Investidura parlamentaria
Sánchez constata tras la primera ronda de contactos que su investidura está en manos de la derecha o el independentismo
Durante el recuento de la noche electoral del 28 de abril los socialistas acariciaron el sueño de sumar escaños suficientes para gobernar exclusivamente con Unidas Podemos, quizá el PNV y puede que algún partido como Compromís. Y pasar página de la pesadilla que para Pedro Sánchez había representado, tras la moción de censura, la pinza formada por las formaciones de la derecha —Partido Popular y Ciudadanos— y los diputados independentistas —Esquerra y el PDeCAT—.
La comunión entre los dos extremos del arco parlamentario echó por tierra en febrero el proyecto de Presupuestos Generales para 2019 con el que el PSOE pretendía poner en marcha su agenda social y dotar de contenido real al Gobierno que formó hace ahora un año pero que, desde entonces y precisamente por la falta de soporte presupuestario, no tuvo la oportunidad de transformar la mayoría de sus objetivos en una acción ejecutiva real.
Pasados cuatro meses y otros tantos procesos electorales, Sánchez se ha topado con el mismo obstáculo para intentar la investidura y poner en marcha la legislatura. Los mismos partidos que unieron fuerzas para impedir la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos —un grupo al que ahora se ha sumado Vox— tienen en sus manos impedir que Sánchez sea elegido presidente. De momento ninguno de ellos ha manifestado su disposición a abstenerse y, en ese caso, como no existe ninguna candidatura alternativa viable, sería inevitable repetir las elecciones.
La decisión de Pablo Casado y Albert Rivera de votar en contra de la investidura deja a la postre el futuro de Sánchez en manos de los independentistas, precisamente aquellos cuya futura influencia nociva en el Gobierno denuncian los líderes del PP y de Ciudadanos desde el día de las elecciones. Justo el escenario que el PSOE quería evitar.
El PSOE no tiene intención, al menos de momento, de negociar nada con Esquerra Republicana. Los socialistas están todavía escaldados de la relación con un partido al que no consideran fiable. Aún escuece la maniobra de los independentistas que impidió el aterrizaje en el Senado de Miquel Iceta, el líder del PSC, para ser elegido presidente de la Cámara Alta.
Por eso la número dos del partido, Adriana Lastra, durante el primer y único contacto conocido entre el PSOE y ERC desde las elecciones, se limitó este jueves a trasladar al portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, una petición para que sus 14 diputados —15 si el suspendido Oriol Junqueras renuncia a su escaño— se abstengan en la votación de investidura. Para que no se sumen a la derecha de la foto de Colón —PP, Cs y Vox— y desbloqueen el inicio de la legislatura. Y sin ofrecer nada a cambio.
Al término de la reunión, Rufián fue calculadamente ambiguo. “No venimos con la intención de bloquear absolutamente nada, pero el no bloqueo no significa dar un cheque en blanco al PSOE de Sánchez”, advirtió. Esquerra lo fía todo a la posibilidad de una negociación con los socialistas que, según Lastra, no se va a producir. La Ejecutiva de Sánchez fijó los límites de los contactos para la investidura e incluyó deliberadamente entre ellos el respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico español, lo que en términos del procés significa que no están dispuestos a hablar con nadie que pretenda promover un referéndum de autodeterminación o influir sobre el juicio que acaba de quedar visto para sentencia en el Supremo.
Rufián pidió “un PSOE valiente, que no se acobarde y se levanta de la mesa de diálogo por una manifestación de los hijos de Aznar y Don Pelayo”, en alusión al acto de la Plaza de Colón y en referencia a la decisión del Gobierno de poner fin, el pasado febrero, a las conversaciones con la Generalitat con el argumento de que no estaban dispuestos incluir en el temario de los contactos el derecho a la autodeterminación.
El portavoz de Esquerra aseguró que le parecería “irresponsable" repetir las elecciones pero insistió en vincular la decisión que acabe adoptando su partido sobre la investidura a lo que el PSOE piense hacer en relación con el diálogo sobre Cataluña. Esquerra quiere que sea la política, “y no las togas y las porras”, la que solucione “el conflicto catalán”. “Diálogo, diálogo y diálogo”, repitió.
La puerta entreabierta de Esquerra a una negociación que facilite la investidura contrasta con la posición de JuntsxCat, cuya posición en estos momentos es la misma que la del PP, Cs y Vox: votar en contra de Sánchez. En este momento, declaró su portavoz en el Congreso, Laura Borràs, “no se dan las circunstancias” para votar otra cosa, entre otros motivos por la suspensión de sus tres diputados encarcelados a la espera de una sentencia del Supremo.
Sintonía sí, acuerdos no
Lastra reconoció, tras la reunión con Rufián, la sintonía que une al PSOE con Esquerra en relación con la agenda social, pero recordó que los socialistas no quieren “hacer descansar la gobernabilidad de España o la investidura en partidos independentistas”.
Reiniciar el diálogo para buscar una solución política al conflicto en Cataluña, como ha pedido Rufián, no es un problema para el PSOE ni para el Gobierno, que en reiteradas ocasiones se han mostrado dispuestos a reemprender ese camino después de las elecciones. Es incluso un mandato de su programa electoral. La dificultad estriba en que, para el PSOE, ese diálogo tiene que darse para buscar soluciones “dentro de la Constitución y de la ley”, nunca fuera. Y eso excluye, según los socialistas, cualquier hipótesis de un referéndum de autodeterminación, que a día de hoy sigue siendo el núcleo de las reivindicaciones independentistas.
La conclusión de la primera ronda de contactos —las siguientes ya no se llevarán a cabo bajo los focos de la prensa— es que la investidura será imposible a menos que alguna de las tres derechas —los socialistas piensan en Cs— o alguien de las tres formaciones soberanistas con representación en el Congreso —Esquerra, JuntsxCat o EH Bildu— se abstenga. De todas ellas sólo la formación presidida por Oriol Junqueras, encarcelado desde hace 589 días y a la espera de sentencia en el Tribunal Supremo por su participación en los hechos que dieron lugar a la declaración unilateral de independencia de Cataluña del 27 de octubre, ha dejado abierta la posibilidad de facilitar la reelección de Sánchez.
En los últimos días se ha desinflado la llamada Operación Navarra,Operación Navarra, que los socialistas consideran demasiado compleja no sólo porque pondría en peligro el apoyo del PNV, que el PSOE considera estratégico, sino porque si los diputados de Junts suspendidos por estar en prisión preventiva renuncian a sus escaños y son sustituidos los votos de UPN no servirían para nada.
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Mientras negocia con Pablo Iglesias las condiciones del apoyo de Unidas Podemos (UP) a su investidura, que la formación morada vincula a un gobierno conjunto como el que se va a poner en marcha en la Comunitat Valenciana, y a la espera de que se despejen las incertidumbres que todavía restan sobre la constitución de ayuntamientos y la formación de mayorías en las Comunidades Autónomas, el presidente en funciones tiene que decidir si se somete a la investidura sin tener garantizados más votos a favor que en contra.
Sánchez, que este viernes viajará a Malta para participar en la cumbre de los países del sur preparatoria del Consejo Europeo que tendrá lugar la semana que viene en Bruselas, tiene previsto también viajar a Osaka (Japón) para asistir a la reunión anual de los países más ricos del mundo. La apretada agenda internacional del presidente en funciones sitúa la fecha más probable para celebrar el debate la primera quincena de julio.
Una vez que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convoque la sesión, y suponiendo que haya sido capaz de firmar un acuerdo con Unidas Podemos, Sánchez dispondrá de dos meses para convencer a PP y Cs de que desbloqueen la legislatura con su abstención. O, en su defecto, de levantar el veto impuesto a los independentistas e intentarlo también con Esquerra. Si no lo consigue, la convocatoria de nuevas elecciones será automática y los españoles volverán a las urnas en el mes de octubre. Serían las cuartas elecciones generales en cuatro años.