Desde que arrancó la actual legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que ha provocado recurrentes críticas por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con duras acusaciones hacia el socialista. Desde que gobierna "de espaldas a la ciudadanía" a que España es una "democracia secuestrada" porque presentar los PGE es una "obligación constitucional", tal y como recoge el artículo 134.3. Ese fue el hilo conductor de la intervención de la senadora popular, María Salom, este martes durante la moción presentada por el PP para instar al Ejecutivo de Sánchez a presentar las cuentas. "No presentar los presupuestos es privar al pueblo español de su derecho democrático”, aseguró Salom, que acusó al socialista de sostener "un castillo de naipes" por "intereses partidistas, pactos ocultos y concesiones vergonzosas".
Con esta moción, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, los conservadores buscan incidir en la debilidad del Gobierno de Sánchez. El Ejecutivo ha dado prácticamente por perdidas las cuentas de este año tras comprobar, previamente, la falta de acuerdo sobre la senda de déficit, los problemas derivados tras el aumento del gasto en defensa, las exigencias de los partidos catalanes y los vetos cruzados. Esa renuncia ha llevado a que la dirección de Feijóo se plantee recurrir a los tribunales lo que, a su juicio, es una "anomalía democrática", lo que se traduciría en un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque las fuentes consultadas en Génova reconocen que tienen dudas porque se trata de un caso sin precedentes. Por ese motivo, según ha podido saber infoLibre, han encargado un estudio jurídico para calibrar sus posibilidades.
Los conservadores, además, no se fían del criterio del Constitucional y temen que se genere jurisprudencia en favor de Sánchez con un aplazamiento indefinido para presentar presupuestos. Si, finalmente, recurren esta ausencia de PGE, la formación de Feijóo tratará de que el TC eleve la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Esta estrategia de deslegitimación del Alto Tribunal no es nueva, la dirección lo lleva cuestionando desde que, en enero de 2023, tuvo lugar la renovación de cuatro magistrados y pasó a tener mayoría progresista pese a que que participó en la elección de tres de sus magistrados, dos en la etapa de Pablo Casado —Concepción Espejel y Enrique Arnaldo—, y uno acordado por Feijóo —José María Macías— en el marco del acuerdo con el PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial el pasado verano. Sin embargo, eso no le ha impedido presentar decenas de recursos contra decisiones del Gobierno: desde la ley de vivienda a la de amnistía pasando por el reparto de menores migrantes y el impuesto a las grandes fortunas.
El último recurso anunciado por la dirección de Feijóo a través la número dos del PP, Cuca Gamarra, fue el veto que la Mesa del Congreso hizo a las enmiendas que incorporó el Senado a la ley de desperdicio alimentario. Se trata de un veto que aprobó la mayoría de la Mesa del Congreso, lo que impidió que se debatieran en el pleno varias enmiendas procedentes del Senado de la citada ley, entre ellas una del PP para reducir el IVA a los alimentos y otra de ERC y Junts para postergar el cierre de plantas de tratamiento de purines.
Ningún gobierno autonómico del PP (en minoría) aprobó presupuestos en 2024
La estrategia de judicializar la ausencia de Presupuestos Generales contrasta con el hecho de que ninguno de los Ejecutivos autonómicos gobernados por el PP que llegaron al poder en 2023 gracias a Vox —más de la mitad de las 11 comunidades actualmente presididas por el PP— consiguió aprobar sus cuentas públicas el pasado año. Así, los boletines oficiales de Extremadura, Región de Murcia, Aragón, Castilla y León, Comunitat Valenciana y Balears publicaron, a finales de diciembre de 2024, la orden de prórroga de las cuentas públicas.
Una situación que, por el momento, se mantiene en todos los casos aunque la Generalitat de Carlos Mazón ya ha iniciado los trámites para aprobar las cuentas tras alcanzar un acuerdo con Vox. Para lograrlo el jefe del Consell tuvo que asumir postulados de la extrema derecha en varias materias y de recortes. Su objetivo ahora es sobrevivir a una legislatura ya de por sí complicada tras su negligente actuación durante la dana. El pacto suscrito por Feijóo con los barones del partido cuando defenestraron a su antecesor, Pablo Casado, garantizaba autonomía a cada territorio para tomar sus decisiones a cambio de un cierre de filas generalizado que le asegurase paz orgánica interna en su camino hacia La Moncloa. Pero en este caso la decisión no depende de Génova, sino de Abascal, que está haciendo pagar caro a Feijóo ese precio.
Tras un año de gobiernos compartidos y tensiones evidentes, el ultraderechista dio un golpe de mando el pasado verno y obligó a todos sus dirigentes autonómicos a romper con el PP en las autonomías en las que gobernaban conjuntamente. La debilidad del andamiaje de estos gobiernos, más allá de las obvias coincidencias programáticas, tardó mucho menos de lo previsto en hacerse visible. Más allá de los apoyos puntuales de los de Abascal, en 2024 descendió el número de leyes aprobadas en esos Parlamentos, por lo que los Ejecutivos del PP siguieron una línea continuista en la línea de los intereses de Vox.
Aunque la dirección del PP siempre trata de situar al Gobierno de Sánchez como un Ejecutivo "inestable", la hemeroteca demuestra que sus alianzas son más endebles que las del Gobierno de Sánchez. Ejemplo de ello son los gobiernos que surgieron entre PP y Ciudadanos tras las elecciones de 2019. Todos ellos resultaron ser extremadamente frágiles porque, además, se utilizaron por el PP como fichas a nivel nacional con el objetivo de intentar forzar un nuevo ciclo electoral y engullir a los de Albert Rivera, intentando mayorías absolutas o quedando en brazos de la ultraderecha, como finalmente ocurrió. En el caso de Vox, al tener un suelo más estable que Cs, el PP no ha podido emular la misma estrategia.
El Supremo recriminó a PP y Vox sus intentos de judicializar cualquier decisión del Gobierno
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La estrategia de judicializar cualquier decisión del Gobierno por parte de la oposición provocó que en 2021 el Tribunal Supremo tuviera que recordar a los partidos políticos que el ámbito jurisdiccional no es el terreno para dirimir "controversias suscitadas en la defensa de intereses de carácter político". Lo hizo en respuesta a dos recursos que presentaron PP y Vox ante la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del alto tribunal contra el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado.
Los magistrados inadmitieron los dos recursos, es decir, no llegaron a estudiar si la designación fue conforme a derecho porque, como ya han dicho en numerosas ocasiones, los partidos no están legitimados para impugnar cualquier acto político salvo en las contadas excepciones que establece la ley, y esta no era una de ellas. "La legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno". Esta idea, expresada de una forma u otra, es la que han traslado en diversas ocasiones magistrados del Tribunal Supremo, ya sean de lo Penal o de lo Contencioso-Administrativo ante las numerosas querellas, denuncias o impugnaciones que les han ido llegando contra decisiones puramente políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Una postura del alto tribunal se ha venido repitiendo en resoluciones ante los intentos de, entre otros, Vox y PP o particulares o asociaciones que no están de acuerdo con ciertas decisiones de algún ministerio o del Consejo de Ministros en general y que pretenden que los tribunales les den la razón vistiendo su discrepancia política de acusaciones por posibles delitos como la malversación o la prevaricación.
Desde que arrancó la actual legislatura el Gobierno de Pedro Sánchez no ha conseguido aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), lo que ha provocado recurrentes críticas por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con duras acusaciones hacia el socialista. Desde que gobierna "de espaldas a la ciudadanía" a que España es una "democracia secuestrada" porque presentar los PGE es una "obligación constitucional", tal y como recoge el artículo 134.3. Ese fue el hilo conductor de la intervención de la senadora popular, María Salom, este martes durante la moción presentada por el PP para instar al Ejecutivo de Sánchez a presentar las cuentas. "No presentar los presupuestos es privar al pueblo español de su derecho democrático”, aseguró Salom, que acusó al socialista de sostener "un castillo de naipes" por "intereses partidistas, pactos ocultos y concesiones vergonzosas".