Uno de los mantras repetidos por la derecha a lo largo de esta legislatura que expira es que el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está “dispuesto a todo” con tal de mantenerse en el poder. Y eso incluye toda clase de cesiones al nacionalismo catalán y vasco, a los que los dirigentes de PP y Vox tildan como “enemigos de la unidad de España”. Tras los comicios del 23J, en los que Sánchez ha ganado casi un millón de votos respecto a 2019, el mensaje sigue siendo el mismo, con el añadido de que el socialista también va a necesitar al “prófugo de la justicia” Carles Puigdemont para garantizarse la investidura.
La tesis de la derecha es que Sánchez va a permitir que Cataluña celebre su referéndum de autodeterminación y va a conceder una amnistía general para todas las causas judiciales relacionadas con el procés, como le piden Junts y, en menor medida, ERC. El PSOE ha cerrado la puerta a ambas exigencias y ha situado el límite de la negociación en el marco constitucional, pero el relato ya está servido para el PP y Vox en un contexto en el que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no tiene los números suficientes para ser investido y se aferra a la repetición electoral como su único salvavidas para continuar al frente del PP.
Si se examinan los acuerdos suscritos por el PSOE a lo largo de esta legislatura, no hay ni rastro de decisiones contrarias a la Constitución, sino que se ubican dentro de los 'parámetros clásicos' de cualquier negociación. Es decir, se han pactado contrapartidas sobre competencias, recursos económicos o leyes a cambio de votos. Una estrategia que el PP también ha utilizado en el pasado con formaciones como Convergencia i Unió o el PNV y por la que están discurriendo las actuales negociaciones.
La ministra de Hacienda en funciones y número dos del PSOE, María Jesús Montero, está ejerciendo como negociadora en ciernes por mandato de Sánchez, confiado en llegar a un acuerdo de investidura. En una entrevista en TVE, Montero colocó la reforma de la financiación autonómica como una de las prioridades la próxima legislatura y también habló del “endeudamiento” de las distintas regiones, aunque evitó mencionar una condonación a Cataluña como se ha publicado en distintos medios como parte de las conversaciones con Junts y ERC.
“En ese margen del modelo de financiación autonómica no sólo se habla de los recursos que entran en el sistema, también se habla de la situación de endeudamiento de las comunidades autónomas y también de lo que llamamos el esfuerzo fiscal, con la vuelta de las reglas fiscales”, argumentó la ministra. Algunos presidentes autonómicos de distinto sino han reclamado en muchas ocasiones que el modelo se renueve, aunque sin consenso entre ellos y se han dado alianzas atípicas, como la del presidente andaluz, Juanma Moreno, con el valenciano Ximo Puig por la situación de infrafinanciación de ambas regiones.
La financiación autonómica, el ‘melón’ que el PSOE puede convertir en oportunidad
A quien le correspondía inicialmente abordar esta reforma era a Mariano Rajoy, que se comprometió ante los expresidentes autonómicos a convocar negociaciones antes de que acabara 2017 pero pronto quedó claro que no iba a abrir ese melón, en el que se cruzan intereses de comunidades de todos los colores, y ni siquiera llegó a presentar una propuesta. Con Sánchez al frente de La Moncloa, se ha avanzado con expertos y se han intercambiado documentos con las comunidades autónomas, pero tampoco se ha concretado en ningún acuerdo.
El debate para renovar el modelo de financiación autonómica debe canalizarse de forma paralela en dos escenarios complementarios: en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se dan cita las comunidades, y en el Congreso, donde es imprescindible un gran acuerdo entre PP y PSOE pero que no se entendería sin el concurso de otras fuerzas políticas hegemónicas en sus territorios, como Esquerra.
El PP ya se ha pronunciado a través de su vicesecretario económico, Juan Bravo, que ha apremiado a Montero a convocar cuanto antes el CPFF y ha rechazado cualquier tipo de negociación “bilateral” con Cataluña. En la misma línea que Bravo, el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha señalado que “el uso partidista del sistema de financiación es un error que ningún Gobierno debe cometer y menos para facilitar la investidura de quien ha perdido las elecciones”. Por su parte, el Ejecutivo que preside la madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que “se opondrá con todos los medios” a la condonación de la deuda, pese a que es una reclamación de su homólogo murciano, Fernando López Miras.
Más allá de las críticas del PP, esta reforma podría ser una de las bazas de los socialistas para atraer a ERC al sí y lograr la abstención de Junts, especialmente si se plantea esa condonación de la deuda, ya que Cataluña es la autonomía que más acumula, o si se cambiase el sistema aumentando recursos para la región. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pidió el martes a Montero que no “especulase” con el modelo de financiación y que les trasladara su propuesta, en caso de tenerla. “Nuestro objetivo es obtener lo máximo posible para nuestra gente”, señaló el presidente catalán, de ERC.
Los criterios de reparto del dinero, fijados en 2009, ya no satisfacen a casi nadie y lo que está encima de la mesa desde hace años es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida. Algunos, buena parte de las comunidades del norte, quieren poner el acento en aspectos demográficos, como la despoblación, el envejecimiento o la involución de las áreas rurales. Otros, los que más dinero tienen, prefieren fijarse en el criterio de ordinalidad: que al final, después del trasvase de fondos de las comunidades más prósperas a las que no lo son, ningún territorio pierda posiciones. Es decir: que se achique la horquilla que separa a la primera comunidad de la última, pero sin variar el orden. Algunas, como Extremadura, reclaman con énfasis que el reparto tenga en cuenta el paro estructural, uno de los principales males de esta región.
Díaz propone reformar el reglamento del Congreso para permitir las lenguas cooficiales
"Ni de izquierdas ni de derechas", la estrategia de pactos de Coalición Canaria con PSOE y PP en 30 años
La estrategia de Sumar, el previsible socio de gobierno de Sánchez si logra sacar la investidura, también va por los mismos cauces. La coalición es heredera del espacio de Unidas Podemos, pero tanto en la campaña electoral como en el programa han aparcado la propuesta del referéndum de autodeterminación para defender un “acuerdo político” fruto de la Mesa de Diálogo entre Generalitat y Gobierno. Por tanto, tampoco cabe esperar ninguna propuesta de ese calado por parte de la líder del espacio, Yolanda Díaz, que ha abogado por una reforma del reglamento del Congreso para permitir la utilización de las lenguas cooficiales.
En un claro guiño a las formaciones nacionalistas e independentistas, Díaz ha subrayado que supone un avance “hacia un país plural" y una forma de "ganar derechos para las distintas identidades de nuestro país". La vicepresidenta segunda en funciones no ha escondido que este será "un elemento importante" para encauzar las negociaciones de la Mesa. Según apuntan fuentes de la dirección de ERC a infoLibre, es una de las reivindicaciones de los republicanos de cara a la investidura de Sánchez.
La de expresarse en catalán, gallego o euskera es una de las reivindicaciones históricas de ERC desde hace varias décadas, sin que se haya concretado en ninguna medida tangible más allá de que se permita intercalar alguna palabra o frase de sus señorías en otra lengua. Actualmente el empleo de las lenguas cooficiales solo está permitido en el pleno del Senado, aunque limitado a mociones y a la toma en consideración de iniciativas. La reforma pasaría por el reglamento 6 del Congreso y requeriría de mayoría absoluta para ser aprobada.
Uno de los mantras repetidos por la derecha a lo largo de esta legislatura que expira es que el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, está “dispuesto a todo” con tal de mantenerse en el poder. Y eso incluye toda clase de cesiones al nacionalismo catalán y vasco, a los que los dirigentes de PP y Vox tildan como “enemigos de la unidad de España”. Tras los comicios del 23J, en los que Sánchez ha ganado casi un millón de votos respecto a 2019, el mensaje sigue siendo el mismo, con el añadido de que el socialista también va a necesitar al “prófugo de la justicia” Carles Puigdemont para garantizarse la investidura.