El PPE premia a Dolors Montserrat tras usar la Eurocámara como arma arrojadiza contra Sánchez

Dolors Montserrat será elegida formalmente como secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) en el congreso que celebrará a finales de abril en València —el mismo que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, trató de cambiar de cambiar a Madrid o alrededores para escapar del presidente valenciano Carlos Mazón—. La propuesta nace del actual presidente del grupo, el alemán Manfred Weber, el gran favorito para repetir en el cargo ya que, por el momento, no hay ningún otro candidato alternativo. Y no por falta de enemigos. La división de la familia conservadora entre los que no se oponen a pactar con la extrema derecha, con los españoles e italianos a la cabeza, y los que sí, con los alemanes, franceses y polacos en ese grupo, obligan a Weber a tejer alianzas. Y a Feijóo a posicionarse en el grupo de los 'duros' si en el futuro quiere ser presidente del Gobierno español, porque necesitará a Vox.

La elección de Montserrat se debe a esa búsqueda de apoyos de Weber que, de paso, se garantiza el respaldo de Génova al situar a una de sus dirigentes en un puesto de responsabilidad. El actual líder del PPE la describió como un "símbolo" de una generación de políticos "más modernos" y aplaudió los resultados que obtuvo como candidata del PP en las elecciones europeas. “Sabe cómo hacer campaña y queremos ser un equipo", dijo. No es la primera española en ocupar el cargo, el eurodiputado Antonio López-Istúriz fue secretario general durante dos décadas, entre 2002 y 2022. Después, Weber optó por el griego, Thanasis Bakolas en un momento en el que el PP griego volvió con fuerza al Parlamento Europeo.

El ascenso de Montserrat a la secretaría general del PPE implicará su salida de la portavocía del PP en Bruselas, tras dos legislaturas en Bruselas, como confirmó Feijóo. A la cabeza de las quinielas para sustituirla se sitúa el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, pese a que en los últimos meses ha ido perdiendo influencia en el núcleo duro del líder del PP. Sus críticas al presidente norteamericano, Donald Trump, generaron incomodidad en Génova, que desde el inicio de la crisis desatada por la administración Trump ha tratado de mantener un equilibrio para no soliviantar a los republicanos, que han elegido al líder de Vox, Santiago Abascal, como su alumno aventajado en España.

La que no se ha desviado de la línea marcada por Génova ha sido Montserrat, que desde que llegó a Bruselas ha sido el ariete de la política del PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez ante las instituciones europeas. Una ofensiva, iniciada por Pablo Casado y seguida por Feijóo, que sin embargo no ha dado los frutos deseados. Tras el resultado de las elecciones europeas del pasado junio, los conservadores confiaban en ejercer mayor influencia a nivel comunitario y continuar su estrategia de desgaste contra el Gobierno central también desde una tercera Cámara, la del Parlamento Europeo. Una estrategia en la que han contado con Weber como aliado, aunque no ha podido aguantarle el pulso a Ursula Von der Leyen.

Monserrat, el ariete de Feijóo contra Sánchez desde la Comisión de Peticiones

Una estrategia que ya comenzó con Casado. En pleno pico de la primera ola de la pandemia, con toda España confinada, Montserrat denunció ante la UE que en nuestro país se perseguían las críticas al Gobierno por su gestión sobre el coronavirus basándose en la declaración en rueda de prensa del general de la Guardia Civil José Manuel Santiago —que él mismo precisó al día siguiente— en la que aseguró que se estaban monitorizando las críticas al Ejecutivo cuando en realidad se refería a la desinformación. En junio de ese mismo año escribió a la Comisión acusando a España de falsear las cifras de fallecidos por covid-19, aunque las facilitaban las comunidades autónomas —también las del PP— aplicaban los mismos criterios. Esa misma legislatura acusó al entonces vicepresidente Pablo Iglesias y al portavoz parlamentario de Podemos Pablo Echenique de amenazar a varios medios de comunicación y a periodistas "por haber informado", según ella, "de la evolución" del caso Dina.

Poco después Montserrat envió una carta al entonces comisario de Justicia de la Unión, Didier Reynders, en la que cuestionaba ampliamente el estado de derecho en España. También acusaba al Gobierno de cometer abusos legislativos y de intentar “neutralizar” el Congreso de los Diputados y “controlar” el trabajo de los tribunales, así como de “abusar de los medios públicos” para hacer "propaganda". Aquella denuncia, que reflejaba poco menos que la conversión de España de democracia plena en una especie de estado totalitario, no tuvo ningún recorrido ni dio lugar a ninguna actuación por parte de la Comisión Europea, como sucedió también con la amnistía, los fondos europeos o más recientemente el Fiscal General.

Con todo, el principal trabajo de Monserrat se canalizó a través de su comisión estrella, la de peticiones, que presidió durante la pasada legislatura y de la que actualmente es vicepresidenta. Su utilización en favor del PP y de los asuntos relacionados con la política española fue tan recurrente que que eurodiputados del grupo de los Socialistas, Verdes y de la Izquierda llegaron a denunciar ante la dirección de la Eurocámara su "uso partidista". "Con su actitud, la presidenta ha convertido la Comisión de Peticiones en una especia de cuadrilátero de boxeo para ejercer oposición política en España", señalaba la carta firmada por más de una treintena de eurodiputados. "A pesar de que los ciudadanos españoles no son los que contribuyen más a la comisión, desde el inicio de la actual legislatura alrededor de una de cada cinco peticiones discutidas son españolas", añadían.

En octubre de 2022, esa misma Comisión de Peticiones acordó enviar una misión para estudiar si se cumplía la obligación legal del que el 25% de la educación fuera en castellano. La misión se celebró pero las fuerzas progresistas plantaron la misión al considerar que era una utilización por parte de la derecha. El viaje, sin embargo, sirvió a los grupos de los que forman parte PP y Vox para arremeter contra el modelo lingüístico catalán. Otras de las visitas que impulsó Montserrat, con la connivencia de su partido fue en el País Vasco para evaluar la situación de las víctimas de ETA y los casos de asesinato de la banda terrorista sin resolver o la visita las Islas Baleares, entonces gobernada por la socialista y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, a petición de Nuevas Generaciones del PP, para investigar los "presuntos malos tratos a menores en el sistema de tutela infantil en Mallorca".

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La elección de Weber en el Congreso será clave para el futuro del PPE. El alemán fue el candidato popular a las elecciones europeas de 2019 y debía ser el presidente de la Comisión Europea, pero no pasó el corte, ya que ni sus propios compañeros le veían ni talla política ni experiencia. No había sido ni ministro cuando los últimos presidentes de la Comisión Europea habían sido antes al menos jefes de Gobierno. El nombre de Weber no duró nada en la lista y el francés Emmanuel Macron, para convencer a la entonces canciller alemana Angela Merkel, se sacó de la chistera el nombre de la entonces ministra de Defensa germana Úrsula Von der Leyen. Weber quedó donde estaba, de portavoz parlamentario conservador.

Su ascenso a líder de los conservadores europeos empezó a cambiar la negativa del presidente polaco, Donald Tusk, a cualquier acercamiento a la extrema derecha. Weber prefiere esos pactos antes que permitir que la izquierda gobierne. Una política que acepta para Italia, Suecia o España pero no para su Alemania natal, donde su partido mantiene un férreo cordón sanitario contra la extrema derecha de AfD. Los conservadores alemanes, belgas, holandeses, luxemburgueses y daneses también rechazan esos pactos. Aunque actualmente el PPE tiene apenas el 26% de los eurodiputados, Weber sabe que puede forjar la mayoría europeísta de siempre o una con los grupos de ultraderecha.

La formación de Feijóo le ha declarado lealtad en varios momentos y Weber se lo ha correspondido, consciente de que el PP español es un aliado clave para el futuro, especialmente si logran gobernar en los próximos años. Uno de esos favores, que le acabó costando caro y no sirvió finalmente para nada, fue a instancias de poner en jaque el funcionamiento de las instituciones de la UE. Los conservadores lograron frenar la elección de la entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, como vicepresidenta de la Comisión. El PP no hubiera podido hacerlo, ya que son 22 de 188 eurodiputados del PPE, sin la ayuda de Manfred Weber. El bávaro vio una oportunidad para debilitar a su compatriota y compañera de partido Von der Leyen. Pero esa no era la razón principal. Vio sobre todo el momento para forzar a socialistas y liberales a tragarse sus alianzas con la extrema derecha.