El presidente Pedro Sánchez expondrá este miércoles en el Congreso su apuesta por una solución negociada para el conflicto catalán, la misma que lleva defendiendo desde que estalló el conflicto, hace ahora 14 meses. Y lo hará subrayando sus límites: la única salida viable es buscar a largo plazo un acuerdo dentro de la ley que incluya a la mayoría de la sociedad catalana —el presidente ha llegado a hablar, en alguna ocasión, del 75-80% de los ciudadanos— mediante una nueva fórmula de autogobierno y una reforma de la Constitución que obtengan el refrendo tanto de los catalanes como de los españoles.
Enfrente, y oponiéndose frontalmente a esta posibilidad, volverá a tener a los dos extremos del debate territorial en España. De un lado, los partidos independentistas, firmes en su exigencia de un referéndum de autodeterminación y de la liberación de los presos independentistas. Del otro, PP y Ciudadanos, partidarios de una recentralización del Estado que retire a Cataluña y al resto de las Comunidades Autónomas competencias clave como la educación.
Estos argumentos son los que unos y otros han venido defendiendo en los últimos meses. Lo que ha cambiado es el contexto. El resultado de las elecciones andaluzas, catastrófico para el PSOE, ha alimentado la idea de que el conflicto en Cataluña está motivando a los ciudadanos a castigar a Pedro Sánchez y su estrategia del diálogo y a premiar a los partidos que exigen mano dura para parar a los independentistas. Y la cercanía del juicio a los dirigentes del proceso, que formalmente comenzará el próximo martes aunque no entrará en materia hasta enero, ha multiplicado las movilizaciones y las manifestaciones más extremas de los partidarios de la secesión.
Los dirigentes del PSOE, así como sus diputados y senadores, se mueven entre la preocupación y el nerviosismo. nerviosismoAsí que la mayoría espera que Sánchez utilice un tono de firmeza como el que usó este lunes la vicepresidenta Carmen Calvo y advierta al president de la Generalitat, Quim Torra, de que el Gobierno no tolerará que el Govern no actúe contra las movilizaciones de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), que este fin de semana cortaron durante 15 horas vías de comunicación clave en plena operación retorno del puente de la Constitución y obligaron a levantar las barreras de los peajes sin que los Mossos d’Esquadra intervinieran.
El Gobierno está decidido a enviar a las fuerzas de seguridad de Estado si los CDR vuelven a actuar con impunidad. Pero aún confía en que la Generalitat se dé por aludida y asuma su responsabilidad en el mantenimiento del orden público en un momento tan delicado como el comienzo del juicio contra los dirigentes del procés encarcelados por la declaración unilateral de independencia y en vísperas de la anunciada reunión del Consejo de Ministros en Barcelona.
Tanto el Govern como Esquerra reaccionaron este martes con prudencia al endurecimiento del discurso del PSOE y las cartas remitidas por el Gobierno a la Generalitat en las que pedían explicaciones por lo ocurrido y amenazaban con enviar agentes de la Policía y de la Guardia Civil. El conseller de Interior, Miquel Buch, respondió inmediatamente sin aludir siquiera a la posibilidad del envío de fuerzas de seguridad estatales y explicando que los Mossos aplicaron los mismos protocolos que cuando el pasado mes de marzo, en una situación similar, estaban bajo las órdenes del Gobierno central como consecuencia de la intervención de la autonomía catalana establecida a través del artículo 155 de la Constitución.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, midió sus palabras tras la reunión semanal del ejecutivo catalán y se limitó a pedir a Sánchez que vuelva al camino del “diálogo y la negociación” con la Generalitat y abandone cualquier posibilidad de aplicar otra vez el artículo 155. Artadi pidió al Gobierno “reflexión” y que regrese “a las soluciones políticas”.
Joan Tardà, portavoz de Esquerra en el Congreso, tuvo también palabras conciliadoras y garantizó que, pese a la “locura”, el “ruido”, las “amenazas” y la “demagogia” que, a su juicio, se han vivido en los últimos días respecto al conflicto catalán, su formación mantiene “la mano tendida” al Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de crear un escenario de diálogo que sirva para buscar una salida negociada. “ERC no va a perder los nervios”, aseguró.
Y eso a pesar de la contribución de la Fiscalía a la escalada de tensión al anunciar la apertura de diligencias de investigación para determinar si pudo haber falta de actuación de los Mossos. Una iniciativa que puede abrir un nuevo frente judicial que sumar a los que ya están en marcha en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en relación con el procés. El Ministerio Público argumenta que este fin de semana pudo producirse "la lesión de derechos de la multitud de usuarios de la autopista y una multiplicación en el quebranto de la empresa concesionaria”.
Medidas concretas
Tanto el Govern como JuntsxCat y Esquerra están a la espera de conocer si este miércoles el presidente anunciará en la Cámara baja alguna medida concreta para avanzar en la solución del conflicto. Sánchez apoya la propuesta que el PSC trasladó a los partidos políticos en la mesa de diálogo convocada hace pocas semanas por el president Torra, pero nada indica que vaya a concretarla en el Pleno del Congreso. Lo que no hará, en ningún caso, es satisfacer ninguna de las dos demandas fundamentales del independentismo: la celebración de un referéndum y la liberación de los presos del procés.
En esa propuesta, los socialistas planteaban seis actuaciones: asegurar la convivencia, garantizar el respeto a la legalidad, desbloquear las instituciones y rehacer consensos, priorizar el desarrollo económico y la agenda social, fortalecer el autogobierno y la financiación de la Generalitat y profundizar en el diálogo con el Gobierno central. Y planteaban, con el visto bueno de Sánchez, una reforma federal de la Constitución, un nuevo Estatuto —que reconozca a Cataluña como nación y a España como un Estado plurinacional— y un nuevo modelo de financiación para implantar una hacienda federal. Todo ello sin romper la unidad política de España. Una iniciativa que cuando fue presentada no consiguió el respaldo de nadie en Cataluña: no la apoyó el Govern ni los partidos independentistas ni los comuns de Ada Colau ni los unionistas de PP y Ciudadanos.
Sánchez anuncia una respuesta “serena” pero “contundente” si Cataluña vuelve a incumplir el orden constitucional
En este ambiente de crispación, la portavoz del Govern, Elsa Artadi, mostró su respeto por la decisión de Sánchez de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona —la Generalitat ”no tiene que decirle al Consejo de Ministros donde se reúne y donde no”, señaló— y, después de reconocer que hay sectores de la población que lo ven como “una provocación” en pleno aniversario de las elecciones del 21D, aseguró que su gobierno “tiene la obligación y el compromiso de garantizar todos los derechos. El derecho a manifestarse y el derecho a que se produzcan reuniones del Consejo de Ministros o de otros organismos en territorio catalán”.
Artadi admitió que no existe todavía previsión alguna de que Sánchez y Torra se reúnan aprovechando la presencia del presidente en Barcelona y subrayó que el Govern ni siquiera tiene constancia oficial Governde la intención del Gobierno de convocar el Consejo de Ministros en la capital catalana.
La seguridad se ha convertido en una preocupación en los últimos días a la vista de las convocatorias hechas públicas para el 21D por Òmnium Cultural y la ANC, de las movilizaciones de los CDR y del anuncio de la CUP del inicio de una campaña de movilizaciones con la que quiere “parar” Cataluña desde el primer hasta el último día del juicio a los dirigentes soberanistas encarcelados. Esta última iniciativa la hizo pública en rueda de prensa este martes el diputado Carles Riera. La campaña comenzará el próximo miércoles, apenas dos días antes del Consejo de Ministros, bajo el lema “Alcémonos. Paremos el país. Paralicémoslo todo. Paralicemos el territorio”.
El presidente Pedro Sánchez expondrá este miércoles en el Congreso su apuesta por una solución negociada para el conflicto catalán, la misma que lleva defendiendo desde que estalló el conflicto, hace ahora 14 meses. Y lo hará subrayando sus límites: la única salida viable es buscar a largo plazo un acuerdo dentro de la ley que incluya a la mayoría de la sociedad catalana —el presidente ha llegado a hablar, en alguna ocasión, del 75-80% de los ciudadanos— mediante una nueva fórmula de autogobierno y una reforma de la Constitución que obtengan el refrendo tanto de los catalanes como de los españoles.