El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes el debate del estado de la nación anunciando nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés. Y una amplia batería de nuevas medidas sociales que incluyen desde un incremento sustancial de las becas a una ampliación al 100% del bono transporte de cercanías.
Sánchez utilizó además su discurso para combatir el discurso del PP, a cuyos dirigentes calificó de “traficantes de miedo” y “profetas de la catástrofe” y a quienes reprochó que traten de transmitir la idea de que “el país se hunde” y de “extender el miedo” con el fin de “mercadear con sus falsas soluciones”. “Solo debemos tener miedo al miedo”, remachó el presidente pidiendo a los ciudadanos que atiendan “a la razón”. Porque, sin restar importancia a la gravedad de la inflación, “hay más gente con empleo que nunca”, un “récord de indefinidos”, un salario mínimo que ha crecido un 40% y sectores pujantes como el turismo, la industria y la vivienda.
Por eso pidió expresamente a los ciudadanos que “no permitan que les roben la confianza”. “Somos un país que se crece ante la adversidad”, señaló el presidente.
Durante su intervención, de una hora y veinte minutos de duración, Sánchez dedicó gran parte de sus argumentos a desmontar el núcleo de las críticas que la derecha, especialmente el PP de Alberto Núñez Feijóo, está haciendo a la situación económica de España y en particular a la responsabilidad del Gobierno en la elevada inflación.
Sin negar en ningún momento la gravedad del momento, sobre todo las incertidumbres que tienen que ver con la evolución de los precios ante la posibilidad de que Vladímir Putin decida cortar el suministro de gas a Europa, el presidente afirmó ser plenamente consciente de las dificultades cotidianas de la gente. “Lo sé y me hago cargo”, remarcó. Los ciudadanos “quieren que nos centremos en lo que va mal y que expliquemos las medidas que tomamos para solucionarlo y es lo que voy a hacer”.
Sánchez hizo un esfuerzo por diagnosticar las causas de la inflación distinguiendo su análisis del de la derecha, que situó a la misma distancia que tienen el criterio de “un médico especialista” del de “un curandero”.
“Es importante compartir un buen diagnóstico de las causas” del alza de los precios “porque sin él será difícil” tratar el problema. “Los ciudadanos tiene que creer el diagnóstico del curandero o el del médico especialista. El curandero quiere beneficiarse de la enfermedad; dice que es culpa del Gobierno, por subir el salario mínimo o fomentar las energías renovables y que con otro no hubiera sucedido”. Es una análisis que “resulta conveniente a algunos porque reafirma prejuicios ideológicos bien arraigados y bien propagados por potentes altavoces mediáticos”.
“Lo cierto es que no hay una institución seria que avale al curandero. Y si los ciudadanos lo piensan, se darán cuenta de cuán absurda es esta tesis”. “¿Si es culpa del Gobierno, porqué pasa en otros paises?, se preguntó. “¿Si gestionamos tan mal la crisis energética por qué somos con Portugal uno de los países con los precios mayoristas mas bajos de la UE?”.
Las causas
La inflación, subrayó citando a “los médicos especialistas de la economía”, ha sido provocada por la pandemia y la guerra en Ucrania. Sánchez detalló cómo la economía se detuvo durante el confinamiento, de qué manera se reactivó con dificultades y con problemas de demanda, y cómo cambiaron hábitos de vida y compra, con más gasto en sectores que la producción no fue capaz de satisfacer.
“No es echar balones fuera: es hacer un diagnóstico” realista. “El Gobierno asume toda su responsabildad, pero no soluciones falsas, engañosas y menos aun injustas”.
“Iremos a por todas”, anunció. “Me voy a dejar la piel para defender a la clase media y trabajadora de nuestro país”. Con estas palabras Sánchez pasó a anunciar medidas concretas y anunció dos nuevos impuestos temporales a las entidades financieras y a las grandes compañías energéticas para recaudar aproximadamente unos 7.000 millones de euros en dos años. El impuesto a “los grupos dominantes” del sector eléctrico, gasista y petrolero estará en vigor durante 2023 y 2024 y buscará recaudar 2.000 millones de euros al año de los beneficios extraordinarios de estas empresas en 2022 y 2023. “Se habla a menudo de los beneficios caídos del cielos, pero en realidad no son tales. Los sobrebeneficios no caen del cielo, salen del bolsillo de los consumidores que pagan los recibos”, remarcó.
El otro impuesto “excepcional y temporal” se diririgirá a “las grandes entidades financieras que ya han empezado a beneficiarse de la subida de tipos de interés”. Tendrá una duración de dos años —sobre los ejercicios 2022 y 2023— y recaudará, segun las previsiones del Gobierno, unos 1.500 millones cada año.
Sánchez fue claro acerca del sentido que quiere dar a estos nuevos impuestos: “Este Gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría, porque las dificultades de una mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría”.
Los nuevos impuestos anunciados por el jefe del Ejecutivo se suman al tipo mínimo del 18% en el Impuesto sobre Sociedades que se aplica desde este año a la banca y las empresas de hidrocarburos. Una parte de las entidades financieras también pagan el Impuesto sobre las Transacciones Financieras que entró en vigor el pasado año.
Entre la batería de medidas económicas que anunció el presidente también está una bonificación del 100% de los abonos de varios viajes para Cercanías, Rodalies y trenes de media distancia operados por Renfe, por lo que pasarán a ser gratuitos desde el 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre. Una iniciativa que se suma a la rebaja del 30% para los abonos del resto de transporte urbano y metropolitano, que las comunidades autónomas pueden completar hasta el 50% o el 60%, según se dispone en el real decreto-ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania que se someterá a votación esta misma semana en el Congreso.
Reparto justo
Sánchez también ha anunciado una medida de choque en materia de vivienda que afectará directamente a la ciudad de Madrid: el desbloqueo de la llamada Operación Campamento para la construcción de hasta 12.000 viviendas en la capital de las que el 60% serán públicas.
El objetivo de estas medidas, que se suman a las ya previstas en el citado real decreto, es “asegurarnos de que las consecuencias de la guerra se repartan de forma justa y equitativa para que no recaigan, como pasó en la crisis financiera, en los más vulnerables”, aseguró el presidente.
En materia energética, y a la vista de la posibilidad de que Putin corte el suministro de gas a Europa, lo que “tendría un impacto sobre la economía europea y española", Sánchez hizo una llamada al ahorro para los próximos meses y anunció iniciativas. “Deberemos adoptar medidas de ahorro energético", incluido un impulso del teletrabajo, el fomento del transporte público o bajar “un poco la temperatura de la calefacción o subirla en el aire acondicionado”. “Podemos hacerlo y lo vamos a hacer”.
El presidente defendió sin reservas el respaldo español a Ucrania y recordó que no participar del esfuerzo bélico no sólo no hubiese librado a España de las consecuencias de la guerra sino que le privaría de legitimidad para pedir solidaridad cuando la necesite.
El Congreso acoge desde este martes el Debate sobre el estado de la Nación, primero con Sánchez de presidente
“La paz no viene sola, hay que alcanzarla y no permitir que nos la arrebaten”, remarcó. “Si miramos hacia atrás, nadie mejor que nosotros para comprenderlo. Hace casi 90 años la decisión de los aliados de no intervenir en España nos condenó a cuarenta años de atraso y de dictadura fascista. Ahora tenemos la oportunidad de estar en el lado correcto de la historia y es donde estamos y estaremos”, concluyó entre aplausos de la bancada socialista.
“Debemos salir mas fuertes de lo que entramos en esta crisis”, antes de preguntarse “qué hubiera sido de este país si hubieran gobernado otros” las “adversidades” de la pandemia y la guerra. “Cada cual puede peguntárselo” propuso, comparando a quienes en la anterior crisis, el Gobierno del PP, apostaron por el despido libre y no por los ERTE, los que “privatizaron el Estado del bienestar”, fomentaron la desigualdad y cargaron los sacrificios en los débiles, los que “consintieron extremos insólitos de corrupción e inmoralidad” o “comportamientos ilícitos de los responsables de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Hacerlo, destacó, “ilustra las disyuntivas del presente”, porque lo que está pasando en Estados Unidos revela cómo los derechos conquistados pueden retroceder rápidamente. “España no es inmune” a eso, advirtió, y conquistas como la eutanasia o la interrupción voluntaria del embarazo están “recurridas por quienes siempre han votado en contra” para que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional tumben lo que aplaude la mayoría social. “Flaco favor hacen a la democracia los que no aceptan el veredicto de las urnas y quieren revocar avances sin que los ciudadanos lo hayan decidido con su voto mayoritario”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abrió este martes el debate del estado de la nación anunciando nuevos impuestos para las grandes empresas energéticas que se están lucrando con la crisis y para las entidades financieras que están empezando a verse beneficiadas por la subida de los tipos de interés. Y una amplia batería de nuevas medidas sociales que incluyen desde un incremento sustancial de las becas a una ampliación al 100% del bono transporte de cercanías.