Migraciones
Sánchez intenta frenar los efectos de la política migratoria de Meloni que desborda la ruta canaria
En 2023, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada para gestionar y coordinar la cooperación entre los Estados miembros de la Unión Europea en materia de control de fronteras externas, la ruta migratoria del Mediterráneo central, la que lleva directamente a Italia, contabilizó 157.479 llegadas, un 49% más que el año anterior. Una cifra muy superior a la de la ruta de África occidental (la que parte, sobre todo, de Mauritania) y a la del Mediterráneo Occidental (la que lleva a España desde el Magreb, en particular a través de Marruecos), con 40.403 y 16.915 llegadas, respectivamente.
La estrategia de la primera ministra italiana, la neofascista Giorgia Meloni, ha dado la vuelta a esas cifras, que se nutren sobre todo de los cientos de miles de personas desplazadas por los diferentes conflictos que asolan el Sahel, entre los cuales ha cobrado especial protagonismo en los últimos años el de Malí. En lo que va de año, las llegadas a través de la ruta del Mediterráneo central se han desplomado. Apenas se han contabilizado 7.576 migrantes entre enero y julio (3.236 argelinos, 2.980 marroquíes, 772 de nacionalidad desconocida, apenas 210 malienses y 157 guineanos).
¿Cómo lo ha conseguido? Poniendo en marcha un generoso programa de cooperación con los países de los que parten las embarcaciones (Túnez, Argelia y Libia) por valor de 5.500 millones de euros, casi el doble de todo lo que España dedica a cooperación en el mundo. El Gobierno no ha facilitado a infoLibre cifras sobre lo que destina a África en materia de migraciones (seguridad, formación, cooperación y promoción empresarial).
Meloni tiene un plan
Meloni presentó su estrategia en enero en formato “plan de desarrollo para África” en una cumbre de líderes del continente celebrada en Roma. Formalmente, busca crear empleos y oportunidades en origen en África y disuadir a sus jóvenes de realizar migraciones peligrosas a través del mar Mediterráneo, a partir de proyectos piloto en áreas como educación, atención médica, agua, saneamiento, agricultura e infraestructura energética. A cambio, los países receptores se comprometieron a impedir el paso a los migrantes, en su mayoría originarios del Sahel.
En mayo, Meloni convocó a los gobiernos de Túnez, Argelia y Libia para reducir la llegada de migrantes irregulares a través del Mediterráneo central. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, acogió en la capital italiana a sus homólogos de estos tres países con el objetivo de conseguir “una reducción de los flujos ilegales” de migrantes. La “prioridad estratégica”, señaló abiertamente Piantedosi, “debe ser trabajar para reforzar la estabilidad de las fronteras terrestres, empezando por la zona del Sahel”. Una forma de expresar lo que no deja de ser una externalización de fronteras para impedir el paso a los migrantes a cambio de recursos económicos.
El país del norte de África con el que las autoridades italianas han estrechado más sus relaciones en el ámbito migratorio este último año es Túnez. Meloni lo ha visitado hasta en cuatro ocasiones en menos de un año, siempre con la cuestión migratoria en el centro de las conversaciones. La última tuvo lugar en abril.
Cambio de ruta
Los migrantes que ahora ya no pueden viajar a través de esa ruta —Túnez, Argelia y Libia lo impiden— buscan ahora alcanzar Europa partiendo de las costas de África Occidental y llegando hasta las Islas Canarias, la travesía más peligrosa del mundo. El resultado ha sido un incremento sin precedentes de la llegada de cayucos, con 21.620 personas solo entre los meses de enero a julio, siempre según datos de Frontex. La mayoría vienen de Malí (9.319), huyendo de la guerra. Les siguen los migrantes de Senegal (4.302), Marruecos (2.001) y Mauritania (1.815), a los que hay que sumar 1.452 cuya nacionalidad se desconoce.
Los 5.500 millones que Italia ha puesto a disposición de Túnez, Argelia y Libia a cambio de que estos países impidan el tránsito de migrantes hacia sus costas dan una idea de lo limitado del esfuerzo económico del Gobierno español con el mismo objetivo. Pedro Sánchez anunció 300 millones para Mauritania el pasado mes de febrero, a la vista de que los migrantes que ya no pueden viajar a través del Mediterráneo central lo intentan ahora a través del Atlántico. Una suma sustancialmente menor que la italiana.
El problema no tiene, de momento, un horizonte de solución. Las medidas que Pedro Sánchez impulsa estos días en su gira por la zona (este martes en Mauritania y miércoles y jueves en Gambia y Senegal) solo pueden dar resultados, si lo consiguen, muy a largo plazo, reconocen fuentes del Ejecutivo.
Migración circular
La más importante de ellas, la llamada migración circular (programas de migración legal a demanda de empresas españolas con formación y compromiso de retorno), apenas alcanza, de momento, a 17.400 migrantes de Marruecos, Colombia, Honduras, Ecuador, Senegal, Argentina y Uruguay. Por poner un ejemplo (el Gobierno no ofrece más datos), de la zona que está visitando Sánchez, apenas 141 senegaleses han tenido la oportunidad de beneficiarse del programa.
En cualquier caso, no es útil para la situación actual, porque este programa ha sido diseñado para migrantes económicos y no para los refugiados malienses que huyen de la violencia en su país. Ellos son ahora mismo el grueso de los que se suben a los cayucos, rumbo a Canarias: no tienen alternativa para buscar refugio.
La llegada de migrantes al archipiélago se ha ido desacelerando, pero todo el mundo da por hecho que volverá a dispararse en otoño, cuando las condiciones en el Atlántico favorezcan la travesía. Mientras tanto, el Gobierno continúa sin resolver la reubicación de casi 6.000 niños y niñas llegados a Canarias cuyo traslado a la Península está bloqueando el Partido Popular.
Presión sobre Ceuta
Para complicar más las cosas, en los últimos días ha aumentado significativamente la presión migratoria sobre Ceuta, un suceso que el Gobierno se esfuerza en desvincular de la voluntad de Marruecos, a pesar de que todo indica que no sería posible sin la colaboración —por omisión— de las autoridades del país.
La ciudad autónoma ha experimentado en los últimos días la llegada de cientos de migrantes a nado, en una situación que recuerda el caos vivido en mayo de 2021, cuando Rabat presionó al Gobierno español para que cambiara de postura sobre el Sáhara, facilitando la llegada de más de 8.000 personas de forma irregular.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, reconoció este lunes que la ciudad vive una situación de presión migratoria “extrema”, con una media de intentos de entrada de 500 personas diarias procedentes de Marruecos y Argelia. Tan solo este pasado domingo lo intentaron 1.500 personas. La media de devoluciones al día, según Pérez, oscila entre las 150 y las 200 personas, en virtud del convenio que permite a las autoridades españolas trasladar de regreso a su país a los varones marroquíes que llegan de forma irregular a Ceuta.
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La posición del Gobierno no ha variado. Reivindica como propio el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, así como el apoyo a “políticas de integración” que pongan en valor la contribución de los extranjeros a la riqueza de España. “Si hoy tenemos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social”, recordó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, “también es gracias a esos trabajadores que vienen de fuera de nuestro país”. “Dentro de esos más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, el 13,5% son personas que han venido de fuera”.
Con todo, explicó Alegría, la política de inmigración del Gobierno incluye “claramente una política de cooperación” con los países de origen y tránsito que, por diversos medios, policiales y de promoción económica, tratan de desincentivar la migración irregular. “Muchas veces ese desafío se fragua a miles de kilómetros de nuestras costas. Y es fundamental incrementar esas políticas”.
La precariedad de la posición del Ejecutivo en esta materia volvió a quedar de manifiesto este martes en el Congreso. Sánchez salvó in extremis tener que explicar, en sesión extraordinaria en la Cámara Baja, su política migratoria, tras un triple empate en la Diputación Permanente. La petición del PP contó con el apoyo de Vox y Junts y la abstención de Podemos.
