivo la improcedencia de sus acciones. El primero fue el ya exconsejero murciano Manuel Villegas (PP), quien tras saltar la noticia anunció en rueda de prensa que no dimitiría y se limitó a pedir disculpas a los que se hayan sentido "decepcionados y ofendidos" por el hecho de que tanto él como su esposa y 400 trabajadores del departamento hubieran recibido la primera dosis. Sólo horas después volvió a comparecer junto al presidente de la comunidad para anunciar su renuncia.
En esos días también salió a la luz el caso del consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero –también del PP–, quien se puso la vacuna junto a la directora general de Sanidad y Consumo y otros trabajadores del departamento. Primero se justificó diciendo que se lo habían pedido los técnicos y que no se había “saltado ningún protocolo". Este martes ha presentado su dimisión, igual que la alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), la socialista Esther Clavero, quien sí ha reconocido su "error". A diferencia de Clavero, otro alcalde del PSOE, Ximo Coll, de El Verger (Alicante), no tiene intención de dimitir a pesar de que la oposición municipal del PP y Compromís se lo ha exigido durante el Pleno municipal del martes.
Quien también ha dimitido recientemente ha sido el JEMAD Miguel Ángel Villarroya después de que se conociese que él y otros mandos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) se habían vacunado. En el comunicado anunciando su cese, el general del Ejército del Aire insistió en que consideraba sus decisiones "acertadas" en el "cumplimiento de sus obligaciones, de acuerdo a los protocolos establecidos y con la única finalidad de preservar la integridad, continuidad y eficacia de la cadena operativa de las Fuerzas Armadas". La subsecretaria del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce, ha subrayado este martes que "única y exclusivamente" dio orden para que se procediera a la vacunación "de todo el personal sanitario" de las Fuerzas Armadas "por ser crítico", informa Europa Press.
Un protocolo que no tiene rango de ley
Sea como sea, no cesan de aparecer casos de cargos públicos que ya han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En Murcia, PSOE y Podemos han presentado sendas denuncias ante la Fiscalía por la vacunación en la Consejería de Sanidad. por lo que el Ministerio Público ha abierto diligencias y ha pedido documentación para aclarar si se ha cometido alguna irregularidad. Sin embargo, los juristas consultados no creen que las conductas puedan tener un reproche penal ante el incumplimiento de un protocolo –el plan con el orden por grupos de población– que no deja de ser un documento de trabajo sin rango de ley.
En su denuncia, los socialistas de Murcia mencionan la "posible comisión de un delito de prevaricación o un delito de malversación de caudales públicos al haber sido administrada una vacuna propiedad de la administración a quien no tiene derecho a ella según los protocolos establecidos". Pero expertos en Derecho Penal descartan a priori ambos delitos porque el protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad y acordado con las comunidades autónomas no es ninguna norma publicada en un boletín oficial, en el caso de la prevaricación. Por lo que se conoce, tampoco se habría obtenido un beneficio económico, en lo que respecta al tráfico de influencias, mientras que habría que demostrar que ha habido un uso ilícito de fondos públicos para el caso de la malversación.
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Además, desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) recuerdan el “principio de mínima intervención" que rige en el Derecho Penal, que postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal para castigar sólo las infracciones más graves y con respecto a los bienes jurídicos más importantes, más allá de la "conducta reprochable" que se ha visto en los políticos y cargos públicos que se han beneficiado de la vacunación.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación Francisco de Vitoria no ven recorrido penal a los hechos conocidos y plantean la posibilidad de que se puedan imponer sanciones administrativas si así se determinara. Todo ello, siempre y cuando no se revelen otras conductas que sí puedan encajar en el Código Penal, como un cohecho o algún tipo de falsificación de documentos que permitieran la vacunación adelantada de ciertas personas.
Para sancionar penalmente conductas como las que se han conocido en los últimos días, sin que medien otros hechos supuestamente delictivos, lo que habría que hacer es reformar el Código Penal, exponen los juristas, que prevea algún tipo de disposición en cuanto a la utilización de medicamentos que son limitados y de los que se pretende beneficiar a toda la población. En todo caso, remarcan que se trata de situaciones que son sobrevenidas, como se ha visto en toda la pandemia de coronavirus, y cuya regulación en leyes y órdenes ministeriales se ha ido adaptando en función de los acontecimientos.