Con cuarenta comparecencias repartidas en 28 sesiones a lo largo de casi dos años, la Comisión de Investigación de la Presunta Financiación Ilegal del PP quedó liquidada este martes sin emitir conclusiones. Sin proponer, por tanto, medidas legislativas. Y, sobre todo, sin que el expresidente Mariano Rajoy se haya sometido a interrogatorio en el Congreso tras el judicial de hace dos veranos y antes de la disolución de las Cortes. El pacto alcanzado por PSOE con Ciudadanos y Podemos tras el arranque de la comisión estipulaba que Rajoy sería el último en comparecer.
Unos –PSOE– y otros –Unidos Podemos, Ciudadanos y Esquerra– se culpan mutuamente de haber impedido que el Congreso concluya oficialmente que el PP se financió de manera ilegal. Pero todos, salvo el partido investigado, coinciden en que la verdadera conclusión no escrita es el retrato que, en paralelo a todo lo que en la vía judicial ocurrió, terminaron de perfilar esas 28 sesiones de la comisión en sus 21 meses de vida. Un dibujo, entienden, que confirma la simbiosis entre el PP y una trama que el policía Manuel Morocho, uno de los comparecientes que mejor recuerdan los portavoces de la comisión, definió así el 7 de noviembre de 2017: Gürtel, dijo ante los diputados, es "el concepto de corrupción en estado puro". En resumen, todos salvo el PP entienden que los trabajos de la comisión han desembocado en el mismo punto que la sentencia de la Audiencia Nacional, que certificó la existencia de la caja B y cuestionó la veracidad del testimonio prestado por Rajoy. Su difusión, el 24 de mayo de 2018, precipitó la moción de censura.
¿Conduce entonces esa ausencia de conclusiones y de propuestas legislativas a que la comisión acabe pronto en el sumidero del olvido? Salvo la representante del PP, Beatriz Escudero, que cree que la comisión fue una farsa inútil porque todo estaba ya prejuzgado por los partidos cuyo voto propició la apertura de la comisión en mayo de 2017, los otros diputados ofrecen un análisis radicalmente opuesto. Aunque por razones muy distintas –su inclusión en el Grupo Mixto le mantuvo alejado de la comisión– también el portavoz del PdeCat en esta legislatura, Carles Campuzano, opina que la comisión "ha sido poco útil dado que ha terminado sin conclusiones y sin opción a repetirse".
La moción de censura
Otro nacionalista, Mikel Legarda, portavoz del PNV en la comisión, traza un relato en las antípodas: "Si finalmente hubiéramos elaborado conclusiones de la comisión de investigación, lo que dirían es que las comparecencias nos habían reafirmado en que hicimos lo correcto con la moción de censura". Legarda se pronuncia así en referencia expresa a cómo en el camino de la comisión, y cuando llevaba celebradas 19 comparecencias, se cruzó el 24 de mayo de 2018 la sentencia de Gürtel. El mazazo que, una semana después, precipitó el desalojo de Rajoy.
Es esa confluencia de factores la que lleva a Legarda a minimizar el alcance real de la ausencia de conclusiones. O, dicho al revés: en su opinión, el paso lógico siguiente a la aprobación de conclusiones habría sido presentar una moción de censura de no ser porque eso ya ocurrió. Ocurrió y cambió el rumbo político del país.
La línea argumental de Legarda aflora, aunque de manera menos explícita, en el discurso del socialista Artemi Rallo, portavoz de su partido en la comisión. ¿Comenzó a desinflarse la comisión una vez se produjo la censura contra Rajoy y el subsiguiente relevo en el Gobierno? "En un iter [secuencia] lógico –responde el portavoz del PSOE en la investigación parlamentaria–, si una comisión de esta naturaleza hubiese formalizado conclusiones el paso siguiente habría sido una moción de censura. Pero la sentencia produce un big bang y empuja la moción". "Una comisión –apostilla– se crea para evidenciar responsabilidades políticas". Y no hay mayor evidencia ni responsabilidades que una moción de censura, es su argumento.
Incluso Txema Guijarro, diputado de Podemos y secretario de la mesa de la comisión, admite que la moción de censura supuso un punto de inflexión que restó, como mínimo, protagonismo a la comisión de investigación. Pero eso, contraataca al PSOE, en absoluto justificaba dejar los trabajos a medias. Entre el 11 de mayo de 2017, fecha en que oficialmente arrancó la comisión, y el 29 de mayo de 2018, antevíspera de la moción de censura, se celebraron 27 comparecencias. A partir de ahí, solo 13. El primero en declarar fue el extesorero del PP Luis Bárcenas. El último, el expresidente balear del PP Jaume Matas. Ambos están hoy en prisión.
El "cerrojazo en falso"
Para Ciudadanos, Podemos y ERC, el acento está hoy ahí. En que los trabajos se han quedado a medias. Y en que Rajoy –“el jefe de la organización”, dice Guijarro- no ha dado las explicaciones debidas ante la sede de la soberanía popular, donde el formato y los objetivos difieren del que se le aplicó como testigo en el juicio de Gürtel. Los tres partidos acusan a los socialistas de pactar con el PP justamente para ahorrar a Rajoy el trance de la comisión a cambio de que Pedro Sánchez se librase a su vez de dar explicaciones sobre su tesis doctoral en el Senado. Y ven confirmado lo peor del bipartidismo en el "cerrojazo en falso" de la comisión.
Socialistas y populares lo niegan. "No he hablado con nadie del PSOE", dice Beatriz Escudero, del PP. "Era público y notorio hace ya 15 días que se estaba barajando el adelanto electoral y que no habría tiempo para que declarase Rajoy", aduce Artemi Rallo, del PSOE.
Los socialistas, que desmienten cualquier pacto bajo cuerda con el partido de Pablo Casado y sitúan el adelanto electoral como la inevitable campana que ha salvado a Rajoy, atribuyen el fiasco a esos tres grupos por su "ocurrencia exótica" –así la define el diputado Artemi Rallo– de supeditar la votación de conclusiones a una condición sine qua non: que la comisión recomendase la reapertura de investigaciones en la próxima legislatura. No cabía –remacha Rallo- ceder en ese punto porque habría equivalido a emitir ahora una especie de conclusiones provisionales sin valor real.
Esa recomendación, y en ello conviene Rallo con la diputada del PP Beatriz Escudero, vicepresidenta de la comisión, y Mikel Legarda, portavoz del PNV, habría carecido de toda validez jurídica. "Era un brindis al sol", dice Escudero, cuyo mensaje central desde el martes se resume en dos palabras que ella misma repite por teléfono: "Estamos encantados". Con la ausencia de conclusiones, quiere decir. Expertos consultados por infoLibre aseguran que, en efecto, una recomendación de ese tenor habría carecido de toda virtualidad dado que las Cortes son soberanas. Y ningún acuerdo de esa naturaleza puede comprometer a la nueva Cámara que salga de las elecciones.
La sombra de Florentino Pérez
Ciudadanos, Podemos y ERC querían la reanudación de las pesquisas parlamentarias en la próxima legislatura para, básicamente, llamar a Rajoy y los otros comparecientes que quedaron en la cuneta. Entre ellos, el exdirector general de la Policía y en esta legislatura portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó; el empresario Florentino Pérez –"ese señor tan poderoso", espeta Gabriel Rufián, de ERC–, Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal... y el chófer de Bárcenas, figura clave en la Operación Kitchen. Es decir, el operativo supuestamente ejecutado en 2013 para robar a Bárcenas documentos comprometedores sobre la financiación del PP.
Al igual que Rufián, también Txema Guijarro cree que evitar al presidente del Real Madrid y de la constructora ACS su desfile ante la comisión ha resultado "decisivo" para que PSOE y PP se pusieran aquí de acuerdo. ¿Tenía sentido la existencia de la comisión tras la sentencia de la Audiencia Nacional y la moción de censura contra Rajoy? "Si esta comisión no servía de nada no la habrían querido cerrar", aventura Gabriel Rufián.
Toni Cantó, que acudió a la reunión del martes con una propuesta de conclusiones de 35 folios –el PSOE presentó una de cuatro, "el panfleto de la pataleta", dice con un regusto de venganza la conservadora Beatriz Escudero–, porfía en la idea de que los dos grandes partidos han actuado al alimón para "taparse las vergüenzas". ¿No se planteó Ciudadanos optar por la vía del pragmatismo para cerrar unas conclusiones que condensaran lo que todo el mundo sabe, porque así lo han expresado sus dirigentes, que piensan de la financiación del PP los restantes partidos del arco parlamentario? "No, en nosotros hay una negativa a blanquear el comportamiento del bipartidismo que ha bloqueado al último compareciente, que debía ser Mariano Rajoy. Han hecho un cambalache, se cubren", replica.
Cantó, Garrido y Rufián ponen el énfasis en un hecho irrefutable: que ya a finales de noviembre, cuando aún no estaba en la agenda el adelante electoral aunque planeaba como hipótesis, ya el PSOE y el PP acordaron demorar la citación de Rajoy y los restantes comparecientes de la tanda final. Declararían en febrero, fue el mensaje. "Es verdad –desliza un observador que ha seguido muy de cerca los trabajos de la comisión– que desde la Moncloa se ven las cosas de otro modo, y que tras la moción de censura ha habido picos y valles en la comisión".
Pero Rallo niega la mayor. Y aduce esto: que si a finales de noviembre el PSOE, y con el apoyo del PP propuso posponer las citaciones pendientes hasta febrero fue porque lo aconsejaba "la efervescencia” de las informaciones que en ese momento se sucedían sobre la Operación Kitchen.
Ciudadanos y Podemos creen que se trata de un pretexto. Y argumentan que la trayectoria de la comisión demuestra que la investigación judicial y la parlamentaria marchan en paralelo. Y que la segunda no puede ni debe quedar postergada por cuanto no busca responsabilidades penales sino políticas. En el plano penal, dicen uno tras otro, poco cabe añadir a lo que dice la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la pieza troncal del caso Gürtel.
En solitario y fiel al discurso de su partido, la conservadora Beatriz Escudero, que fue magistrada suplente de la Audiencia de Segovia, sigue reiterando en cambio que la sentencia de Gürtel no considera "plenamente acreditada" la caja B –ese entrecomillado figura en la página 1.078 de la resolución judicial–. Y sostiene que, en cualquier caso, nada hay probado aún de manera fehaciente dado que esa misma sentencia ha sido recurrida ante el Supremo.
"Gente que ha podido abusar"
Escudero saltó a los titulares en octubre cuando desde la mesa de la comisión profirió un grito dirigido a Gabriel Rufián: ¡No me guiñes el ojo, imbécil!", aunque el diputado de ERC niega tal guiño y asegura que las cámaras de la sala le han dado la razón. Tras el cierre de la comisión, Escudero se mantiene sin moverse en los postulados del partido: no hubo financiación ilegal y si hubo algo más ella no lo conoce. Hubo, repite como el grueso de sus compañeros de filas, algunos que se aprovecharon para su propio bolsillo. "Gente que ha podido abusar".
A título personal, Escudero dice compartir una de las propuestas incluidas en dos de las proposiciones de ley que el adelanto electoral ha dejado en dique seco: introducir en el Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito. En su opinión, España "no es un país en el que haya corrupción sistémica". Ahora se declara feliz por el cierre de la comisión porque "anímica y personalmente nos han machacado". La incorporación del delito de enriquecimiento ilícito se inscribe en el bloque legislativo que preconizaba Ciudadanos en su propuesta de conclusiones. "Pero eso –tercia el socialista Rallo– ya está en proposiciones de ley que se han quedado sin tramitar".
Frente a la satisfacción proclamada por Beatriz Escudero, al PP –convienen socialistas, Ciudadanos, Podemos, ERC y PNV– le asisten pocos o ningún motivo para las alegrías tras el cierre de la comisión. En la retina colectiva, sostienen sus distintos portavoces, han quedado ya instaladas confesiones ante la Cámara Baja como la del antiguo número dos del partido en Valencia, Ricardo Costa, que se ratificó en que distintos empresarios pagaban las campañas electorales. Asentadas creen también revelaciones como la de Manuel Morocho, inspector de la unidad anticorrupción de la Policía, la UDEF, y que convirtió en leitmotiv dos palabras –"indiciariamente, sí"– cuando Carolina Bescansa, de Podemos, le fue preguntando nombre a nombre si Rajoy y el conjunto de los secretarios generales del PP habían cobrado sobresueldos.
Para el socialista Artemi Rallo, ha quedado asimismo grabada a fuego la tensísima comparecencia de la ahora ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien aseguró, por ejemplo, que la sentencia de Gürtel se refiere "a personas que hacen cosas" y no al PP. "En mi opinión –expone el diputado– las comparecencias que más han venido a confirmar las conclusiones de la financiación ilegal fueron las de Ricardo Costa, Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes; y la más paradigmática de hasta qué punto han ido a ir a negarlo todo es la de Cospedal, como luego se demostró con las cintas de Villarejo, en las que se evidencia que había un plan para obstaculizar las investigaciones". A la número dos de Rajoy le tocó declarar en uno de los peores momentos: el 29 de mayo de 2018. El 1 de junio, la moción de censura triunfó.
"Un PP chulesco"
El Congreso cierra la comisión de investigación sobre la financiación del PP ante la imposibilidad de pactar nada
Toni Cantó, de Ciudadanos, cree que la opinión pública tampoco olvidará actitudes como la de los sucesivos tesoreros, que –Bárcenas incluido– se mantuvieron dentro del guion oficial del PP: "Porque vemos a un PP chulesco que no está dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad ni a pedir perdón". Mucho menos conocida que Luis Bárcenas o que su antecesor Rosendo Naseiro, la ya extesorera Carmen Navarro –procesada por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas y miembro del comité nacional de campaña del PP para las municipales de mayo– condensó en una frase lo que Cantó reprocha a quienes controlaban las cuentas del partido: "Yo –aseguró Navarro en su comparecencia, el 13 de julio de 2017– he venido a gestionar el presente, no a investigar el pasado, y no lo voy a investigar nunca".
Ni fueron verosímiles los tesoreros ni los demás dirigentes del PP que desfilaron por la comisión, prosigue el diputado. "Otros muchos han tenido la poca vergüenza de intentar decirnos que no se enteraban de nada. Ricardo Costa y David Marjaliza [el principal arrepentido de la Operación Púnica, antiguo socio de Francisco Granados] desmienten por completo esa tesis. Y es aquí, al hilo de lo que dice sobre la "poca vergüenza", donde Cantó introduce una reflexión compartida con los demás grupos que sostuvieron durante 21 meses la comisión. Una reflexión o una pregunta que, en el plano judicial, persiste hoy como gran incógnita: hasta dónde sabía la alta dirigencia del PP sobre el trasvase de fondos públicos a los bolsillos del partido, sobre la entrada de donaciones en negro aportadas por grandes adjudicatarios de contratos públicos, sobre la tolerancia hacia quienes desviaron al menos una parte de todo lo anterior a su peculio particular. "Hay momentos –y esa es la reflexión, o el interrogante– en que tú vas a un acto en una plaza de toros, miras a tu alrededor y, oye, te tienes que preguntar de dónde sale ese dinero".
Con cuarenta comparecencias repartidas en 28 sesiones a lo largo de casi dos años, la Comisión de Investigación de la Presunta Financiación Ilegal del PP quedó liquidada este martes sin emitir conclusiones. Sin proponer, por tanto, medidas legislativas. Y, sobre todo, sin que el expresidente Mariano Rajoy se haya sometido a interrogatorio en el Congreso tras el judicial de hace dos veranos y antes de la disolución de las Cortes. El pacto alcanzado por PSOE con Ciudadanos y Podemos tras el arranque de la comisión estipulaba que Rajoy sería el último en comparecer.