La violencia que sufren las mujeres trasciende de lo meramente físico y se extiende al centro de la esfera pública. Una de las principales consignas del 8M, de hecho, recordaba el derecho de las mujeres a ocupar las calles sin correr el riesgo de convertirse en víctimas de acoso. Son las calles, precisamente, los lugares que el Gobierno de Francia quiere convertir en espacios seguros para las mujeres. Siguiendo el ejemplo de otros territorios, el país galo ha optado por actuar a través de la imposición de un régimen sancionador. La medida es, según las expertas consultadas, positiva a la hora de generar posibles efectos disuasorios, pero no va al fondo del problema: la arraigada concepción social del acoso callejero como un asunto banal y no como una forma de violencia que amenaza a la mitad de la población.
Francia prevé, a través de un proyecto de ley, multar a los acosadores con sanciones de entre 90 y 750 euros, mientras que los reincidentes podrán tener que asumir multas de hasta 3.000 euros. La idea del Gobierno galo consiste en trabajar con policía especializada que actúe contra los acosadores en las calles y el transporte público. Se prevé que el contenido de la ley se apruebe antes de verano. El Ejecutivo de Emmanuel Macron propone un nuevo concepto legal denominado "ultraje sexista y sexual" que define "toda proposición, comportamiento o presión de carácter sexista o sexual que atente contra la dignidad de la persona por su carácter degradante o humillante", o que cree una "situación intimidatoria, hostil u ofensiva".
El país vecino no es el primero en abrir camino hacia este tipo de políticas sancionadoras. Bélgica fue pionera en el año 2014, con multas que oscilan entre los 50 y 1.000 euros y penas de hasta un año de prisión. También Portugal se sumó a la tendencia en el año 2016, tipificando el acoso callejero con multas de 120 euros como mínimo y penas de hasta un año de prisión. En América Latina, países como Perú o México son ejemplos de la misma política.
En España el acoso callejero no se encuentra tipificado. En el año 2011, la entonces ministra de Igualdad, Bibiana Aído, amagó con crear un protocolo sancionador para evitar los comentarios sexistas hechos de manera puntual y en la calle, que sin embargó cayó en saco roto tras el abandono de su cargo. En enero del presente año, Unidos Podemos anunció una Ley de Violencias Sexuales en la que proponía regular el acoso callejero. La iniciativa continúa actualmente en elaboración y este viernes la formación prevé celebrar una segunda reunión para continuar trabajando sobre ella. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por su parte, también aboga por la inclusión de indicadores en la Macroencuesta de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género sobre todos los tipos de violencia, especialmente el acoso callejero, pero no incluye ninguna sanción contra los acosadores.
¿Es efectiva la política sancionadora?
Pero ¿es efectiva la imposición de sanciones contra el acoso callejero? Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, contesta que la medida "es interesante en tanto en cuanto pueda desincentivar este tipo de comportamientos ante el miedo a recibir algún tipo de sanción" y recalca, además, la importancia de que sea asumida como "afirmación clara de que no son comportamientos socialmente aceptables".
Si bien la medida puede resultar positiva, matiza, "ciertamente no es suficiente". No basta, a su juicio, con "penalizar una conducta para erradicarla". En esta tarea es preciso "complementar con otro tipo de medidas que aborden la violencia sexual de manera integral y coordinada". Se refiere, la experta, a herramientas de "prevención y sensibilización, atención a las víctimas y reparación además de persecución del delito", tal y como por otra parte estipula el Convenio de Estambul, en vigor desde el año 2014.
Justa Montero, cofundadora de la Asamblea Feminista de Madrid, entiende que el hecho de imponer multas o algún tipo de medida sancionadora "podría tener cierto efecto disuasorio, pero siguen siendo medidas que no van a la raíz del problema". El aumento de fuerzas policiales en la calle, dice, no es más que una "salida en falso".
Montero apuesta por incidir en el ámbito educativo, entendido no únicamente como pedagogía en las aulas, sino contemplado también desde una perspectiva comunitaria. "No puede ser que haya parte de la población que se sienta agredida al caminar por las calles" y eso requiere un "cambio comunitario" que haga replantear a la ciudadanía "qué tipo de ciudad y convivencia quiere". Es ahí, estima la experta, donde hay que apuntar cuando se trata de igualdad en las ciudades y de habitabilidad, "no poner medidas de control coercitivo". La ciudad segura, añade, "no es sólo la que cuenta con más policía, sino aquella que parte de un tipo de relaciones y uso en la que todo el mundo se sienta a gusto". Es, por tanto, el entorno, el que debe "no tolerar ese tipo de actitudes" y cambiar la idea "de lo que es la calle y el espacio público". Un cambio, agrega, que requiere de trabajo a "largo plazo" y que sin embargo "nunca termina de ponerse en marcha".
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, entiende la medida como una forma positiva de alimentar el debate sobre el acoso callejero. "Me parece importante que este tipo de iniciativas den el paso para identificar determinadas situaciones como acoso y limitación de los derechos de las mujeres", sostiene. Cree que "frente a una conducta que es ilícita", resulta importante tomar medidas y esta es una forma de hacerlo. De hecho, señala, los países en los que existe regulación de este corte, hay también un debate mucho más maduro producto de "una toma de conciencia social".
Aunque Soleto cree que "siempre" es positivo "tomar medidas en educación", también cabe preguntarse "quién imparte esa educación". "Si vivimos en una sociedad que no identifica el acoso como un problema, difícilmente se podrá inculcar a los jóvenes que eso no está bien", argumenta. Un "cambio de hábitos transmitido a través de la educación" es necesario, pero para que las nuevas generaciones "no repitan nuestros errores primero hay que reconocerlos como tal". Ahora mismo, añade, uno se para a "observar el acoso en la calle" y se percibe como "un divertimento". Estamos, por tanto, "muy lejos" de una conciencia global que entienda el acoso como un problema que afecta a más de la mitad de la población.
El acoso callejero como forma de violencia
La encuesta elaborada por la Agencia Europea de Derechos Humanos en el año 2014 revela que una de cada cinco mujeres, el 21%, ha sentido preocupación en los doce meses previos a la entrevista por la posibilidad de ser agredida física o sexualmente. Además, más de la mitad de todas las mujeres de la UE, el 53%, procura evitar ciertos lugares o situaciones, al menos en ocasiones, por temor a ser víctima de agresiones físicas o sexuales.
Francia prohíbe el acoso callejero con multas de hasta 750 euros
Marisa Soleto considera importante identificar qué es el acoso callejero e insiste en ir más allá de lo que socialmente se entiende como piropo. Con la ley francesa, subraya, "no se regula el piropo, sino el acoso que tiene que ver con actitudes sexuales explícitas". Estamos, dice, ante "un problema real que se está desarrollando con total impunidad" y que supone "un problema de seguridad ciudadana y una limitación de las mujeres en los espacios públicos".
Justa Montero coincide en relacionar el acoso callejero con la forma en que las mujeres habitan el mundo. "Hablamos de una situación que hace que muchas veces a las mujeres les de miedo ir por determinadas calles, zonas u horas", sostiene. Las mujeres, en demasiadas ocasiones, "no pueden andar por la calle porque se sienten agredidas, cosa que no les sucede a los hombres". Se trata de un problema que, a pesar de haber sido planteado por el movimiento feminista desde hace años, ha quedado orillado frente a otras formas de violencia más explícitas. "Hace tiempo que se ha venido planteando como uno de los problemas de estar y ocupar el espacio público", apunta Montero, quien admite que "afortunadamente ahora se ha puesto sobre la mesa como problema".
También Virginia Gil entiende el acoso callejero como "un tipo de violencia sexual que forma parte del continuo de violencias contra las mujeres" y que de hecho "está presente en la vida de todas las mujeres". Supone, estima la experta, una expresión sobre el modo en que "los hombres se sienten con poder para hablar de los cuerpos de las mujeres, perseguirlas por la calle e intimidarlas".
La violencia que sufren las mujeres trasciende de lo meramente físico y se extiende al centro de la esfera pública. Una de las principales consignas del 8M, de hecho, recordaba el derecho de las mujeres a ocupar las calles sin correr el riesgo de convertirse en víctimas de acoso. Son las calles, precisamente, los lugares que el Gobierno de Francia quiere convertir en espacios seguros para las mujeres. Siguiendo el ejemplo de otros territorios, el país galo ha optado por actuar a través de la imposición de un régimen sancionador. La medida es, según las expertas consultadas, positiva a la hora de generar posibles efectos disuasorios, pero no va al fondo del problema: la arraigada concepción social del acoso callejero como un asunto banal y no como una forma de violencia que amenaza a la mitad de la población.