"Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a declarar como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid contra su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo ha hecho mediante una carta de apenas cinco párrafos remitida al instructor del caso, Juan Carlos Peinado. Una misiva en la que el líder del Ejecutivo exige, a diferencia de lo que pretende el magistrado, declarar por escrito. "Mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente", ha resaltado Sánchez. Algo en lo que también inciden tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece en su artículo 412 que el presidente, así como otros altos cargos del Estado, puede declarar "por escrito" como testigo en una instrucción judicial cuando se trate de hechos de los que ha tenido conocimiento "por razón de su cargo". Así lo han hecho, recientemente, algunos ministros en el caso Pegasus o las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes por Gürtel o la supuesta corrupción en el Canal de Isabel II, respectivamente. Otra cosa es que se quiera indagar en aquellas cuestiones de las que no se haya tenido conocimiento "por razón de su cargo". En ese caso, la norma establece que la declaración puede llevarse a cabo en el "domicilio" o "despacho oficial" del testigo.
A esto último es a lo que se ha agarrado Peinado para acordar, a través de una providencia repleta de errores, que la declaración de Sánchez sea en persona, en su despacho en La Moncloa y grabada. En definitiva, el instructor viene a decir que su intención es preguntarle por hechos sobre los que no haya tenido conocimiento por su condición de presidente. Lo que entra en flagrante contradicción, según la Fiscalía y la defensa de Gómez, con el tráfico de influencias sobre el que gira el procedimiento. "Es obvio que lo que se trata de investigar es una supuesta pretendida influencia de mi representada en el presidente del Gobierno y, si es así, es en atención al puesto que constitucionalmente ocupa como presidente del Gobierno", exponía esta última en su recurso contra la citación de Sánchez.
De ahí que el Ministerio Público defienda, al igual que el líder del Ejecutivo, que en caso de llevarse a cabo la testifical ésta deba hacerse por escrito. "Si se fuera coherente con lo manifestado, y aun mostrándonos radicalmente en contra de la diligencia, y su consideración como útil, necesaria y pertinente, se permitiría una declaración escrita y no se acudiría al escenario ahora planteado", ha alegado en su recurso de reforma, en el que critica lo "anómala" que resulta la "cercanía" de la fecha fijada por Peinado para la declaración –el próximo martes–: "Impide que los eventuales recursos puedan ser objeto de tramitación y resolución en plazo, y por supuesto, el eventual control revisor a través del recurso de apelación".
Un encuentro de Barrabés con el Sánchez presidente
Dejando a un lado los escritos de las cinco acusaciones populares ultras –Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España–, que ya han pedido al juez saber cómo van a asistir a la testifical, el nombre del presidente del Gobierno sólo ha salido una vez en las diligencias practicadas en el procedimiento. Fue la pasada semana, cuando Juan Carlos Barrabés, el dueño de Innova Next al que Gómez recomendó en dos cartas, prestó declaración como testigo –luego, Peinado decidió imputarle–. Una comparecencia ante el instructor en la que el empresario oscense mencionó haber visto solamente en un par de ocasiones al líder del Ejecutivo.
Uno de esos encuentros se produjo cuando Barrabés estaba reunido con Gómez. Sánchez se pasó a saludar y mantuvieron una "muy breve conversación" –según ha expuesto la defensa en su último escrito presentado– que se vio abortada por una llamada telefónica que recibió el líder del Ejecutivo. El otro, desarrollado con la presencia del titular de la Secretaría General de Asuntos Económicos pero sin la participación de la investigada, se produjo en medio de una ronda de contactos con especialistas del sector de la innovación. Es decir, se circunscribiría a las reuniones de trabajo mantenidas por el presidente del Gobierno por razón de su cargo.
Un 'rescate' de Air Europa que validó el Gobierno
Aunque la Audiencia de Madrid tildase a finales de mayo de "simple conjetura" lo relativo al rescate de Air Europa que deslizaba Manos Limpias en su querella inicial, lo cierto es que Peinado parece no haber abandonado esa línea de investigación. A finales de junio, a través de una providencia, el instructor del caso contra la mujer del presidente solicitó a la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI) "los expedientes completos" por los que se otorgaron ayudas por 475 millones de euros a la aerolínea a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FSEE), creado por el Gobierno en pandemia. Además, solicitó "documentación e información" sobre su "inicio, desarrollo, financiación y toma de decisiones al respecto".
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El 3 de noviembre de 2020, el Consejo de Ministros dio su autorización para que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo aprobase la ayuda, en la que las acusaciones ultras deslizan que podría haber influido Gómez en base a una supuesta relación con los dueños de Globalia –grupo propietario de la aerolínea–. Por tanto, lo que pueda conocer Sánchez sobre esta cuestión es, precisamente, por su condición de presidente del Gobierno. Y así lo deja caer la Fiscalía en su recurso de reforma: "Asumiendo la autoproclamada tesis de que el objeto de la causa lo es por todos los hechos contenidos en la denuncia de Manos Limpias, y a la vista de las diligencias acordadas [...] respecto a las ayudas concedidas [...] a Air Europa y Globalia, es obvio que hay actuaciones conocidas en relación al cargo".
Querellas centradas en el papel de Sánchez como jefe del Ejecutivo
El Ministerio Público recuerda, además, que otras querellas unidas al procedimiento también se centran en actuaciones de Sánchez de carácter "oficial". Es el caso de la interpuesta por la ultracatólica Hazte Oír a finales de abril. En ella se habla, más allá de las ayudas a Globalia, de la gira del líder del Ejecutivo por Kenia y Sudáfrica en el otoño de 2022, a la que le acompañó su esposa. "Tanto el desplazamiento, como su presencia en los actos en los que es citada, se producen en calidad de esposa del presidente del Gobierno, no como representante o cargo público, siendo la agenda del presidente y las actividades propuestas por las autoridades de los países anfitriones las que han determinado su participación", han explicado en alguna ocasión desde el Ejecutivo.
En dicha querella, también resaltan que, supuestamente, Gómez se presentaba en "reuniones que supuestamente son propias de su actividad profesional" como "esposa del presidente del Gobierno". O apuntan, en negrita y subrayado, que el Gobierno habría cedido "gratuitamente" a la Organización Mundial del Trabajo, creadora junto con Globalia del hub de innovación Wakalua –que firmó un contrato de patrocinio que no se llegó a ejecutar con el IE África Center que dirigió Gómez–, el Palacio de Exposiciones en Madrid. De nuevo, una decisión del Ejecutivo. De ahí que, remitiéndose a dichas denuncias y querellas y al "propio objeto pretendido por el instructor", el Ministerio Público defienda que todo gira en torno al cargo de Sánchez y no a su condición como marido. Por eso exige que su declaración, de llevarse finalmente a cabo, sea por escrito.
"Es mi voluntad, como no puede ser de otro modo, colaborar con la Administración de Justicia". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a declarar como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid contra su mujer, Begoña Gómez, por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Lo ha hecho mediante una carta de apenas cinco párrafos remitida al instructor del caso, Juan Carlos Peinado. Una misiva en la que el líder del Ejecutivo exige, a diferencia de lo que pretende el magistrado, declarar por escrito. "Mi comparecencia resulta inescindible de la condición de presidente", ha resaltado Sánchez. Algo en lo que también inciden tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía.